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Catorce personas defensoras del territorio fueron asesinadas entre enero y agosto en el país centroamericano

CODECA avanza hacia una Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional en Guatemala

Fuentes: Rebelión

Fuente: Entremundos Cuatro columnas de manifestantes se dirigieron al centro histórico de Ciudad de Guatemala, el pasado 12 de septiembre, para denunciar la corrupción y pedir la dimisión tanto del actual presidente, Jimmy Morales, como de los diputados corruptos. En la convocatoria y la movilización participó de manera destacada el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA). […]

Fuente: Entremundos
Cuatro columnas de manifestantes se dirigieron al centro histórico de Ciudad de Guatemala, el pasado 12 de septiembre, para denunciar la corrupción y pedir la dimisión tanto del actual presidente, Jimmy Morales, como de los diputados corruptos. En la convocatoria y la movilización participó de manera destacada el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA). Además en la marcha se reivindicó la continuidad en el país de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ya que Morales solicitó que no se prorrogara el mandato -que finaliza en septiembre de 2019- de este organismo de Naciones Unidas. El comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, que ha recibido este año el Premio Nobel «Alternativo» de la Fundación sueca Right Livelihood Award, se ha significado en la lucha contra la corrupción en Guatemala. Una manifestación similar se produjo el 12 de junio en la capital, convocada por CODECA y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), de la que forma parte; y otra movilización popular, el 24 de abril.

En un acto organizado por el comité de solidaridad CEDSALA en Valencia ha participado Leiria Vay García, miembro del Consejo de Dirección Política de CODECA. La activista resalta que otro eje de las marchas es denunciar la persecución y asesinato de líderes sociales. En mayo el comité campesino hizo responsable a Jimmy Morales «y sus grupos criminales» del asesinato del defensor de derechos humanos y dirigente del Comité de Desarrollo Campesino, Luis Arturo Marroquín, perpetrado en el municipio de San Luis Jilotepeque (Jalapa). Una semana antes del crimen, Morales arremetió -en un discurso ante un grupo de simpatizantes- contra CODECA por los bloqueos de carreteras, críticas que extendió al Ministerio Público y la Procuradoría de Derechos Humanos.

A primeros de junio las organizaciones campesinas hicieron balance: siete líderes indígenas asesinados en apenas un mes -el último Francisco Munguía, albañil y campesino de 68 años, vicepresidente comunitario en la aldea Divosadero Xalapan, en Jalapa. Los siete activistas eliminados eran miembros de CODECA o del Comité Campesino del Altiplano (CCDA). El pasado 27 de julio se sumó a la nómina de asesinadas la joven maya ixil Juana Raymundo, enfermera e integrante del comité municipal del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y de CODECA; antes que su cadáver apareciera en el municipio de Nebaj (Quiché), la lideresa fue secuestrada y sometida a torturas.

Las organizaciones International Land Coalition, Civicus, Front Line Defenders y un reportero del periódico The Guardian realizaron en agosto -a instancias de las organizaciones campesinas- una visita a Guatemala, cuyo resultado es el informe «Perder la vida por defender la tierra». El documento registra el asesinato de 14 personas defensoras del derecho a la tierra entre enero y principios de agosto de 2018. Además «la situación se agrava con el nivel de impunidad imperante», denuncia el informe; «las mismas entidades públicas criminalizan y persiguen a los liderazgos comunitarios».

En diciembre de 2017 International Land Coalition hizo públicos los nombres de seis defensores de derechos humanos, la mayoría miembros de CODECA, objeto de «criminalización», entendida como difamación en los medios informativos, denuncia judicial o detención arbitraria e ilegal. Se trata de Edwin Amado Sánchez Cabrera, Blanca Julia Ajtum Mejía, Mauro Vay Gonón (uno de los fundadores del Comité de Desarrollo Campesino), Vicenta Jerónimo Jiménez (coordinadora del área de mujeres a nivel estatal), Jacinto Brito y Josefa Ceferina Xaminez Yaxon (defensora de la tierra y la nacionalización de la energía eléctrica); en algunos casos sufrieron amenazas, ataques y secuestros, y dos de ellos eran además comunicadores de Radio Victoria-La Voz de los Pueblos.

En la manifestación del 12 de septiembre en Ciudad de Guatemala, CODECA y CNOC también reivindicaron un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional. En marzo de 2016 la primera organización publicó un documento de 62 páginas con el siguiente punto de partida: «No creemos que las reformas al Estado fracasado sea una solución a nuestros históricos problemas irresueltos». El objetivo es que la nueva Constitución Política Plurinacional represente a todos los pueblos y sectores, no sólo a «un pequeño grupo de ricos ladinos». La propuesta de CODECA incluye el reconocimiento de los idiomas de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna; los derechos de la Madre Tierra, el derecho humano al agua, la recuperación de los bienes comunes privatizados; que el 60% de las tierra cultivables de Guatemala se destinen a la producción de alimentos para el país, la consulta popular para la aprobación de leyes, la revocatoria de mandato para todos los representantes electos y que ningún funcionario pueda ganar más de cinco salarios mínimos, entre otros puntos.

En julio el periódico Prensa Comunitaria informó de un conversatorio organizado en la capital («por qué CODECA es una alternativa cultural y política al capitalismo»), ejemplo de las acciones del movimiento campesino para difundir el proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional entre los sectores urbanos; «esta propuesta no salió de la academia, sino de las comunidades; si se quieren sumar, allí está; revísenla, compártanla, critíquenla, es fruto de años de reflexión y lucha», afirmó la dirigente de CODECA, Thelma Cabrera. En septiembre de 2017 Prensa Comunitaria se hizo eco de otro ejemplo de socialización de la propuesta, en la aldea de Cayuga (municipio de Morales, Izabal). Por otra parte, los días uno y dos de diciembre el Comité de Desarrollo Campesino ha organizado en Mazatenango el Encuentro Juvenil «Juana Raymundo» por la Constituyente Plurinacional.

El pasado siete de noviembre se produjo un hecho de relevancia. El Tribunal Supremo Electoral publicó en el Diario Oficial del Estado de Guatemala el escrito de constitución como «partido político» del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), impulsado por CODECA. Pero la denominación recogida en el boletín oficial no es exacta. El activista, nómada quechua y defensor de la Madre Tierra, Ollantay Itzamná, aportó algunas claves en el artículo «Instrumento político no es lo mismo que partido político» (septiembre de 2017) en su blog de Telesur; el MLP es «el único instrumento político de indígenas y campesinos organizados, de alcance nacional, que está siendo construido -de manera asamblearia- para hacer posible el proceso constituyente plurinacional en Guatemala». A diferencia de los partidos -«jerárquicos» y «verticales»-, el «instrumento» político es «una herramienta de multitudes organizadas/movilizadas para construir/acceder al poder (mediante elecciones) y emprender cambios estructurales», apunta Ollantay Itzamná. El secretario general (provisional) del MLP es Byron Alfredo González Tool, miembro de CODECA.

El recorrido histórico del Comité de Desarrollo Campesino puede seguirse a través de las acciones de resistencia, las movilizaciones y la represión, pero también a partir de sus investigaciones y denuncias. «CODECA surgió en 1992 para exigir el derecho al acceso a la tierra y salarios justos en las fincas agrícolas de la Costa Sur de Guatemala», recordó Leiria Vay García en la revista Entremundos. En 2005 el comité campesino publicó un informe sobre la situación laboral en 149 fincas de los departamentos de Suchitepéquez, Retalhuleu, Escuintla, Santa Rosa y sur de Quetzaltenango; concluía dibujando un panorama de latifundios dedicados al monocultivo (y orientados a la exportación), con despidos masivos, abaratamiento del coste de la fuerza laboral para hacer competitivas las fincas; sin presencia sindical, con una contratación mucho menor de mujeres que de hombres y una población infantil sin los derechos laborales mínimos.

En 2008 CODECA hizo público otro documento que apenas constataba cambios en la Costa Sur; según los datos de la investigación, «el 91% de los trabajadores del campo reciben un salario por debajo del mínimo legal establecido por el Código Laboral de Guatemala»; «muchos trabajadores» resultaban intoxicados por el uso de insecticidas y herbicidas, según el informe, que además denunciaba los altos niveles de desnutrición y analfabetismo; CODECA daba cuenta del apoyo prestado a la comunidad agraria Monseñor Romero para lograr el acceso a la tierra.

Una investigación más amplia fue la recogida en un informe de 2013, realizada en 609 fincas de 14 departamentos del país; el escenario continuaba siendo similar: la población agrícola -mayoritariamente de origen Maya, Garífuna y Xinca- afirmaba no tener vacaciones (90%), ni estar afiliada al Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social (90%); los jornaleros entrevistados consideraban que trabajaban en situación de «peligro latente» y «sin protección adecuada» (94%), y que los inspectores de trabajo estaban sobornados por los patrones (82%). En «La represión contra CODECA: la criminalización de la organización» (Entremundos, 2015), Leiria Vay señala que esta labor de pesquisas y denuncia tuvo su coste en la época: los 117 investigadores comunitarios voluntarios sufrieron «algún tipo de persecución», a la que se agrega el asesinato de dos líderes de las comunidades.

Otra cuestión es la batalla contra la privatización del derecho a la energía eléctrica, título de una investigación realizada por CODECA y publicada en octubre de 2014, que resume el panorama de abusos de las distribuidoras, las luchas populares y la represión estatal hasta esa fecha; el balance del periodo 2012-agosto de 2014 fue de al menos 17 usuarios en resistencia asesinados, 220 heridos o agredidos, 97 presos, siete secuestrados y 581 amenazados del Comité de Desarrollo Campesino, el Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos de los Pueblos (FRENA) y los 48 cantones de Totonicapán (el informe no incluye a todas las víctimas).

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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