Mientras el Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal le da trámite a un recurso de inconstitucionalidad, presentado el jueves 25 de los corrientes, sobre el caso de libertad de expresión del dirigente indígena y campesino Daniel Pascual Hernández, este 29 de febrero el defensor de Derechos Humanos solicitó al Procurador de los Derechos Humanos que garantice […]
Mientras el Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal le da trámite a un recurso de inconstitucionalidad, presentado el jueves 25 de los corrientes, sobre el caso de libertad de expresión del dirigente indígena y campesino Daniel Pascual Hernández, este 29 de febrero el defensor de Derechos Humanos solicitó al Procurador de los Derechos Humanos que garantice su derecho a la emisión del pensamiento. Asimismo miles de personas y organizaciones continúan solidarizándose con Pascual Hernández y rechazando la criminalización y penalización de la libertad de expresión y libre emisión del pensamiento en Guatemala #
El Defensor de Derechos Humanos, Daniel Pascual Hernández, coordinador del Comité de Unidad Campesina -CUC-, puso una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos -PDH- en contra de Carmen Adelina Toaspern Medina, juez del Tribunal Duodécimo del ramo Penal por obviar la aplicación del artículo 35 de la Constitución Política de la República y el Decreto 9 de la Asamblea Nacional Constituyente -Ley de Emisión del Pensamiento-, en el proceso de acción privada en donde se conoce una querella presentada en contra del dirigente campesino, acusado falsamente de cometer los delitos de difamación, calumnia e injuria.
De acuerdo con la denuncia presentada este 29 de febrero de 2016, «a la juez se le hizo ver verbalmente y por escrito» que debía apegarse a las leyes de rango constitucional y que inclusive se le pidió su declinatoria en el caso, pero hizo caso omiso e insistió en mantener ligado a proceso a Pascual Hernández amparada en legislación de rango inferior a la Carta Magna, es decir, por leyes ordinarias como el Código Penal y el Procesal Penal con lo que estaría violando el debido proceso.
De esta cuenta, Pascual Hernández solicitó al Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, que garantice su derecho a la Libertad de Emisión del Pensamiento. Añadiendo, que ante esta situación existe la amenaza de que se penalice la libertad de expresión, y que está sumamente preocupado por la persecución que esto pueda provocar sobre guatemaltecas y guatemaltecos del área rural y urbana, y sobre defensores de derechos humanos, provocando autocensura y temor en las personas a expresarse libremente.
Sigue recibiendo solidaridad
Luego de que la juez del Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal ligara a proceso a Pascual Hernández, por los supuestos delitos de Difamación, Calumnia e Injuria, las muestras de solidaridad no dejan de llegar al dirigente campesino.
Este 29 de febrero, Hernández dijo que ha recibido unos 5 mil mensajes solidarios con su persona y su lucha, a través de llamadas y mensajes por correo electrónico y su perfil en redes sociales. También se tiene información que más de 90 organizaciones indígenas, campesinas, de Derechos Humanos, de mujeres, de jóvenes, de Organizaciones No Gubernamentales de Guatemala y el resto del mundo han enviado por escrito sus muestras de solidaridad para con Pascual Hernández y rechazando la criminalización y judicialización del derecho a la Libertad de Expresión.
¿Por qué la población se está pronunciando a favor de la libertad de expresión? Porque es algo inherente al ser humano, por lo tanto si se permite la penalización de ese derecho, se estaría conduciendo a la sociedad guatemalteca a una situación dictatorial.
En este sentido, Pascual Hernández opinó que las instancias judiciales del país no están asumiendo este tema como un asunto de libertad de expresión, sino como un delito penal lo que atenta contra la Constitución Política de Guatemala. «La persecución penal de la libertad de expresión es una situación grave, porque a partir de hoy puede ser perseguida cualquier persona, sea o no dirigente o lideresa».
En relación a lo anterior, Helmer Velásquez, coordinador general de la Coordinación de Organizaciones No Gubernamentales y Cooperativas -Congcoop- opinó al respecto que la diferencia entre una sociedad oscurantista y una sociedad abierta (democrática), es la libertad de expresión, «que los ciudadanos puedan expresarse no solo verbalmente o por escrito, sino que participen y opinen en cualquier espacio, es un derecho que no puede ser arrebatado; denunciar la injusticia es un derecho y un deber, y a nosotros nos parece que la Fundación Contra el Terrorismo lo que pretende en este zarpazo a la insipiente democracia es justamente provocar un retroceso sobre la base del temor».
Por su parte, Pablo Ceto, de la Comisión de Relaciones Políticas de las Alcaldías de la Región Ixil, manifiesta que el país necesita tener mayores espacios para que la gente se exprese, diga sus ideas, sus opiniones, sueños y critique. Porque ese es un derecho humano universal, y en este caso está siendo vulnerado no solo el derecho de Daniel Pascual como dirigente indígena, campesino, popular, y un dirigente joven democrático, sino, contra ese derecho universal. «Es un retroceso en el cumplimiento de los acuerdos de paz».
Asimismo, Juana Batz, de la Junta Directiva de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala -CONAVIGUA-, manifestó que el pueblo indígena se siente muy ofendido, «la población tiene libertad de expresión, tenemos la libertad de manifestar y hablar sobre las cosas que violan nuestros derechos humanos».
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.