«El Tribunal Permanente de los Pueblos resuelve denunciar ante la opinión mundial como inmoral la actitud de las corporaciones multinacionales de origen europeo estudiadas en este proceso y que se mencionan en esta sentencia, por las graves, claras y persistentes violaciones de los principios, normas, convenios y pactos internacionales que protegen los derechos civiles, políticos, […]
«El Tribunal Permanente de los Pueblos resuelve denunciar ante la opinión mundial como inmoral la actitud de las corporaciones multinacionales de origen europeo estudiadas en este proceso y que se mencionan en esta sentencia, por las graves, claras y persistentes violaciones de los principios, normas, convenios y pactos internacionales que protegen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas». La justicia ordinaria se compone de una serie de tribunales institucionales y vinculantes desde un marco jurídico establecido, mientras que la justicia moral se articula mediante unas fuertes redes construidas por los movimientos sociales a lo largo y ancho del planeta. Y también tienen sus mecanismos, como este Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), una instancia ética que lleva varias décadas dando voz a procesos de denuncia que no llegan a poder enjuiciarse mediante los mecanismos habituales. Durante los pasados 14, 15, 16 y 17 de mayo se celebró en Madrid una nueva edición de esta estructura social con motivo de la V Cumbre de los Pueblos.
Creado oficialmente por iniciativa del senador italiano Lelio Basso en 1979, tiene como antecedente al Tribunal Russel, establecido en 1966 para investigar y evaluar las acciones de EEUU durante la Guerra de Vietnam. Tras el éxito social que supuso aquel organismo, la Fundación Internacional Lelio Basso por los Derechos y la Liberación de los Pueblos crea el TPP, como estructura permanente y vocación itinerante en la ciudad de Bolonia (Italia). Hasta la actualidad se ha reunido en más de 40 ocasiones para juzgar hechos tan diversos como situaciones de genocidio o crímenes ecológicos. La sesión acontecida en Madrid se enmarca dentro de la línea que lleva siguiendo el TPP durante los últimos años. En 2006 se celebró en Viena la primera sesión temática bajo el sobrenombre de «Políticas Neoliberales y Transnacionales Europeas en América Latina y el Caribe», en la que se presentaron las primeras denuncias contra ciertas multinacionales que participaban en los sectores de servicios, infraestructuras, energías o telecomunicaciones, entre otros. La segunda sesión tuvo lugar en Lima, en el año 2008, y se involucraban ya como responsables ciertos Estados de la Unión Europea.
La IV Cumbre de los Pueblos, «Enlazando Alternativas» acoge la culminación de este eje temático para el TPP. «Lo que queremos destacar, demostrar, la complicidad de la UE y las políticas de los propios estados, que son cómplices en estas violaciones de los derechos humanos en la zona», señala Tom Kucharz, uno de los portavoces de la cumbre. Bajo este foco de atención, centrado también en las políticas, instituciones y actores de la UE como posibles cómplices de la impunidad de actuación que denuncian los movimientos sociales, se han estudiado 27 casos concretos de posibles violaciones de derechos humanos, económicos o sociales por parte de las empresas europeas en América Latina. Más de un centenar de organizaciones sociales procedentes de ambos continentes han participado en la presentación o recopilación de datos sobre los casos estudiados. «Queremos analizar si estas violaciones pueden ser consideradas crímenes contra la humanidad», señala Kucharz.
Jurado profesional
«El tribunal es una instancia de conciencia, que juzga a la luz de la moral, aunque realmente hay un marco jurídico para juzgar estas sentencias jurídicamente». Habla Perfecto Andrés Ibañez, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial durante los años 1983-1985 y miembro del Tribunal Supremo desde el año 2000. Ibañez es el presidente de esta edición del TPP y destaca sobremanera el papel de la víctima en este tipo de procesos. «Aquí la víctima pasa de ser el sujeto pasivo de las conductas enjuiciadas, a ser un actor en positivo de la transformación social, a ser realmente quien encarna la protesta y quien personifica y adquiere el protagonismo de sujeto histórico de la transformación», señaló durante la presentación de la sentencia definitiva del tribunal moral. El magistrado ha estado acompañado de otras 13 personas con las que ha conformado el jurado del TPP en Madrid. Como secretario general ha desarrollado su labor el italiano Gianni Tognoni, doctor en Filosofía y Medicina y asesor permanente de la Organización Mundial de la Salud.
Entre los miembros del jurado destaca la presencia de activistas y defensores de los derechos humanos en Latinoamérica como la argentina Nora Cortiñas, cofundadora de la Asociación de Madres de la Plaza de Mayo. «No queremos ni explotadores ni explotados. Y por eso seguiremos luchando», afirmaba Cortiñas, agradecida a la labor del TPP. El pueblo de Honduras, mediante Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en su país, también ha estado representado en el jurado. Incluso las corrientes críticas dentro de EEUU se vieron representadas gracias a la presencia en el TPP de la abogada Judith Brown Chomsky, conocida por interponer varias demandas a compañías petroleras y fabricantes de municiones.
Por parte europea destacan uno de los fundadores de ATTAC, el economista francés Gustave Massiah o el ex senador italiano Franceso Martone, entre otros. También presente Carlos Taibo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid y uno de los defensores de la teoría del decrecimiento, que busca otro modelo en el desarrollo económico y el progreso. Taibo apunta directamente a la responsabilidad de las políticas neoliberales de la UE. «Estamos obligados a preguntarnos qué ha quedado de ese capitalismo social europeo tras décadas de políticas neoliberales adaptadas por los estados miembros (…) En este escenario, una de las consecuencias es una apuesta decidida a favor de una liberalización privatizadora y una manifiesta desregularización», señala el profesor. Con cierto pesimismo, pero con voluntad de seguir trabajando en favor de un mayor protagonismo para los pueblos y movimientos sociales se expresa Taibo. «Una vez certificadas conductas impresentables en las empresas europeas, no se aprecia del lado de la UE ninguna voluntad de rectificación para que se puedan repetir (…) Es cada vez más urgente la toma de medidas como las que defiende la sentencia, con un protagonismo a los movimientos sociales y los pueblos más allá de los Estados».
Camino de la privatización
Entre las empresa españolas analizadas y denunciadas por este tribunal, destaca la presencia del Canal de Isabel II, empresa pública madrileña encargada de la gestión de los recursos hídricos en esta Comunidad Autónoma. La empresa ha sido denunciada públicamente en este tribunal por la organización ATTAC porque sus prácticas atentan contra los derechos laborales y sociales en ciertas poblaciones indígenas de Colombia. Liliana Ramírez, perteneciente a esta organización que reclama una justicia económica global, ha sido una de las encargadas de profundizar sobre este caso ante los miembros del tribunal. «Perjudican a las comunidades indígenas que están establecidas en esa zona y reducen el patrimonio público de esos pobladores porque se apropian de sus propias redes de agua comunales» comenta Ramírez. ATTAC canaliza las movilizaciones que se han producido dentro de estas comunidades en ciudades como Sabanalarga o Taganga para mostrarse en contra de este modelo de explotación. «A la población local le afecta de muchas maneras. Sobre todo, en el encarecimiento de los servicios públicos, la reducción del mínimo de agua necesario para vivir, en la opacidad de su gestión y la precarización de los trabajadores y daño al movimiento sindical», continua.
La empresa madrileña, y su grupo empresarial INASSA, compraron gracias a ciertos procesos privatizadores llevados a cabo en Colombia, las empresas Triple A de Barranquilla y Metroagua, de Santamarta. Desde ATTAC se denuncia, por un lado, la utilización del paramilitarismo como herramienta de control en la zona, y, por otro, la trama societaria que ha permitido esta operación. «Una cosa importante es que la empresa es un mero instrumento para realizar estas operaciones. Se demuestra que hay una manera de tramas societarias que incluso la utilizan los blanqueadores de dinero en el país», denuncia Ramírez. Esta es una de las claves que destaca Ramírez para explicar el impedimento de realizar una auditoría completa a esta empresa que es cien por cien pública. «Insistimos en el daño, pero también en el método, en la forma de actuar. La única forma de cambiar es una ley transparente. Se propone un control estricto de carácter político», añade.
En este sentido, ATTAC quiere destacar el papel de responsabilidad política de los gobiernos, tanto el de nuestro país como el de la Comunidad de Madrid. «La forma en la que han creado la empresa, y las tramas societarias, están hechas bajo el paraguas de una ley flexible, que es la Ley de Sociedades de España, que no persigue los paraísos fiscales ni este tipo de inversiones transnacionales», apunta Ramírez. Tampoco se escapa de esta crítica el gobierno colombiano. «Hay una legislación muy permisiva y absolutamente privatizadora, por lo que los dirigentes políticos están encantados ya que esto supone beneficios económicos para ellos, de los que se apropian unos pocos», afirma la portavoz de ATTAC. Esperanza Aguirre ha manifestado en los últimos años la intención de privatizar al menos una buena parte de la empresa. Ramírez alerta también de los peligros que supondría esta privatización. «Su política de gestión, completamente opaca, será la misma política que se seguirá en Madrid como se privatice el Canal de Isabel II». La entidad pública fue invitada a participar en el TPP para defender su posición y según afirman desde ATTAC, están al corriente de todo lo denunciado a pesar de que no hayan recibido respuesta de ningún tipo.
Las presas hidroeléctricas de Endesa
La lucha de la asociación GreenPeace contra el proyecto de construcción de cinco presas hidroeléctricas y un tendido de alta tensión en la Patagonia chilena comenzó hace varios años. El polémico proyecto anunciado por la empresa Hidroaysen, sociedad constituida por Colbún y Endesa- Chile, filial de la española Endesa saltó a la luz pública durante el pasado año 2009, cuando un grupo de activistas de la organización ecologista descolgó una gran pancarta en la sede central de la compañía en la que se podía leer «Buenos días Endesa, si de verdad te preocupan los hijos de tus hijos, no destruyas la Patagonia chilena». La campaña continuó con vídeos promocionales y ruedas de prensa, mientras que la única respuesta de la empresa hidroeléctrica fue la petición ante la justicia de penas de 3 años y ocho meses de cárcel para cada uno de los activistas además de multas económicas. Posteriormente, la petición fue desestimada.
«Nos parece una aberración en términos ecológicos, tanto las presas como el tendido eléctrico en el sentido de que es una de las últimas zonas prácticamente vírgenes del mundo. Se destruiría el modo de vida de comunidades locales basado en la agricultura y la ecología sostenible y desplazaría a comunidades indígenas para abrir paso a ese tendido». Mabel Bustelo, portavoz de GreenPeace se expresa en estos términos al señalar los efectos que tendría la realización de ese proyecto. La organización ecologista internacional es sólo una de las voces que se muestran en la construcción del movimiento contra el proyecto de Endesa. Una serie de organizaciones chilenas se han articulado en el Consejo de Defensa de la Patagonia para recurrir contra el proyecto. Ecosistemas Chile, una ong que analiza el medio ambiente en Chile, es una de ellas y estuvo presente en el TPP. Juan Pablo Orrego, representante de la ong, critica los sistemas de evaluación ambiental realizados para calificar el proyecto en el país andino. «La imperfección del sistema es tal que actualmente, respecto del proyecto de HidroAysén se están evaluando sólo las cinco represas, sin las líneas de transmisión eléctrica, es un reduccionismo que juega absolutamente a favor de las empresas y gobiernos cómplices», señala.
Orrego insiste también en destacar lo innecesario desde el punto de vista energético de la posible construcción de las presas. «Es un proyecto innecesario desde el punto de vista energético. Chile posee un elevado potencial de energías eólicas y uno de los más altos potenciales de energías renovables no convencionales del mundo: solar, eólico, geotérmico, oceánico, biomasa y mini hidráulico». El proyecto se encuentra en una fase de incertidumbre, tal y como señala Mabel Bustelo, ya que se está a la espera de la posición del nuevo gobierno de Sebastián Piñera respecto al mismo. Las responsabilidades en este caso se diversifican, ya que, recuerda Bustelo, Endesa es propiedad de la italiana ENEL. «Tenemos el factor adicional de que ENEL es la dueña de Endesa, por lo que la decisión no sólo está en Madrid, sino también en Roma. Es un poco complicado y no sabemos qué va a pasar», afirma la portavoz de GreenPeace.
Contacto con los indígenas
La protección de los pueblos indígenas es otro de los ejes sobre los que circulan buena parte de las denuncias presentadas en este Tribunal. En Perú, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), se ha plantado ante la posible concesión de los derechos de explotación de los recursos naturales en varias zonas de la Amazonia Loretana del país latinoamericano. Las multinacionales Perenco, francoinglesa, y la española Repsol YPF recibieron gracias a las políticas del gobierno peruano la concesión para explotar los recursos petrolíferos de los denominados lotes 39 y 67, que comprenden un territorio considerado como Reserva Territorial a favor de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario.
Tobia Zaffalón, miembro de la organización CEIBA, ha sido el encargado de defender a estos pueblos indígenas en el TPP y señala las posibles consecuencias que esta explotación de recursos podría conllevar. «Se produciría un Desplazamiento masivo de trabajadores a la zona se daría un contacto directo con los indígenas. Éstos se verían obligados a huir». También es preocupante para Zaffalon el tema de la salud ya que, según él, el contacto con estos pueblos aislados podría provocar una serie de enfermedades y epidemias.
El proceso está estancado en estos momentos, ya que AIDESEP, tras solicitar y ser rechazada la protección judicial a la Corte Suprema de la ciudad de Iquito, se encuentra a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional. Zaffalon señala también la responsabilidad de la UE y del gobierno de Perú. «La UE ha favorecido estos proyectos con los Tratados de Libre Comercios en estas comunidades andinas. Se permite el comercio y el establecimiento de las empresas en el territorio. El gobierno peruano, que ha firmado este Tratado, también es responsable. Además se criminalizan las protestas indígenas y toman medidas para reprimirlas».
Un nuevo modelo
Tanto los miembros del jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos como los movimientos sociales reivindicaron durante la IV Cumbre de los Pueblos un cambio en el modelo de desarrollo económico global. Marcos Arruda, economista brasileño y miembro del jurado señalaba el desgaste de este patrón. «La idea de que el crecimiento económico es el camino para generar bienestar se concibe como un mito. Nos lleva a la conclusión a que este desarrollo está equivocado y es insostenible en términos humanos y ecológicos».
El fallo final incluido en la sentencia recoge todo el trabajo desarrollado por los miembros del TPP. Se denuncian como inmorales las prácticas generales del modelo neoliberal, la actitud de las corporaciones europeas y la actitud de la UE, los Estados miembros y los Estados receptores de los proyectos analizados. También le recuerda a la UE el cumplimiento del Tratado de Lisboa en materia de derechos fundamentales y reconoce el derecho para organizarse y movilizarse a todas las víctimas de estos procesos empresariales.
El apartado final propone una serie de medidas cautelares entre las que se encuentra la paralización de todos los proyectos cuyo desarrollo esté previsto en territorio de pueblos indígenas y que no hayan sido sometidos al consentimiento previo. Del mismo modo pide la paralización de los megaproyectos como el de Endesa en Chile, entre otros, que supongan un impacto negativo sobre la vida de las personas sin contrapartida para el desarrollo de las comunidades afectadas. Sobre materia económica, el TPP resuelve que se suspendan los procesos de conclusión de tratados comerciales o de inversiones mientras que no se sometan a un proceso de evaluación del impacto con la participación de los propios pueblos. La moral y la humanidad por encima de las prácticas económicas establecidas es lo que se ha querido reivindicar con la celebración del TPP. «El Tribunal nos llena de argumentos a la hora de rechazar esos proyectos o pedir que se paren. Es un espaldarazo moral, no tiene más valor que eso», concluye Mabel Bustelo.
Del silencio a las políticas públicas y sistemas de evaluación
Todas las empresas denunciadas en esta edición del Tribunal Permanente de los Pueblos fueron invitadas a participar para defenderse de las acusaciones. Ninguna de ellas acudió y tampoco se realizaron declaraciones o comunicados al respecto. Ponerse en contacto con el gabinete de prensa del Canal de Isabel II es sencillo pero no obtener una respuesta. Un discreto «no es verdad» y la negación a hacer más declaraciones es lo que nos responden ante la pregunta sobre si tenían conocimiento sobre la causa denunciada.
Diferente es la respuesta de Repsol YPF. Eduardo García, director de responsabilidad corporativa nos atiende con conocimiento de causa sobre las denuncias presentadas contra su compañía en Perú. Ante esta situación, García nos remite a explicar que Repsol posee una política pública de relaciones con las comunidades indígenas, realizada conjuntamente con la ong Intermón-Oxfam a partir del año 2007. «Las comunidades indígenas tienen derecho a que se realice una consulta previa e informar cuando se realice algún proyecto de inversión», afirma el representante de la empresa. García añade que Intermón les hizo saber que ese proceso no es llevado a cabo de forma sistemática por ciertos Estados, hecho que les llevó a la propuesta de redactar esta política conjuntamente. «Esta política posiciona a Repsol de lado del respeto a los derechos fundamentales internacionalmente reconocidos a los pueblos indígenas», afirma García. El texto hace mención específica al reconocimiento del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Asamblea General de las Naciones Unidas, firmado en 2007.
Repsol se encuentra trabajando en un estudio de evaluación de la situación en los cinco países en los que tienen establecido algún proyecto de explotación de recursos con comunidades indígenas. «Hemos escrito los términos de referencia de ese estudio con dos agentes sociales con los que venimos trabajando: Comisiones Obreras y la propia Intermón», afirma el director de responsabilidad corporativa. Este informe se está desarrollando ya en Bolivia y le seguirá inmediatamente después el caso de Perú. Los objetivos de estos estudios serían evaluar en qué grado el gobierno ha realizado la consulta previa y en caso de que sea insatisfactoria, Repsol pedirá a los agentes independientes las iniciativas necesarias de mejora. «Hemos acordado con Oxfam que Repsol hará públicas las iniciativas que lleve a cabo», señala García. Añade el representante de la empresa que desde Repsol se está haciendo algo muy pionero en el sector, como es el trabajo con una ong de desarrollo y la propia política de relación con las comunidades indígenas.
En el punto de mira
Hasta ocho empresas transnacionales con capital español han sido enjuiciadas durante las sesiones desarrolladas por el Tribunal Permanente de los Pueblos en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid. Aparte de Repsol, Endesa y el Canal de Isabel II, la lista se completa con Pescanova, Telefónica, Unión Fenosa, el Banco Santander y Proactiva Medioambiente. Se les acusa de diferentes aspectos que van desde los daños medioambientales hasta la violación del derecho sindical y el trabajo digno, entre otros.
A Pescanova se le acusa de explotar negligentemente los manglares en Nicaragua, generando daños irreparables para el Medio Ambiente, así como perjudicar el desarrollo económico y social de la población de la zona. Telefónica incumple, según los denunciantes chilenos del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, los acuerdos laborales de la OIT. Por su parte, al Banco Santander se le acusa de financiar las hidroeléctricas construidas en el río Madeira, de la Amazonia brasileña. Estas presas, según las organizaciones denunciantes entre las que se encuentra SETEM, han causado graves daños ambientales.
Unión Fenosa está señalada como responsable de impactos sociales en países como Colombia, Guatemala, México y Nicaragua, contando con la complicidad del gobierno español. Por último, la gestión privada del agua por parte de Proactiva Medioambiente en Guayaquil, Ecuador, también ha sido denunciada por el TPP.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.