Un coronel y ocho soldados de Guatemala fueron detenidos ayer acusados de ejecuciones extrajudiciales por la matanza de al menos seis campesinos indígenas el 4 de octubre por militares durante una manifestación. La fiscal general, Claudia Paz y Paz, dijo en rueda de prensa que el coronel Juan Chiroy Sal, quien comandaba el contingente de […]
Un coronel y ocho soldados de Guatemala fueron detenidos ayer acusados de ejecuciones extrajudiciales por la matanza de al menos seis campesinos indígenas el 4 de octubre por militares durante una manifestación.
La fiscal general, Claudia Paz y Paz, dijo en rueda de prensa que el coronel Juan Chiroy Sal, quien comandaba el contingente de soldados antidisturbios que disparó contra los manifestantes, es considerado «el principal responsable» de la matanza.
El jefe militar y los soldados, entre ellos dos mujeres, fueron detenidos hoy y llevados a un tribunal para que presten declaración por los delitos de ejecución extrajudicial, ejecución extrajudicial en grado de tentativa y lesiones de los que les acusa la Fiscalía.
Paz y Paz explicó que, según la investigaciones preliminares, el coronel Chiroy «tenía la misión de prestar apoyo a la Policía, pero no coordinó las acciones y desobedeció la orden que le dio el mando policial de no acercarse al lugar de la manifestación».
El coronel y su tropa, agregó, se acercaron hasta unos 500 metros de donde estaba la mayor concentración de indígenas y campesinos, ordenó a los soldados descender de los camiones militares, pero al comenzar el enfrentamiento abandonó el lugar dejando a la tropa a su suerte.
«Lo más grave y más serio es que él (Chiroy) abandonó el lugar y dejó sin mando a los miembros del ejército», por lo que «es responsable directo del delito de ejecución extrajudicial y de lesiones», afirmó.
La fiscal general desligó de cualquier responsabilidad de la matanza a la Policía Nacional Civil (PNC), cuyos agentes lograron disolver la manifestación sin que se registraran heridos ni muertos, ya que de acuerdo a las investigaciones, al escuchar los disparos los agentes de las Fuerzas Especiales Policiacas que se encontraban cerca llegaron al lugar pero ya no encontraron a los militares.
«La información recabada demuestra que la Policía le dijo al Ejército que no se acercara porque no era conveniente. La Policía estaba a una distancia prudencial de los manifestantes y le hicieron la parada al convoy militar, pero continuó su marcha en contra de la vía», sostuvo la fiscal general.
Según las investigaciones de la Fiscalía, durante los incidentes solo se registraron 6 muertes, 34 heridos (13 de bala y el resto con golpes) y hay un desaparecido.
Dos de las víctimas mortales recibieron heridas de bala por la espalda y los otros cuatro de frente.
Sin embargo, los grupos de campesinos organizados han asegurado que los indígenas fallecidos fueron ocho, mientras que la Procuraduría de Derechos Humanos habla de siete muertos y un desaparecido.
Los incidentes se registraron cuando miles de habitantes del departamento de Totonicapán, en el oeste del país, protestaban contra el alza de la energía eléctrica y las reformas constitucionales que promueve el presidente Otto Pérez Molina.
El gobernante anunció el miércoles que prescindirá del Ejército para disuadir a manifestantes y que esa labor la ejercerá solo la Policía Nacional Civil, que deberá seguir un protocolo que se hará público en una fecha no precisada.
Pérez Molina, un general retirado que ha prometido «mano dura» contra el crimen, reiteró que su Gobierno acatará los resultados de la investigación judicial de hechos de Totonicapán.
«Me alegra que la Justicia haya actuado con prontitud», dijo el mandatario a los periodistas en Casa Presidencial, y destacó que el ministerio de la Defensa «colaboró en todo» con las autoridades para las investigaciones y capturas derivada de este hecho.
Por otra parte, en informes separados presentados este jueves la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coinciden en acusar al Ejército de haber violado el derecho a la vida de los campesinos.
Ambas instancias celebraron la decisión del Gobierno de prescindir de las Fuerzas Armadas para disolver futuras manifestaciones, y le aconsejaron promover el diálogo y atender las demandas sociales.
Esta es la primera agresión de militares contra campesinos que se registra en Guatemala desde 1996, cuando concluyó la guerra interna de 35 años que padeció este país centroamericano que causó más de 200.000 muertos, la mayoría responsabilidad del Ejército.