Sin mayor eco en los medios de comunicación hegemónicos, el suicido en España se ha convertido en la primera causa de muerte violenta. La gravedad de esta realidad la refleja el estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que informó un total de 3.671 personas fallecidas por esta causa en el transcurso de 2019; un número que ha ido en crecimiento elevando la tasa a una de las más altas de la Comunidad Europea.
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El Consejo de Ministros español aprueba este martes, 7 de septiembre de 2021, una Ley de Convivencia Universitaria que acaba con la anacronía que suponía tener vigente una de 1954, en pleno franquismo. Sin embargo, no será de aplicación ni a los centros privados ni tampoco al profesorado.
No son casos aislados ni una violencia más
Las estadísticas de criminalidad, publicadas por el Ministerio del Interior, muestran un aumento paulatino de la violencia contra la comunidad LGTBI que no ha dado tregua ni siquiera durante la pandemia.
Hace más de mil días que finalizaron los mandatos en el CGPJ y, a diferencia de cualquier trabajador temporal sometido a la misma Constitución, sus miembros siguen cobrando. Es demagogia, pero mucho más caro nos cuesta el abuso.
Ahora más que nunca es obligado un replanteamiento de las políticas militares de España, cara al exterior, acabando con la subordinación de las FAS a intereses políticos, económicos y geoestratégicos, que nada tienen que ver con el interés general de los españoles.
Septiembre arranca con concentraciones para exigir la reforma del reglamento de extranjería dirigido a menores y ex-tutelados que Interior paralizó.
Blas Infante Pérez de Vargas (Casares, 1885-Sevilla, 1936) fue un político andalucista, fusilado en los inicios de la Guerra Civil española (1936-1939).
Las tres comunidades, gobernadas por el PP, lideran el ranking de profesores recortados para el próximo curso, mientras en conjunto recibirán más de 4.500 millones de euros de los fondos extraordinarios covid-19. La comunidad educativa demanda que permanezcan las clases desdobladas por razones sanitarias pero también pedagógicas.
La Fiscalía del Tribunal Supremo cree que Juan Carlos de Borbón cobró comisiones por su intermediación en «negocios empresariales internacionales» para amasar su fortuna, lo que apunta a posibles delitos contra la hacienda pública, blanqueo, cohecho y tráfico de influencias.