El presidente peruano Martín Vizcarra anunció diversas reformas institucionales y estructurales a ser consultadas con la ciudadanía, lo que le permitió retomar la iniciativa política, maniatada por la mayoría del fujimorismo-aprismo en el Congreso unicameral y la Constitución impuesta por el dictador Alberto Fujimori en 1993. La posibilidad de introducir reformas para un mejor funcionamiento […]
El presidente peruano Martín Vizcarra anunció diversas reformas institucionales y estructurales a ser consultadas con la ciudadanía, lo que le permitió retomar la iniciativa política, maniatada por la mayoría del fujimorismo-aprismo en el Congreso unicameral y la Constitución impuesta por el dictador Alberto Fujimori en 1993.
La posibilidad de introducir reformas para un mejor funcionamiento del sistema de justicia y del sistema político, que se abrió súbitamente a partir del entusiasmo ciudadano generado por el anuncio de una consulta, representa una oportunidad que difícilmente se volverá a producir en los próximos años, señala el analista Sergio Mariani.
La gobernabilidad peruana quedó balanceándose sobre la tela de una araña tras la aparición de audios que evidencian tráfico de influencias entre jueces de distintas instancias e integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, y la multiplicación de las protestas y movilizaciones callejeras, que pusieron a la intemperie la precariedad en la que operan las instituciones públicas en Perú.
No se sumaron detalles de la reforma político-electoral anunciada y muchos analistas especulan sobre los efectos que podrían tener sobre la dinámica política, ya que de los que se trata, básicamente, es de adelantar una nueva Constitución que acoja dos temas primordiales: la reelección de los congresistas y la restitución del sistema bicameral.
La propuesta sobre el control del origen y los montos del financiamiento que se destina desde el sector privado a las campañas electorales, parece ser la que menor discusión genera, y varios expertos se inclinan por incluir financiamiento público, de modo que disminuya la influencia de los intereses particulares y la penetración del dinero de origen ilícito sobre la dinámica política peruana.
En el tema de la reelección de los congresistas se enfrentan dos criterios, el de la experiencia y el de la renovación. En medio de esta crisis de credibilidad, pareciera primar la renovación, para impedir la recreación de una clase parlamentaria con intereses propios, y para ello muchos -apoyados en la percepción popular- hablan de la no reelección absoluta.
Los expertos advierten sobre los efectos que ha tenido la eliminación de la reelección inmediata para los gobernadores regionales y alcaldes, una reforma reciente con alto nivel de apoyo: la creciente presencia de familiares que se postulan para continuar en esos cargos
Los expertos presentan más opciones: La no reelección inmediata sino tras un período parlamentario fuera; la reelección por un solo período (o sea cumple dos períodos y suma experiencia), la elección por partes (mitades o un tercio) que combina la posibilidad de renovación y experiencia.
La reintroducción de la bicameralidad es otra de los temas propuestas y en debate, dado que todo el país está hoy representado en apenas 130 parlamentarios. Sin embargo, no hay mayores definiciones sobre la segunda Cámara (¿el Senado?). Se habla de una cámara baja con representantes electos por cada circunscripción electoral, pero se teme que la propuesta sea rechazada de plano por la ciudadanía y quede descartada.
Respecto del Senado o cámara territorial también existen variantes. La derecha quiere imponerla como cámara elegida por distrito único nacional, para tener el control del parlamento por la vía de una «cámara de notables», mayormente limeños. Ante ello, otra propuesta es la de constituir una cámara de las ocho macrorregiones en apoyo a la descentralización del país, con no más de 50 o 60 miembros.
Nicolás Lynch insiste en la necesidad de cortar el exceso de gastos en el Congreso que atiende privilegios y no eficacia. El Congreso anterior al golpe del cinco de abril de 1992 con 240 congresistas (180 diputados y 60 senadores) tenía 840 empleados y el actual tiene aproximadamente 4.200. Cada congresista en la actualidad cuenta con 10 empleados, cuando debería bastar, con tres. De esta forma habría suficientes plazas y presupuesto para atender al futuro Senado, apunta.
Lynch insiste en que no se debe caer en el llamado «bicameralismo perfecto» que consiste en que ambas cámaras repitan las mismas funciones, es decir que se dediquen a lo mismo en términos de legislación y control y propone que la iniciativa legislativa la tenga la cámara política o de diputados y la revisión de las leyes el Senado.
Diputados se dedicaría a investigar todos los sectores, salvo defensa, relaciones exteriores y banca central, que estarían a cargo del Senado, junto con la ratificación de los nombramientos de los embajadores y los altos mandos de las Fuerzas Armadas, como ya ha sido en el pasado. «De esta manera, podría haber un avance en la representación ciudadana, sin elitizar el parlamento, sobreponer representación, duplicar funciones, ni tampoco aumentar el gasto», añade el analista.
Las reformas estructurales anunciadas por Vizcarra y que finalmente se introduzcan en esta coyuntura determinarán si Perú continúa con una precaria democracia de ciclos interrumpidos de expansión económica y permanentes tensiones, corrupción, secuestro de la democracia real, pugnas y frustración colectiva, o si se abre por primera vez en su historia un largo ciclo inclusivo de prosperidad y mayores oportunidades.
Mariana Álvarez Orellana. Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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