Finalmente los dos últimos días de febrero Jorge Barata, el funcionario de Odebrecht encargado de administrar los recursos de la empresa brasileña en el Perú, respondió ante la fiscalía peruana en Sao Paulo. La espera, que duro casi dos años desde que fuera anunciada, se convirtió en algo así como un Tsunami, que dejó en […]
Finalmente los dos últimos días de febrero Jorge Barata, el funcionario de Odebrecht encargado de administrar los recursos de la empresa brasileña en el Perú, respondió ante la fiscalía peruana en Sao Paulo. La espera, que duro casi dos años desde que fuera anunciada, se convirtió en algo así como un Tsunami, que dejó en escombros a la cúpula corrupta que tiene en sus manos las riendas del Poder en nuestro país.
Ya desde las declaraciones formuladas por Marcelo Odebrecht, se tenía idea de lo que se vendría. Los funcionarios brasileños, procesados en su país y requeridos en otros escenarios, no tenían otra posibilidad, sino hablar contando la verdad, para acogerse a la «colaboración eficaz» que los convertiría de reos, en testigos del procedimiento judicial en marcha.
Librarse de los cargos originalmente esbozados contra ellos, sólo era posible a partir del reconocimiento previo de la naturaleza de los delitos cometidos; pero además, de la entrega de información esencial para desbaratar la red de corrupción montada en nuestro país, y conocer y sancionar a los responsables de ella. Así estuvo trazado el cuadro en la populosa ciudad brasileña a fin de febrero pasado, cuando los funcionarios encargados del trámite de rigor viajaron a Brasil.
La deposición entregada por Barata, saldrá cara a las más connotadas figuras de la política nacional. El propio Jefe del Estado -Pedro Pablo Kuczynski- salió severamente chamuscado de la cita; pero más afectada que él quedó, por cierto, Keiko Fujimori. La candidata de «Fuerza Popular», recibió un total de 1 millón 200 mil dólares, como aporte para su Partido el 2011.
Es verdad que tanto Keiko como Alan García pudieron decir después que ellos no habían sido mencionados, ni acusados, como receptores de las sumas de dinero procedentes de la empresa brasileña; pero también es verdad que ellos -y otros- se cuidaron bien de usar testaferros que operaron en su nombre, y que retiraron los montos cedidos por el consorcio.
La jugada, fue casi perfecta. En representación de PPK, fue Susana De la Puente actual embajadora del Perú en Gran Bretaña, la que pidió y obtuvo la «ayuda». En nombre de Keiko, fueron Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, los intermediarios. Alan García derivó esa tarea en Luis Alva Castro; y Alejandro Toledo en Abi Dan On, el israelita que fuera Jefe de Seguridad de Palacio durante su gobierno. En todos esos casos, los fondos entregados emanaron del Departamento de Operaciones Estructuradas, esa suerte de Cajero Automático que usaba la empresa para pagar coimas a altos funcionarios del Estado.
Hasta lo que se sabe, los dineros para Ollanta Humala y Nadine Heredia, siguieron otra vía. No habrían sido entregados por decisión de Odebrecht, sino más bien por iniciativa del PT y a petición expresa del ex Presidente Luis Ignacio Lula Da Silva. Aparece así la suma como un «donativo» que debiera ser debidamente acreditado.
La diferencia entre Humala y el pelotón de corruptos, no queda sólo en eso. Se extiende además, al hecho que él y su esposa son los únicos que dieron la cara, y se presentaron ante la justicia. Son, obviamente los únicos encarcelados desde hace ocho meses. Todos los demás, tienen un status distinto. Por lo pronto, los fujimoristas Yoshiyama y Bedoya huyeron 24 horas antes de la cita de Sao Paulo, en lo que bien podría interpretarse como un «sálvese quien pueda».
El procedimiento seguido por el Consorcio cuestionado, permite hoy a los «titulares» de las coimas proclamar a viva voz que con ellos, no es. Por lo menos por ahora no se ha podido mostrar prueba alguna que involucre a García o a Keiko como beneficiarios directos de los dineros procedentes de gigante brasilero. Como en los films de la Mafia, ellos actuaron a través de intermediarios, que probablemente no soltarán prenda.
Esta particularidad les ha permitido a todos dar muestras de un cinismo descomunal. Esto, claro, independientemente del hecho que muy pocos les han creído. Por el contrario, la mayoría ciudadana se ha mostrado indignada por el comportamiento de tan altas personalidades, que detentan, detentaron, o pretenden detentar; la máxima jefatura de la Nación.
Debe advertirse, adicionalmente, que la indagación fiscal y judicial en marcha se reduce a la empresa Odebrecht, pero hay hasta otras cinco empresas brasileñas que han usado similares procedimientos en nuestro país. Y otros consorcios, de distintas nacionalidades, que lo han hecho también en las mismas, y en otras circunstancias ¿Se investigara algún día todo ello?
Los pedidos de prisión para los denunciados, no sólo abarcan un espacio voluminoso; sino que habrá de extenderse en las próximas semanas si es que las autoridades judiciales no adoptan medidas acordes con la ira pública.
Un tema adicional, pero no por eso menos importante, es lo que se ha dado en llamar «la secuela social» del caso Odebrecht. Como consecuencia del escándalo surgido -lo anotó el diario «La República»- 60 mil trabajadores fueron despedidos desde febrero del año pasado; y 562 pequeñas y mediadas empresas, vieron afectadas. 175 de ellas, simplemente quebraron.
Otro elemento que resulta indispensable subrayar es que una parte de los «donativos» entregados Por el consorcio brasileño el 2011, fueron destinados a alimentar una «bolsa» que finalmente sumó dos millones de dólares, y cuyo propósito fue hacer «campaña» contra Ollanta Humala. Ella se hizo «en nombre del empresariado» y sirvió para alimentar el caudal de quien asomara en la condición de «rival» de OH, es decir, Keiko Fujimori. Ella no se benefició sólo con los aportes recibidos por su colectividad, sino también con los que financiaron campañas en contra de su adversario de entonces.
Ricardo Briceño Villena, quien era Presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas -la CONFIEP- aparece involucrado en este enredo. Y aunque formalmente el Directorio de la entidad se ha «desmarcado» del caso; el actual titular del cargo, Roque Benavides ha confirmado ese papel asumiéndolo de manera categórica, y ciertamente muy cínica.
Benavides, conocido en el ámbito político por su muy clara adhesión al APRA; ha reivindicado el derecho de los empresarios a «usar su plata como mejor les parezca», al tiempo de reconocer que él se ha sentido siempre muy cercano a Alan García, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski; es decir, el trío que hoy baila con la misma música.
Hay que decir que el accionar de todos estos personajes revela con extrema claridad el comportamiento de la clase dominante, esa oligarquía envilecida y en derrota que se aferra al Poder a cualquier precio y que no estará nunca dispuesta a retirarse. Si Jorge Barata no hubiese revelado -por ejemplo- el tema de los 200 mil dólares para la CONFIEP, Roque Benavides habría callado en siete idiomas. La evidencia, lo ha hecho hablar
Esa clase sabe que más allá de las circunstancias, que pueden asomar hoy adversas, cuenta con la complicidad del empresariado, el apoyo de la «Prensa Grande», y el respaldo de la estructura de dominación laboriosamente construida por ella. Porque eso es así, desde distintos estamentos del Poder formal han surgido llamados a «la calma» y a «la cautela», en procura de evitar «la explosión social», que asoma cada día con más fuerza.
La «explosión social» a la que aluden, es por cierto el poder revolucionario de las masas, que se perfila como una luz en el horizonte, y por la que «los de arriba», sienten simplemente pavor. Por eso sus voceros se esmeran cada instante, en llamar a la «prudencia», exhortando al pueblo a «no perder la democracia», supuestamente boyante.
En nombre de las grandes palabras, asoma un descomunal cinismo que merece el más claro y profundo rechazo ciudadano.
Gustavo Espinoza M. Colectivo de dirección de Nuestra Bandera.
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