Un muerto más se suma, dentro del proyecto hidroeléctrico que construye la empresa CILSA propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, en el distrito de Renacimiento, provincia de Chiriquí. Se trata de Ibar Antonio Ayala Arracera de 61 años, operador de equipo pesado quien murió sepultado por un derrumbe al mediodía del jueves 4 de noviembre. […]
Un muerto más se suma, dentro del proyecto hidroeléctrico que construye la empresa CILSA propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, en el distrito de Renacimiento, provincia de Chiriquí.
Se trata de Ibar Antonio Ayala Arracera de 61 años, operador de equipo pesado quien murió sepultado por un derrumbe al mediodía del jueves 4 de noviembre. Este es otro homicidio culposo por parte de la trasnacional mexicana que se encuentra respaldada por un manto de impunidad por parte de las autoridades de la provincia y las nacionales.
Durante años se han denunciado las faltas graves en materia de seguridad y salud en el mencionado proyecto, sin que las autoridades del Mitradel, Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social hayan hecho algo al respecto, tanto en el anterior gobierno del PRD de Martín Torrijos, como en el actual de Ricardo Martinelli.
Ya son cuatro los trabajadores muertos en el también conocido «Proyecto de la muerte», según cifras oficiales; sin embargo los trabajadores y moradores del área aseguran que los muertos son más, cosa que parece probable por toda la impunidad y el secretismo con que se maneja la empresa.
Además son constantes los accidentes donde resultan heridos de gravedad los obreros, incluso algunos con lesiones permanentes.
A todo esto hay que sumar los abusos de los administrativos extranjeros, sin permisos legales de trabajo que han llegado incluso a agredir a los trabajadores. Tal es el caso del mexicano Marcos De León, hijo de José Manuel De León, alias «Cuco», entre otros ilegales como Jhon Osorio, colombiano, Alvaro Concon, colombiano, Francisco Roldán, mexicano, todos amparados por la complicidad del Departamento de Migración.
Existen también denuncias por contaminación del Río Chiriquí Viejo que abastece de agua potable a todo el Distrito de Barú, la destrucción de invaluables piezas arqueológicas precolombinas como lo son petroglifos o la destrucción del cementerio indígena precolombino ubicado en Breñón.
El Sindicato Suntracs denunció a la empresa y sus cómplices y llamó a los trabajadores a vencer el temor al sindicato amarillo de CILSA llamado SITICOPP, el mismo que contrató sicarios (Juana Peña y otros) que mataron a Osvaldo Lorenzo y que provocaron los hechos en Isla Viveros donde murió Luiyi Argüelles.
Fuente: http://www.librered.net/?p=1228
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