La política estatal de violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Perú, incluidas las desapariciones forzadas, ha cesado, declaró el miércoles una delegación del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, al concluir su visita oficial* al país del 1 al 10 de junio. «El Estado peruano ha logrado, […]
La política estatal de violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Perú, incluidas las desapariciones forzadas, ha cesado, declaró el miércoles una delegación del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, al concluir su visita oficial* al país del 1 al 10 de junio.
«El Estado peruano ha logrado, con gran esfuerzo, prevalecer sobre la violencia subversiva. Sin embargo, profundas secuelas y heridas permanecen abiertas», señaló el experto en derechos humanos Ariel Dulitzky, quien actualmente encabeza el Grupo de Trabajo.
«Es urgente que el Estado fije como una inmediata prioridad la búsqueda de la verdad sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas debido al largo lapso del tiempo entre los hechos y la actualidad, y a que muchos los testigos, familiares y perpetradores tienen edad avanzada y poca salud,» recalcó.
La delegación, integrada además por la experta Houria Es-Slami, explicó que treinta años después de su última visita a Perú, el Grupo de Trabajo había encontrado un país y una sociedad completamente transformados.
No obstante, observaron con preocupación que las profundas disparidades socioeconómicas que fueron causa y consecuencia de la violencia política permanecen vigentes hoy en día, dificultando el éxito de muchas medidas adoptadas.
«Desde el año 2000 se han dado pasos importantes para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las desapariciones forzadas cometidas durante la violencia política entre 1980 y 2000», dijo la Sra. Es-Slami.
Los expertos hicieron referencia específica a la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, del Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia y a la creación de un subsistema de justicia, que ha emitido importantes aunque pocas condenas, además del papel que ha desempeñado la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, el Sr. Dulitzky señaló que «los cientos de exhumaciones realizadas, las identificaciones y restituciones de restos, así como las reparaciones monetarias, educativas y de salud a las víctimas, junto con la creación de algunos memoriales construidos, o en proceso de construcción, representan avances concretos y valorables».
Para profundizar estos cambios positivos, los expertos instaron al Estado peruano «a adoptar una política comprehensiva, coherente, permanente, cooperativa y colaborativa con las víctimas y sus familiares para reforzar claramente el repudio a las desapariciones». En particular, recalcaron, «las Fuerzas Armadas deben asumir un compromiso claro de cooperación con la búsqueda de la verdad y la justicia».
Dado el profundo impacto que las desapariciones forzadas han tenido en las mujeres peruanas, los expertos insistieron en que todas las medidas en materia de desapariciones forzadas deben tener en cuenta la perspectiva de género.
El Grupo de Trabajo exhortó al Gobierno de Perú a superar desafíos importantes como la falta de una cifra exacta de personas desaparecidas, la carencia de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas y de un mapa nacional de fosas, las limitadas exhumaciones e identificaciones de personas desaparecidas y la ausencia de un banco de datos genéticos.
Los expertos también llamaron la atención sobre los pocos procesos judiciales concluidos y el lento avance de los mismos, así como la imposición de sanciones leves a los victimarios y la poca atención psicosocial integral que reciben las víctimas.
«La adopción de una ley general sobre desapariciones forzadas podría contribuir a superar muchos de estos desafíos», expresó el Sr. Dulitzky. «La búsqueda de los desaparecidos debe ser adoptada como una urgente cuestión humanitaria y no puramente judicial».
«Docenas de familiares nos han manifestado una profunda frustración frente a los obstáculos y las dificultades para acceder a la información necesaria para esclarecer la suerte y el paradero de sus seres queridos», dijo. «Nos han indicado que su condición de quechua hablantes y de otras lenguas así como su condición socio-económica los confronta con discriminaciones y desdén por parte de las autoridades».
Durante su visita, la delegación de expertos visitó Lima, Ayacucho y Huánuco, donde se reunieron con diversas autoridades, familiares de víctimas y representates de la sociedad civil.
El Grupo de Trabajo presentará en 2016 un informe detallado sobre su visita a Perú ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Nota:
El Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias está compuesto por cinco expertos independientes de todas las regiones del mundo: el Sr. Ariel Dulitzky (Argentina), actual Presidente-Relator; la Sra. Jasminka Dzumhur (Bosnia y Herzegovina), acutal Vice-Presidente; el Sr. Osman El-Hajjé (Líbano): la Sra. Houria Es-Slami (Marruecos); y el Sr. Bernard Duhaime (Canadá)