Hay un problema muy visible en el mundo globalizado: el desempleo. Es una manifestación, causa y consecuencia de la pobreza. Los seguros contra el desempleo han sido insuficientes, y la llamada renta mínima o básica es declaratoria de intenciones. La falta de empleos de buena calidad ha dado paso al creciente aumento del subempleo e informalidad, una condición necesaria para avanzar con el proceso de acumulación de capital sobre la base de la sobreexplotación del trabajo humano.
La teoría de la dependencia Latinoamericana y sus principales exponentes, ejemplo Ruy Mauro Marini, destaca que, en estos países, se conjugan todas las formas de sobrexplotación del trabajo, sea por aumento de la jornada de trabajo no remunerada (trabajo excedente), poco o ningún reconocimiento de ajuste en salario por aumentos en productividad del trabajo [1], y salarios bajos frente a aumentos sostenidos del costo de reproducción material del obrero y su familias. Se cree falsamente que profundizando esta sobrexplotación, los países y pueblos dependientes se volverán más competitivos y podrán avanzar hacia estadios de desarrollo más amplios, desconociendo que es una modalidad de capitalismo dependiente que profundiza el subdesarrollo a lo interno de las economías y sociedades.
Es muy importante tener esta referencia teorica-empirica en mente, ya que en el marco de las políticas y programas de ajuste y estabilización económica promovidos mayormente por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial, las políticas de empleo y salarios tratan de ligar el reajuste del salario a causa de la pérdida de su poder adquisitivo por la mayor inflación, sin considerar la suficiencia de estos para satisfacer las necesidades materiales de las familias, ni las ganancias -en exceso- obtenidas por los empresarios a costa de la sobreexplotación. El costo de la canasta básica de alimentos es por lo general mayor a lo que puede comprar el salario, y cuando no lo es, hay indicios de “blanqueo” de cifras por el Gobierno y empresarios.
En el caso de Honduras, la aspiración de dirigentes obreros es un ajuste de salarios igual al porcentaje en que incrementaron los precios el año anterior, aun cuando soliciten un aumento mayor que no se otorgará. El espacio también se reduce para otorgar ajustes automáticos de salarios mensuales, por lo que hay que esperar hasta el nuevo año. El argumento de soporte de los empresarios, no de todos, es: Si la inflación interanual superó cierto umbral (porcentaje), lo cual impacta en el precio de los productos y volumen de ventas, las centrales obreras y el Gobierno no deben promover acciones “populistas” al pedir ajustes automáticos de salarios, ya que, según la legislación vigente, es una decisión que corresponde a ambos con la mediación de éste en la Comisión Tripartita nombrada para tales efectos.
Una de las promesas a la colectividad nacional de la presidenta electa, Xiomara Castro, fue la derogación de la Ley de Empleo por Hora, una ley temporal elevada a permanente por el Gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), mediante Decreto Legislativo No. 354-2013 del 31 de marzo de 2014, aun cuando uno de los factores habilitantes, como la crisis política de junio de 2009 que supuestamente impactó en los niveles de empleo, ya no estaba vigente.
Esta Ley fue derogada por el Congreso Nacional mediante Decreto Legislativo N. 38-2022 del 28 de abril de 2022, justificado en la creciente pérdida de derechos y beneficios sociales por los trabajadores, muchos de los cuales fueron despedidos y recontratados por hora con tales propósitos. La lentitud en la reglamentación de la ley y el argumento del sector empresarial que la derogación impactó negativamente en la población contratada, ya que muchos de ellos fueron despedidos, ha generado nuevas iniciativas que, para dirigentes de las centrales obreras, buscan restituir la legislación anterior bajo otra denominación: empleo parcial.
Una de estas iniciativas es promovida por la bancada del Partido Liberal en el Congreso Nacional, al proponer reformas al artículo 238 del Código de Trabajo, para permitir y validar el trabajo a tiempo parcial. La otra viene del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) que busca la aprobación de un nueva Ley de empleo a tiempo parcial, que sustituya a la Ley de Empleo por Hora derogada. Estas iniciativas se han consolidado en una una sola, y el diputado Mauricio Villeda del Partido Liberal, es el abanderado en el Congreso Nacional, pero sin tener “eco” en la colectividad nacional por considerarlo un retroceso.
Los argumentos a favor de estas iniciativas son varios, defendidos por empresarios, diputados, ciertos dirigentes obreros “tarifados” y analistas políticos y económicos. El primero refiere a que Honduras, en la coyuntura actual de crisis y “eventual” recesión económica, no debe permitirse el lujo de destruir o desechar la contratación de empleos, solo porque no son permanentes ni gozan de la protección social a la que tienen derechos los trabajadores. La segunda es que la contratación de empleos es una decisión entre el empleador, llámese empresa o empresario y la persona que busca empleo y necesita su salario, por lo que nadie está obligado a aceptar una relación de trabajo sino les favorece. Se ofrece un trabajo por hora o a tiempo parcial y si se acepta bueno y si no también; hay otros que necesitan el empleo y aceptarán las condiciones laborales ofrecidas, no hay prisa por el lado del oferente.
A ello se suma la llamada insuficiencia del Código de Trabajo por regular este tipo de empleos, por lo que se necesita una legislación especial y complementaria, tal como se hizo con la ley de empleo por hora. Hoy se justifica más, ya que el aumento del desempleo y subempleo ha llegado a cifras alarmantes, teniendo parte de culpa el Covid-19, los huracanes y la crisis heredada por el mal uso de los fondos de inversión pública y la caída de la Inversión Extranjera Directa (IED). La tasa de desempleo se estima en 9% y el subempleo total abarca a más del 70% de la población hondureña. En general, más del 50% de la población enfrenta problemas de empleo, siendo el principal desafío desde las políticas económicas y sociales, y también de la gestión pública del Gobierno.
La migración es una válvula de escape para enfrentar el problema de falta empleo y subempleo por las familias, pero no es la solución. “Del 1 de enero al 13 de noviembre de 2022, unos 80,855 hondureños fueron retornados a Honduras de diferentes países del mundo, es decir, un promedio de 230 diarios. Del total de retornados, a Honduras, unos 52,243 (65%) son hombres, 15,578 (19%) mujeres, 7,220 (9%) niños y 5,814 (7%) niñas”.[2]
Los dirigentes de las centrales obreras se manifiestan en contra de dichas iniciativas, al considerar que el retroceso será más perjudicial que la ley de empleo por hora, generando inestabilidad política y social. Esta nueva legislación, según el argumento de los “líderes” de las centrales obreras, busca eliminar los empleos permanentes y las conquistas alcanzadas, igual despojar aún más a los y las trabajadoras, ya que no se reconocerán derechos de asistencia y protección social. Introduce mayor flexibilidad al mercado de trabajo, donde la peor parte la lleva el empleado u obrero, muchos de los cuales no podrán incluso sindicalizarse.
Algunos dirigentes obreros como Carlos H. Reyes son del criterio que no existe ambiente en el Congreso y país para aprobar una legislación de este tipo, en tanto sería como volver a legalizar el empleo por hora que fue derogado por el mismo Congreso Nacional. No obstante, hay manifestaciones a favor de aprobar esta (s) reforma o nueva legislación entre los diputados del Partido Liberal, Partido Nacional y parte del partido “Salvador de Honduras”, por lo que se contaría con los votos requeridos para ello. Es visible también la presión del COHEP y sus Cámaras para que se dé, igual de la prensa mediática que mira como la única opción para bajar los niveles de desempleo y poner dinero, aunque muy poco, en el bolsillo de los trabajadores contratados.
El COHEP se pronunció inicialmente en contra de una eventual negociación para ajustar la tabla de salario mínimo para 2022, donde se otorgó un aumento promedio de 6.20%, siendo los y las trabajadoras de la escala de 1 a 10 trabajadores que recibió un porcentaje menor de 5.32% de aumento, por debajo del porcentaje solicitado por las Centrales Obreras de 10%.Este porcentaje de ajuste del salario mínimo para las pequeñas empresas se mantuvo para 2023, pero a condición que en “ caso que el índice de inflación interanual registrado al mes de diciembre de 2022, emitido por el Banco Central de Honduras, sea mayor al ajuste fijado para el año 2023, se deberá aplicar un ajuste igual al porcentaje de inflación registrado para lo cual se deberá emitir el respectivo acuerdo a través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, con los valores actualizados”. (Decreto Ejecutivo N. STSS 308-2022, del 6 de abril de 2022).
El porcentaje de inflación en 2022 fue de 9.8%, por lo que el Gobierno aprobó un ajuste de salario equivalente, según las escalas establecidas por número de trabajadores, pero sin considerar lo referido a incrementos de productividad que, a diferencia del pasado, ya no es una variable efectiva en las negociaciones de ajuste del salario mínimo, mucho menos el costo real de la canasta de alimentos o total.
Es entendido que el aumento de la inflación afecta a los que dependen de un salario o bonificación social, especialmente aquellos denominados como trabajadores atípicos, informales o por hora, ya que sus ingresos son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas y familiares. Al aumento del costo de los alimentos se suma el de los medicamentos, vivienda, vestuario, salud, educación y consumo de agua, por lo que el salario no debe ser visto como un premio para aquellos que no lo tienen, sino como un ingreso monetario por el trabajo realizado, capaz de contribuir a garantizar la reproducción de las condiciones materiales de vida de trabajador (a) y familia.
El director de la Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), Guillermo Cerritos, señala que 65.7% de los hogares hondureños no cubren el costo de la canasta básica de alimentos, superior a los 7,000 mil lempiras según sus cifras y de fuentes poco confiables, por lo que un empleo de tiempo parcial no contribuye como política de Estado a solucionar el problema, más bien lo puede agravar si se acompaña con una creciente desprotección social, al no garantizarse la atención en salud a los trabajadores (as) y demás derechos laborales.
La pregunta es porque insistir en una política y practica laboral y salarial de este tipo, y mejor avanzar en políticas más integrales, donde el objetivo-meta sea la generación de empleos de buena calidad, sostenibles que impacten positivamente en la reducción de los niveles de pobreza y creciente migración rural y urbana familiar.
El aumento de los montos de inversión publica y privada son importantes, pero más se necesita aumentar coberturas y mejorar la calidad de la educación tradicional, pero sobre todo técnica; igual ampliar la oferta interna de productos básicos con estrategias visibles que apoyen a las economías campesinas y cooperativas agrarias con programas y proyectos de desarrollo productivo [3] donde los servicios de crédito agrícola y asistencia técnica no se usen como sinónimo de transferencias monetarias por el Estado, sin retorno.
Hay críticas a las políticas de crédito del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) en el Gobierno del Poder Popular para beneficiar a los pequeños productores, ya que no se garantiza un servicio efectivo de asistencia técnica y comercialización de los productos, ni retornos de la inversión para el Estado, lo cual no permite poder ampliar coberturas; como en el pasado, la mora va en ascenso.
Desde la Academia, hay que cambiar los enfoques tradicionales acerca del análisis del problema del empleo y bajos salarios, centrados en la segmentación del mercado de trabajo y desigualdades e inequidades por raza, género e ingresos, buscando-a nivel agregado- mejoras de competitividad de corto plazo por bajos salarios y control de la inflación para ajustes compensatorios. Un análisis estructural del mercado de trabajo de la economía hondureña puede ser un buen comienzo, igual de las políticas públicas y programas de inversión de arrastre [4]. Todavía, hay tiempo para ello, y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la Secretaria de Planificación Estratégica (SPE) esperan trabajar en forma conjunta y generar información de primera mano para la toma de decisiones.
A lo mejor esta sea una oportunidad para darle plena funcionalidad al Consejo Económico y Social (CES) [5], y permitir un dialogo y concertación más amplia entre el Gobierno, las centras obreras/campesinas y sector privado. En el Gobierno de JOH esta instancia, se volvió invisible y los dirigentes gremiales se “pegaron” a las políticas de gobierno, acompañando muchas acciones en perjuicio de la colectividad nacional. Hicieron “bulla” por la ratificación de la Ley de Empleo por Hora, guardaron silencio frente a los actos de corrupción del Gobierno y aprobaron una política nacional de empleo a la medida de los empresarios “cúpula” y el FMI.
El COHEP dice que se dejaron de generar 42,000 empleos por hora con el feriado de Semana Semana, pero no dice nada sobre la calidad de los “posibles” empleos perdidos. Si un trabajador se va del país, no porque este desempleado sino porque la paga no ajusta, las discusiones y presiones al Congreso para que apruebe una nueva ley de empleo parcial son improductivas. Se necesitan mayores presiones al Ejecutivo y Legislativo para aprobar una nueva ley que de soporte a políticas de empleos y salarios de mayor plazo, donde la garantía de la reproducción material del trabajador y su familia este cubierta.
Finalmente, las Centrales Obreras esperan que de darse una componenda en el Congreso Nacional, donde los partidos de oposición (Liberal y Nacional) y ciertos diputados del partido “Salvador de Honduras”, aprueben reformas al Código de Trabajo o una nueva ley de empleo a tiempo parcial, la presidenta electa tendrá listo el veto presidencial. Estas iniciativas van en contra de su propuesta política, del ideario del Partido LIBRE y del modelo alternativo al neoliberalismo: socialismo democrático.
Notas:
[1] Un aumento de la productividad del trabajo no es sinónimo de la creación de más valor, sino de más productos en el mismo tiempo de trabajo, pero el dueño de los medios de producción puede ofrecer la mercancía a menor precio que sus competidores captando u obteniendo una plusvalía extraordinaria en la rama a la que pertenece. Ver de Mauro Marini, Dialéctica de la Dependencia. Serie Popular ERA, México, DF, 1973.
[2] Declaraciones de Liliana Reyes, Funcionaria de la Oficina del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), Comunicado de Prensa, Tegucigalpa, Honduras, 19 de diciembre de 2022.
[3] El Gobierno, sobre todo la institucionalidad agroalimentaria, se está tardando en la revisión y análisis de impacto de la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA) y el RD-CAFTA, que legaliza la concentración de la tierra, los agros negocios tóxicos y las importaciones masivas de alimentos con impactos no deseados en las economías campesinas y ambiente.
[4] Un programa de arrastre los fue el Plan de Inversión para la Reactivación Económica del País 2020-2021 para beneficio de las personas, Mi pymes y la generación de empleos, pero que no contó con los fondos suficientes, y enfrentó cuestionamientos por el manejo de los pocos recursos asignados como fondos frescos. Lo mismo puede decirse del programa Honduras “2020”, vendido como “estrella” por el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández destinado a generar unos 600,000 puestos de trabajo ( la mayoría de mala calidad), pero que fracasó en el cumplimiento de la meta.
[5] El CES fue creado en febrero de 2002, mediante decreto Ejecutivo N. PCM-016-2001, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, integrado por empresarios, Gobierno y organizaciones obreras-campesinas. Una de sus funciones principales, es el estudio de las políticas de empleo, salarios e inversión y la formación educativa de la clase trabajadora, sirviendo además de órgano de consulta y asesoría al Gobierno y gabinete económico.
Javier Suazo. Economista hondureño especializado en políticas económicas y relaciones internacionales, con estudios doctorales en ciencias economías.