El pasado 3 y 4 de junio, en la ciudad de Guatemala, se llevó a cabo el encuentro de defensores/as de derechos de Guatemala, organizado por la Plataforma Holandesa. El objetivo del encuentro fue socializar las Directrices de la Unión Europea (UE), Noruega y Suiza para la protección de defensores/as, y conocer la predisposición de […]
El pasado 3 y 4 de junio, en la ciudad de Guatemala, se llevó a cabo el encuentro de defensores/as de derechos de Guatemala, organizado por la Plataforma Holandesa. El objetivo del encuentro fue socializar las Directrices de la Unión Europea (UE), Noruega y Suiza para la protección de defensores/as, y conocer la predisposición de las misiones diplomáticas europeas para la implementación de dichas Directrices.
El evento no sólo sirvió para socializar los riesgos y la vulnerabilidad de los derechos de defensoras/as en áreas rurales y urbanas del país, sino, sobre todo fue un espacio en el que las y los activistas de derechos en riesgo, de diversas organizaciones sociales, sintieron ese (casi desconocido) aliento de seguridad, confianza y fraternidad, en un país donde el «oficio» de defensor/a de derechos se castiga con la criminalización y la muerte.
En Guatemala, Honduras y El Salvador se diluyen los derechos humanos a un ritmo tan acelerado que la cantidad de muertes violentas diarias actuales superan a las ocurridas en la época de la guerra interna, o de la guerra de «baja intensidad» contra el comunismo en la región. En aquella época, eran los estados-ejércitos los predadores de defensores/as, ahora, en las democracias de cartón, los verdugos de defensores/as se difumina entre actores como el crimen organizado, empresas privadas, narcotráfico y el aparato estatal.
Las condiciones existenciales para defensores se precarizan aún más con el encaprichamiento violento del sistema neoliberal que se apropia «a la fuerza» de los bienes comunes y condiciones de vida de los pueblos y comunidades ya excluidos y empobrecidos. Ante esta «invasión» violenta promovida y acompañada por los propios estados, la dignidad e identidad de los pueblos se materializa en la creciente acción creativa de sus defensores/as. A mayor vulneración de derechos, mayor la resistencia pacífica y espontánea de las y los afectados, sobre todo mujeres.
Si bien las y los defensores son actores que subvencionan a los estados en su rol de garantizar el ejercicio y el cumplimiento de los derechos fundamentales. Sin embargo, los estados, lejos de agradecer y proteger a las y los defensores de los derechos, los estigmatizan como criminales y enemigos del desarrollo. Y, esto lo hacen con la finalidad de fijar en el imaginario colectivo de la ciudadanía estereotipos adversos en contra de las y los defensores de derechos.
Una vez estigmatizado a defensores de derechos como terroristas, guerrilleros, criminales, el Estado, conjuntamente con las empresas privadas (rechazadas en las comunidades), descarga toda su artillería mediática, jurídica y policial para perseguirlos, encarcelarlos, y en no pocos casos aniquilarlos físicamente.
Las élites de poder que monopoliza el discurso, incluso acusa a defensoras/es como causantes de la miseria material y moral de estos países, como si Guatemala, Honduras o El Salvador hubiesen sigo gobernados por defensores/as de derechos humanos.
En este contexto de incertidumbre, donde el o la defensora está condenada a andar «confesado», espacios de encuentro como el facilitado por la cooperación internacional comprometida con la vida tiene un alto valor ético y humanitario.
Incluso cuando parte de la cooperación internacional está permeada por inevitables intereses económicos, para las y los defensores de derechos de aquí y de allá la preocupación sigue siendo la misma: ¿cómo superar las causas de las injusticias socioambientales que activan la legítima e incontenible resistencia pacífica en los países afectados? ¿Cómo hacer que los estados, lejos de criminalizar a defensores/as de derechos, protejan y promuevan la labor supletoria de estos actores fundamentales?
Las y los defensores emergen de la conciencia social y de la dignidad de los pueblos porque los actores y mecanismo llamados a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos se difuminaron. En este contexto, ¿quién protege a las y los defensores de derechos? ¿Racionalmente se les podría catalogar como criminales o terroristas a quienes defiende el derecho a tener derechos?
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