En un país donde el gobierno niega el racismo y desmantela las políticas destinadas a combatirlo, la democracia se vuelve cada vez más frágil. El negacionismo de la ultraderecha avanza mientras crece el desencanto social y cae la participación ciudadana. Frente a un Estado que retrocede y un campo popular desorientado, nombrar el racismo es un acto político urgente.
En Ecuador, antes de que comenzaran a utilizarse las categorías de nacionalidad y de Estado Plurinacional, para definir a los pueblos indígenas, se les denominaba runas, indios, campesinos, etc. No poca connotación racista tenían esos términos.
La trivialización del exterminio revela la farsa de la batalla por las narrativas, donde las vidas negras son moneda de cambio en un proyecto político que transforma el racismo estructural en una estrategia electoral.
La legendaria activista Dolores Huerta describe cómo las comunidades se pueden proteger ante las redadas de inmigración que ella califica de “limpieza étnica”.
Los momentos donde sobresale este racismo más violento es cuando alzamos la voz, cuando incomodamos a la sociedad con exigencias justas para todos y todas, para muestra podemos mirar el discurso de odio desde los espacios del gobierno, donde un presidente dice que nos expulsará del país, desconociendo totalmente la historia.
El paro nacional en curso en Ecuador abre una grieta en el muro de miedo que erigió el presidente Daniel Noboa con su retórica de guerra interna. Su potencia reside en haber devuelto al pueblo la capacidad de nombrar la violencia y de politizar la (des)obediencia.
