La región del Caribe, con una alta concentración de fuerzas militares, presenta varios acertijos, como la contradicción del contrabando de drogas y armas enriqueciendo el crimen en Estados Unidos mientras ese país tiene más de la mitad de sus tropas en la zona destacadas en Puerto Rico, en el perímetro de instalaciones estratégicas que no […]
La región del Caribe, con una alta concentración de fuerzas militares, presenta varios acertijos, como la contradicción del contrabando de drogas y armas enriqueciendo el crimen en Estados Unidos mientras ese país tiene más de la mitad de sus tropas en la zona destacadas en Puerto Rico, en el perímetro de instalaciones estratégicas que no existen desde hace tiempo.
En la zona comprendida entre el Río San Juan, al sur de Colombia, y el Río Grande, al norte de México -que incluye todos los países del litoral caribeño- se concentra el 57 por ciento de los ejércitos de América Latina, lo que ya de por sí atestigua la importancia estratégica atribuida a la región.
En la otra cara de la moneda, EEUU, Inglaterra, Francia y Holanda patrullan el Caribe con una fuerza de menos de 40.000 soldados y marinos. Pero estas potencias cuentan con superioridad tecnológica, acuerdos con gobiernos tributarios y estamentos castrenses afines, además de bases y colonias que se supone protejan los pasos marítimos.
A veces parece un teatro de operaciones para practicar las enseñanzas de Tucídides en la Historia de la Guerra del Peloponeso, con la esperanza de que en esta ocasión mantenga su hegemonía la nueva Atenas democrática, representada por Washington, y no ponga fin a su imperio la Esparta latinoamericana.
Uno de los aspectos más llamativos es el de la fuerza irregular compuesta por los contrabandistas, que hasta ahora ha mostrado una capacidad impresionante de ajuste, recuperación y uso de los obstáculos militares para catapultar sus rutas de comercio ilícito.
Un estudio publicado en el 2009 consignaba una preocupante discrepancia entre las cifras de importación de armas informadas a las Naciones Unidas por los países latinoamericanos y las ofrecidas por los países que supuestamente las exportaron hacia América Latina. Tales desbalances pueden explicarse por el secreto militar o fallas de contabilidad, pero el análisis advierte que también podría estar la huella del contrabando.
En el caso de México, la zona de libre comercio transformó ese país en exportador importante de piezas de armas que son ensambladas en EEUU, que a su vez devuelve un contrabando intenso precisamente de armas. Dicho contrabando es un factor en la guerra entre pandillas por el control del mercado interno de la droga y su exportación a EEUU, país cuyos criminales se benefician de manera principal de ambas vertientes del comercio contrabandista.
El informe de 2013 de la Organización de Estados Americanos sobre el tráfico de drogas demuestra que la porción de los precios de la droga en las fases de cultivo, procesamiento y transporte hacia EEUU es menor en tanto el valor del producto se multiplica exponencialmente una vez llega a su destino y entra a las fases de preparación final, distribución y mercadeo.
Las ganancias de decenas de miles de millones de dólares del contrabando -sea de armas, drogas u otros- así como de las actividades criminales asociadas sirven de base material parta la delincuencia organizada. El Centro de Inteligencia sobre pandillas calcula que en EEUU hay 33.000 pandillas con 1,4 millones de miembros, lo que constituye un ejército casi de igual tamaño que las fuerzas armadas activas de ese país.
El informe del centro dice que el fenómeno de las pandillas está creciendo en EEUU, pero contrasta con otro, difundido por el Centro de Estadísticas de Justicia, publicado en 1992 y que se refiere a la segunda mitad de los años setenta del siglo pasado. El estudio indica que en poco más de 2.000 ciudades de sobre 10.000 habitantes en EEUU había casi 180.000 pandillas, que tenían cerca de 1,5 millones de miembros activos.
Tales contradicciones en los informes y en los datos sobre el papel protagónico de la situación interna de los propios EEUU en lo tocante a los negocios de contrabando no son centrales en las preocupaciones que se expresan en el plan estratégico de la Casa Blanca sobre el crimen internacional. La mira del presidente Barack Obama enfoca más bien el problema de organizaciones de delincuentes comunes que puedan estar haciendo negocios con terroristas y gobiernos desafectos a Washington.
Otro caso llamativo es el de Puerto Rico, la pequeña nación isleña ubicada equidistante de Guantánamo y Caracas en el noreste del Caribe, colonia de EEUU desde 1898 y que, por su carácter de frontera artificial a 1.000 kilómetros de la costa real estadounidense más cercana, se ha convertido en un punto mayor para el trasbordo del contrabando en esa subregión.
En los decenios de crecimiento y apogeo del imperio estadounidense, Puerto Rico fue base que albergaba muchas operaciones militares de largo alcance, como lo fueron la Estación Naval de Roosevelt Roads y la Base Aérea Ramey Field, esta última parte del Comando Aéreo Estratégico con bombarderos B-52 para la guerra nuclear con la Unión Soviética. Llegó también a tener instalaciones de comunicaciones del mismo nivel como centro «mayor» de radioteletipo para las bases en el país, Guantánamo y Trinidad, así como el sistema de comunicaciones de Roosevelt Roads y Toa Baja, parte del programa «Echelon».
Aunque todo aquello cerró hace años, todavía hay algunas instalaciones de relativa importancia, como el Radar Relocalizable Sobre el Horizonte que vigila Suramérica, de Venezuela hasta el norte de Bolivia, el otro sistema con centro en Aguada que forma parte, aunque menor, en las redes de radares de la flota y las pequeñas bases de mercenarios. Todavía también, la mayoría de los cables submarinos de telefonía y de internet que discurren de EEUU hacia América Latina forman un cono que se encuentra en la vecindad de Puerto Rico y vuelve a separarse para dirigirse a sus destinos.
Pero la diferencia tan marcada entre lo que hubo y lo que se conoce que queda, dejan como otro acertijo el número tan alto de tropas estacionadas en la isla y el hecho de que el costo de mantenerlas se haya más que triplicado en la última década.
Jesús Dávila, San Juan, Puerto Rico, (NCM).