Un debate en torno a la constitución neoliberal vigente se intensifica hoy en Perú, al salir del ámbito político y jurídico, y extenderse a la sociedad, con un reclamo indígena de una asamblea constituyente. El tema fue puesto sobre el tapete por el presidente Ollanta Humala, quien al jurar el cargo en el Congreso, el […]
Un debate en torno a la constitución neoliberal vigente se intensifica hoy en Perú, al salir del ámbito político y jurídico, y extenderse a la sociedad, con un reclamo indígena de una asamblea constituyente.
El tema fue puesto sobre el tapete por el presidente Ollanta Humala, quien al jurar el cargo en el Congreso, el pasado jueves, prometió honrar el espíritu, los valores y principios de la carta magna nacionalista de 1979.
El hecho motivó la escandalosa reacción, a gritos hostiles, de elementos de la bancada de seguidores del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), bajo cuya férula se aprobó la constitución actual y que reclamaban al nuevo mandatario sujeción absoluta a la misma.
Los fujimoristas llegaron al extremo de desconocer a Humala como presidente por haber jurado por una carta magna sin vigencia y los protagonistas del escándalo están a punto de ser sancionados por el Legislativo.
La validez de la impugnación fue descartada por el presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, y otros juristas, en cuya opinión el mandatario no cometió infracción alguna porque se comprometió a respetar el orden legal vigente.
El ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, constitucionalista, y otros miembros del gobierno y legisladores del bloque oficialista Gana Perú rechazaron al mismo tiempo la pretensión de que la carta actual sea intocable y dijeron que puede ser modificada.
Según el argumento, ese documento jurídico tiene relativa legitimidad, por haber surgido de un autgolpe de Estado (1992) que clausuró el Congreso y porque su aprobación careció de consenso.
Además, la propia carta magna tiene mecanismos para su reforma, la que, según Eguiguren, se buscará con consulta al Congreso, de ser necesario para el proceso de transformación con fines de equidad que anuncia Humala.
El congresista socialista de Gana Perú Javier Diez Canseco fue más allá y, a título personal, señaló que el mensaje presidencial del pasado jueves contiene políticas y medidas, cuya realización requerirá profundos cambios constitucionales.
«La realidad nos interpela diariamente y nos exige un nuevo contrato social que haga posible la convivencia armoniosa de todos los peruanos», dijo ese día Humala, lo que para Diez Canseco plantea una nueva Constitución.
A la luz del mensaje, indicó el legislador, el cambio debe ser político, porque el nuevo presidente habló de lograr una democracia participativa, pero también social y económico.
Para el ministro de la Producción, en lo económico la mayor presencia del Estado en la economía planteada por Humala puede lograrse con leyes específicas, pero las reformas constitucionales no pueden ser tabú.
El tema parece no tener consenso porque el ministro de Economía, Luis Castilla -tecnócrata neoliberal que fue viceministro en el anterior gobierno-, sostuvo que un cambio constitucional no está en la agenda y causaría incertidumbre.
Tal argumento es usado por los gremios empresariales y la prensa conservadora, aunque el ministro Eguiguren piensa diferente y argumenta que la carta actual tiene puntos que obstaculizan la transformación buscada.
«Toda Constitución tiene también un techo ideológico y el de la carta de 1993 piensa en un Estado de segunda clase, subsidiario, y no solo en lo económico» y subordinado al interés individual de lucro.
El exdecano del Colegio de Abogados de Lima Walter Gutiérrez consideró que el nuevo presidente apunta a reformar la Constitución, lo que consideró una «intención legítima».
Por su parte, el líder indígena de una protesta aymara de la región surandina de Puno que el pasado gobierno reprimió con saldos mortales, Walter Aduviri, planteó la necesidad de una asamblea constituyente que elabore una nueva carta magna.
Señaló que el cambio es necesario porque la carta vigente ha hecho posible concesiones mineras excesivas contra las que protestaron los aymaras, que obligaron al pasado gobierno a anular una concesión dada a una empresa canadiense cerca de la frontera con Bolivia, y que los nativos rechazaron por su impacto contaminante.
Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=311855&Itemid=1