La población dominicana encontrará este martes 28 de septiembre, en los medios de difusión, una declaración del Foro de Mujeres reclamando a su gobierno que garantice a las mujeres la posibilidad de vivir en salud después de un aborto, y de disponer de asistencia para la interrupción o para las complicaciones de abortos en curso. […]
La población dominicana encontrará este martes 28 de septiembre, en los medios de difusión, una declaración del Foro de Mujeres reclamando a su gobierno que garantice a las mujeres la posibilidad de vivir en salud después de un aborto, y de disponer de asistencia para la interrupción o para las complicaciones de abortos en curso.
Es imposible pronosticar qué consideración le darán las autoridades o cuánta atención le prestará la gente, porque no es un tema muy tratado en los medios, pese a que todos los años por lo menos 65 dominicanas mueren de cada 100.000 que dan a luz hijos e hijas vivos.
Pero este dato seguramente es un eufemismo. No siempre las causas que registran los certificados médicos son lo que son y, a veces, ellas mueren varios días después, de septicemias y otras derivaciones de los abortos inseguros. Esas, indefectiblemente, son las más pobres.
La fecha que ha puesto en movimiento a la gente más consciente de muchos países del continente y el Caribe encuentra a las dominicanas vigilantes ante el inicio de las discusiones sobre el Código Penal.
En estos debates aspiran no sólo a que se incluya la figura jurídica del feminicidio con estipulaciones de severas sanciones necesarias, sino también que desaparezca o cambie sustantivamente el actual artículo 317 que sanciona el aborto o la cooperación con penas de entre cinco y 20 años de prisión, lo que preocupa a médicos y médicas.
Es una práctica común, sobre todo en las áreas rurales, ingerir abortivos preparados por sabias curanderas, que no siempre pueden evitar los perjuicios a la flora intestinal ni garantizar que la expulsión se consume, lo que con frecuencia lleva a las mujeres a los hospitales. Como el aborto está penalizado -no importa cuántas razones asistan a la mujer-, puede ocurrir que no reciba la atención debida.
Perder la vida por dar vida
Para mayor negligencia con respecto a la salud femenina, la nueva Constitución aprobada en enero estipula la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte, considerando, lejos de todo juicio científico, que hay vida en el cigoto, y que las mujeres están obligadas a parir.
Una reciente publicación de PROFAMILIA, prestigiosa ONG que extiende sus acciones a disímiles áreas vinculadas con la reproducción humana, reprocha que hace unos días, ante la ONU, se reconoció que en Dominicana no se cumplirán los Objetivos del Milenio, el quinto de los cuales aboga por reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes hasta 2015.
De acuerdo con estadísticas de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, la mortalidad materna es de 160 por cada 100.000 nacimientos, un índice muy alto a juicio de los expertos. La población del país está cerca de los nueve millones; la tasa de crecimiento poblacional se encuentra en 1,64 por ciento y la tasa de natalidad es de 25,15 nacimientos por cada 1.000 habitantes.
Si bien es verdad que algo se ha ganado en la toma de conciencia sobre la atención que este fenómeno reclama, lo cierto es que de todas las desigualdades, injusticias y discriminaciones que padecen las mujeres, el perder la vida por dar vida es la peor. Realidades semejantes enfrentan las nicaragüenses, las chilenas, las salvadoreñas y las mujeres de Malta y Timor, países donde el aborto está penalizado sin excepciones.
Lideresas reconocidas, en particular de la Colectiva Mujer y Salud y del Centro de Estudios de Género de la Universidad INTEC, Sergia Galván y Lourdes Contreras, han declarado a SEMlac que las discusiones que acompañaron la reforma constitucional colocaron el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo en la agenda pública y en los medios de comunicación, no obstante que una mayoría del Congreso, muy subordinado a la iglesia católica, fue complaciente con los mandatos cardenalicios.
Es de esperar que la próxima discusión del Código Penal, sujeto a reformas y próximo a ser puesto a consideraciones legislativas, provoque semejantes debates.
Voces y plumas muy lúcidas rompieron lanzas a favor de las mujeres, pero la parte de los congresistas que votó en contra temía por sus cargos en las elecciones que habrían de producirse en mayo pasado. Lo ocurrido fue una evidencia de la pérdida de poder de la clerecía: la ciudadanía les negó el voto a buena parte de ellos y ellas, y favoreció, por el contrario, a quienes optaron por la vida de las mujeres.
Indignada, la periodista Sara Pérez, de El Nacional, hizo esta reflexión: «la misma iglesia que dice que la guerra se justifica en determinadas circunstancias, también afirma que un aborto no se justifica, aunque el embarazo sea producto de una violación o amenace la vida de la afectada».
Y Lilliam Fondeur, una médica y articulista que descuella por su actual liderazgo, increpó a los implicados: «Si la Constitución no sabe nada de mi cuerpo, cómo se les ocurre que pueda controlarlo», escribió.
«La Constitución marca las pautas de las políticas públicas, dentro de ellas las políticas de educación y de salud. El Código Penal debe responder a las necesidades de la población. El Estado no puede fingir ceguera o simular oídos sordos ante las miles de niñas y mujeres embarazadas por violación. La revisión del nuevo Código Penal debe velar por la vida de todos y todas, inclusive de las mujeres pobres…», agregó.
Coordinadora de la conmemoración continental
Así las cosas, la coordinación de las actividades latinoamericanas y caribeñas para este 28 de septiembre se delegó en una organización dominicana, la Colectiva Mujer y Salud. En su propio patio, ellas han encabezado las fuerzas que proclaman la necesidad del aborto legal y seguro, apoyado en los principios de que las mujeres deciden; la sociedad respeta; el Estado garantiza; las iglesias no intervienen.
El Llamamiento con motivo de este 28 de septiembre insta a los Estados de la región a asegurar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el mayor grado posible, prestando particular atención a:
1. Facilitar los procesos de despenalización y/o legalización del aborto en los países de legislación restrictiva, así como la puesta en marcha de políticas que garanticen a las mujeres el acceso a servicios oportunos y de calidad.
* Para reducir la mortalidad materna es necesario un abordaje integral del aborto que incluya aspectos legales, médicos y sociales. Aun en contextos de legislación restrictiva, los Estados deben ofrecer tratamiento oportuno y libre de la amenaza de persecución judicial a las mujeres que acuden a los servicios de salud con abortos en curso.
* Los Estados no pueden tolerar la objeción de conciencia en hospitales públicos y otros contextos institucionales donde esto se convierta en un obstáculo al ejercicio de derechos o ponga en peligro la salud o las vidas de las mujeres.
* Los Estados deben cesar las persecuciones judiciales selectivas y abusivas de mujeres que han abortado, las cuales afectan mayormente a las más pobres.
Aunque sólo un caso se ha conocido en Santo Domingo, el proceso quedó silenciado y ni la mujer ni el médico fueron a prisión. Pero se sabe que en El Salvador y en algunos estados de México varias de ellas han sido encarceladas. El Llamamiento por el Día de la Despenalización del Aborto afirma que, en nuestros países, esto constituye una injusticia incalificable.
En otros de sus párrafos exhortativos el documento dice:
2. Tanto el ejercicio de derechos como la reducción de la tasa de aborto requieren de una ampliación de los servicios anticonceptivos, con mejor calidad y acceso para todas las mujeres, en particular las adolescentes y las jóvenes. Esto debe incluir la anticoncepción de emergencia, bajo amenaza permanente por parte de los sectores conservadores.
3. Los Estados deben garantizar la seguridad de las defensoras de los derechos de las mujeres, en particular los sexuales y los reproductivos, en todos aquellos países donde éstas enfrentan persecuciones, intimidación y amenazas.
4. El extremismo religioso constituye una amenaza a la institucionalidad democrática y al ejercicio de derechos ciudadanos que debe ser reconocida y enfrentada por los Estados. Los Estados deben reafirmar y proteger el carácter laico y plural de la democracia, evitando injerencias indebidas de extremistas religiosos que afecten la realización de reformas legales y/o la puesta en marcha de políticas públicas tendentes a mejorar la salud de las mujeres y su ejercicio de derechos.