Se prevé que durante julio y hasta el próximo mes de diciembre 46 navíos, 200 helicópteros, 10 aviones y dos submarinos estadounidenses lleguen a Costa Rica. El convenio militar entre la nación centroamericana y Washington es supuestamente para colaborar con la Guardia Policial en el patrullaje de las costas y luchar contra el narcotráfico. Diversos […]
Se prevé que durante julio y hasta el próximo mes de diciembre 46 navíos, 200 helicópteros, 10 aviones y dos submarinos estadounidenses lleguen a Costa Rica. El convenio militar entre la nación centroamericana y Washington es supuestamente para colaborar con la Guardia Policial en el patrullaje de las costas y luchar contra el narcotráfico.
Diversos sectores sociales de Costa Rica repudiaron el acuerdo aprobado por la Asamblea Legislativa del país centroamericano que permite la llegada de buques de guerra y marines estadounidenses a esta nación, supuestamente para combatir a los carteles del narcotráfico.
La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el pasado 1 de julio la llegada de soldados, equipos y armas estadounidenses a las costas de la nación centroamericana, en la extensión de un convenio suscrito hace 10 años el cual prevé que las tropas de EE.UU. colaboren con la Guardia Policial «en el patrullaje de las costas».
Juan Bernardo Chacón, comerciante de San José (capital) dijo espera que la llegada de las tropas estadounidenses «sea con el afán de combatir el narcotráfico y que no haya otros intereses de por medio».
Por su parte, un habitante de San José de nombre Antonio Salas comentó que «con sólo ver las proporciones de soldados, del armamento, portaaviones y que se yo, uno comienza a pensar que eso va dirigido hacia otro rumbo».
Albino Vargas, integrante de la Asociación Nacional de Trabajadores expresó que «uno siente que eso es lo que puede estar en construcción una especie de teatro de guerra y nosotros siempre nos mantuvimos como país alejados de los conflictos bélicos que azotaron la región, en la confrontación este oeste había guerras en toda Centroamérica menos aquí».
El abogado Roberto Zamora Bolaños señaló que Costa Rica «se esta prestando hace muchos años en el desarrollo de las políticas de dominación de Estados Unidos hacia el sur, hacia el resto del continente».
La enviada especial de TeleSUR en Costa Rica, Laura Simón, informó que 46 navíos, 200 helicópteros, 10 aviones y dos submarinos estadounidenses llegarán a Costa Rica entre julio y el próximo mes de diciembre.
Bajo este sentido, diversos sectores sociales ya preparan movilizaciones de protesta contra la presencia militar de EE.UU. en la nación centroamericana.
Asimismo, preparan varios recursos judiciales para tratar de revertir la decisión de la Asamblea, que para muchos costarricenses «contradice el espíritu pacifista que ha caracterizado a la nación centroamericana», señaló Simón.
La presencia militar estadounidense en Latinoamérica ha sido considerada como un peligro para los mandatarios de la región. Estados Unidos tiene bases militares en Aruba y Curazao, situadas a menos de 70 kilómetros de Venezuela. Igualmente, en Colombia hay asentados miles de soldados estadounidenses e instalaciones equipadas con artefactos bélicos, con el supuesto objetivo de combatir a las bandas organizadas.
Asimismo, la nación norteamericana había tratado de introducir y dejar sus tropas en territorio haitiano después del terremoto que azotó a la nación caribeña el pasado 12 de enero, en misiones supuestamente humanitarias, lo que levantó un clamor de rechazo en América Latina y El Caribe, donde de inmediato se denunció el plan de militarizar el Caribe. Observadores políticos han alertado que Washington «va cerrando el cerco en Centroamérica», donde cuenta con el apoyo de algunos gobiernos conservadores, aún cuando existen presidentes como Daniel Ortega de Nicaragua y Mauricio Funes de El Salvador, que han rechazado las pretensiones de Estados Unidos contra Latinoamérica. El convenio militar entre los Gobiernos de Estados Unidos y Costa Rica va en contra de la decisión del pueblo costarricense que abolió el Ejército en el año de 1948, así como también la adopción de una política nacional de defensa basada en el desarme.
En el 2004 y 2008 la Corte Suprema de Costa Rica dictaminó una resolución en la que ordena al Estado a rechazar cualquier actividad bélica.