Es heredero del discurso de la «Santa Alianza» con que las oligarquías europeas del siglo XIX y XX buscaban aplacar los movimientos obreros revolucionarios, minar su internacionalismo y alinearlos detrás de la bandera nacional en las guerras imperialistas contra otros estados. Fue utilizado por la derecha local para implantar reformas neoliberales y ahora es el […]
Es heredero del discurso de la «Santa Alianza» con que las oligarquías europeas del siglo XIX y XX buscaban aplacar los movimientos obreros revolucionarios, minar su internacionalismo y alinearlos detrás de la bandera nacional en las guerras imperialistas contra otros estados. Fue utilizado por la derecha local para implantar reformas neoliberales y ahora es el caballo de batalla del presidente Mujica y su gobierno progresista neoliberal: hablamos del mito de las «políticas de estado», cuya función sigue siendo construir una relación hegemónica de las clases propietarias de los medios de producción sobre las clases trabajadoras y los desempleados, inculcarles sus valores productivistas, desmovilizarlos políticamente y hacerlos trabajar para su enriquecimiento.
Programa narrativo
El programa narrativo de ese mito tiene como destinatario a la «nación», entendida ésta en su diversidad de clases; es decir, se trata de un programa conservador. El objeto entregado a esa nación es la prosperidad en el más amplio sentido: económico y cultural, por lo menos. El proceso por el cual el partido sujeto «del cambio» -y ya no las clases trabajadoras- busca hacerse del objeto (denominado en diversas ocasiones como: «desarrollo», «Uruguay productivo», «país de primera», «sociedad inclusiva») es la negociación en el marco de la democracia parlamentaria. El sujeto «del cambio», por otra parte, se presenta en el discurso como cada vez más abarcativo, lo que se sintetiza en el lema oficialista «para todos y con todos». La «nación» es a la vez destinatario y destinador, y de ese modo se refuerza y legitima el mito de la representación de intereses en la democracia capitalista: la nación encarga a sus políticos realizar políticas universalmente venturosas, y estos cumplen con esa misión, devolviéndoles el progreso, la prosperidad universal, «para todos». Se cierra el círculo de la democracia representativa.
Ficciones matemáticas
Los gobiernos de izquierda intentan demostrar esta discreta utopía con cifras. Recurren a la legitimidad científica -cuyos aparatos estadísticos han sido duramente criticados sobre todo en su pretensión de Verdad desde el análisis epistemológico, pero a nivel de la población general, son muertos que gozan de excelente salud y prestigio- para demostrar la superación de la «emergencia social» -como se dio en llamar al hambre generalizada y la miseria en varios estratos de los desempleados crónicos-, el avance en la cobertura de los sistemas de salud, la disminución de deserciones y repeticiones en el sistema educativo. Por supuesto que dentro de su misma lógica son avances prendidos con alfileres: la desnutrición infantil permanece clavada en el 14% de los niños nacidos en hospitales públicos (según informes de la FAO/ONU cuestionados por el gobierno, obviamente), el sistema médico mutual está masificado y se ha deteriorado la atención primaria -a la vez que se enriquecen las juntas directivas de las grandes mutualistas ya que su «universalización» se basó en un impuesto directo a los trabajadores-, el sistema educativo tiene menos deserciones porque se chantajea a las familias pobres con la neoconservadora idea de la «ayuda social a cambio de» que sus hijos vayan al liceo, a la vez que se presiona desvergonzadamente a los docentes de primaria y secundaria para que promuevan a los estudiantes más allá de su nivel de aprendizaje y de sus inasistencias. Por otro lado intentan mostrar -y esto sí es más fehaciente- la prosperidad de los ricos, más directamente percibible en el incremento impetuoso del PIB, el aumento de las inversiones capitalistas nacionales y trasnacionales, el cumplimiento cabal -y siniestro- del pago de la deuda pública -que contrariamente a lo que se cree, es en buena parte destinada a pagar intereses de títulos tenidos por uruguayos ricos, entre ellos muchos diputados y senadores-. Algunas cifras se ocultan o se muestran tímidamente, y sobre todo no se difunden de modo «pedagógico» para que las comprenda toda la población más allá de su nivel educativo: el crecimiento de la deuda pública para sostener el tipo de cambio atrasado que favorece a los importadores, a los especuladores financieros y empresas trasnacionales, la primarización de la producción, y sobre todo el aumento de la concentración de la riqueza en el estrato más alto, lo que nos coloca en una situación similar a la época de la dictadura militar cuya función fue, precisamente, enriquecer a los más ricos y someter a los más pobres. ¡Vaya! Tampoco se pregonan los indicadores no económicos o no se los liga con el desarrollo del modo de producción -aunque fuertemente ligados al carácter inestable y precario del empleo, al sentido excluyente de la economía, a los bajos ingresos y las malas expectativas de futuro-: accidentes de tránsito, deterioro de la salud mental de la población, suicidios y emigración.
Explotación y contención de los explotados
En definitiva, más allá del discurso, el resultado real de la implementación de las «políticas de estado» favorece a unas clases y perjudica a otras. Una clave está en ver la concentración del ingreso en las clases altas, las verdaderas favorecidas por las prácticas gubernamentales del Frente Amplio. Ocurre que, en el funcionamiento del sistema capitalista, la riqueza se produce sobre la base de la explotación de los trabajadores, esto es, de los componentes de la producción: capital, trabajo y materia prima, el trabajo, en la relación salarial, recibe un salario cuyo valor es siempre menor que la riqueza que produce el esfuerzo del trabajador, a la vez que se infla el valor del capital (tanto de modo simbólico en los discursos gubernamentales, empresariales y de los medios de difusión masiva, como de modo «real» en términos de rentabilidad). La diferencia entre el valor que el trabajador produce y el valor del salario que recibe a cambio, es apropiada por el empresario y por el estado y constituye la base de sus ganancias, conociéndose más allá y más acá de la teoría marxista como «plusvalía». A fines del siglo XIX se pensaba que la tendencia del valor del salario era siempre el mínimo indispensable para que el trabajador reprodujera su fuerza de trabajo, algo que era observable en la pauperización obrera: los trabajadores vivían en asentamientos precarios y literalmente apenas mal ganaban para comer, trabajaban también sus hijos y no tenían «leyes sociales» que protegieran su condición. Esta injusticia tan acentuada, en una época en la que el texto de la cultura admitía la posibilidad de metarrelatos heroicos y la posibilidad sobre todo de transformar la sociedad a voluntad de los actores sociales para construir un orden social más justo, dio lugar a periódicas huelgas generales, rebeliones y revoluciones, algunas de las cuales lograron con éxito instaurar regímenes socialistas más o menos autoritarios pero que en definitiva expropiaron los medios de producción a sus hasta entonces dueños capitalistas. En una notable operación de autorregulación, el sistema capitalista dio lugar al «capitalismo humano» a lo largo del siglo XX, en versiones que van desde la socialdemocracia hasta el neoliberalismo de «tercera vía» como el que se desarrolla actualmente en Uruguay. El primero promovía políticas sociales universalistas de acceso a la educación, la salud, la vivienda, leyes para la dignificación del trabajo y una distribución del ingreso progresiva -es decir, disminuía la porción de plusvalía que se apropiaban los capitalistas-, mientras que el segundo asume más claramente las políticas sociales como políticas de seguridad, favorece la sobreexplotación de los trabajadores pero establece algunos mecanismos de «integración social» (canastas de alimentos, «salario social», trabajos temporales subsidiados por el estado vía organizaciones no gubernamentales) para los sectores pauperizados que ni siquiera son explotados en una relación salarial, los desempleados crónicos, los más pobres de los asentamientos precarios y cantegriles. Los gobiernos de tercera vía logran la estabilidad principalmente cuando son ejercidos por partidos de izquierda, porque su control político de la burocracia sindical, el despliegue de su militancia en los movimientos sociales de base, y su discurso ambivalente (desarrollo del capitalismo + bienestar de los trabajadores) logra inmovilizar a la sociedad, disfrazando políticas de explotación de trabajadores y enajenación de recursos como políticas redistributivas. En realidad, ni siquiera los gobiernos realmente socialdemócratas tienen mucha posibilidad de redistribución de la riqueza, en la medida que no alteran el mecanismo básico de la producción de valor, la relación salarial empresario/trabajador en medios de producción privados, que está signado por la explotación y la consiguiente distribución desigual de la riqueza. Lo que hacen los gobiernos socialdemócratas es atenuar la explotación y los de la tercera vía atenuar el daño y la visibilidad de sus efectos sociales. Ninguno de ellos se sostiene demasiado en el tiempo, ya que requieren períodos de crecimiento del producto interno bruto (PIB) sostenidos en situaciones de alta demanda internacional de productos nacionales. Cuando esta situación cambia, caen las políticas públicas de contención de la pobreza, ascienden gobiernos neoliberales de derecha y se intensifica la conflictividad social. En ese nuevo escenario volvemos a ver a los partidos de izquierda destronados vestirse con ropajes pseudo-revolucionarios, por puro oportunismo político, es decir, para ocupar una posición ventajosa de cara a las próximas elecciones.
Las políticas de estado del gobierno de Mujica
Si vemos el discurso de asunción del actual presidente uruguayo(1), encontraremos en estado de pureza al discurso de las «políticas de estado». Las justificaciones vienen desde el discurso económico productivista o desarrollista: es necesario hacer crecer las ganancias para poder distribuirlas -lo cual implica negar el procedimiento de producción de la pobreza, que radica precisamente en la relación salarial en el seno del modo de producción-. Pero también desde un discurso historicista referido a la «unidad nacional» de todas las clases sociales en aras del desarrollo del país. Es que el desarrollo económico es visto, de modo implícito, como simple crecimiento de las ganancias capitalistas, por más que se diga una y otra vez lo contrario. Porque el aumento del PIB no podría mostrarse alegremente como una cifra positiva si no va a compañado de una desconcentración de la riqueza y una proliferación de emprendimientos productivos no salariales, autogestionados, cooperativos. Incluso se promueve ya no un discurso de enfrentamiento contra otro estado (lo cual sí se usó en el gobierno de Vázquez para suscitar apoyo irracional a su gestión en favor de los intereses de empresas trasnacionales como BOTNIA) pero sí la construcción de un relato cuasi-apocalíptico -que escuchamos en realidad por lo menos desde el primer gobierno de Sanguinetti y sus célebres frases referidas al ingreso del Uruguay en la modernidad- por el cual el mundo se está reconfigurando rápidamente, la competencia es atroz y si quedamos fuera, nos caemos juntos todos, y ahí sí, no habrá patria para nadie.
Educación, energía, medio ambiente y seguridad ciudadana son las áreas señaladas en el discurso de asunción de Mujica como pasibles de «políticas de estado».
Educar para el mercado
Todos los actores políticos coinciden en inflar el valor del sistema educativo para superar la pobreza. Se trata claramente de una falsedad desde el punto de vista sociológico. Lo pudo comprobar el gobierno anterior aumentando el presupuesto de la enseñanza pública: no por ello disminuye la cantidad de pobres. Pero aún si se hacen las inversiones que esperamos los docentes -infraestructura, salarios, materiales didácticos, cursos de actualización- o peor si se reparten más computadoras de baja calidad y otros espejitos de colores, la cantidad de pobres no disminuirá más que mínimamente. La educación como vía para el ascenso social es una idea falsa, una relación de discurso idealista que supone que la posición social de una persona está determinada exclusivamente por su nivel de educación formal. Para el «ascenso social» además de educación formal se requiere capital social: vínculos ventajosos. El 75% de los trabajos calificados se consiguen por esos vínculos, en virtud de ese capital social, y no por concurso abierto, porque las instituciones y empresas valoran la fidelidad que facilitan esos vínculos, y la confianza que inspiran quienes vienen recomendados por personas fiables. Pero en realidad ni siquiera se llega a esa situación, porque los niños mal nutridos, con padres que ganan menos de la tercera parte de la canasta básica (como ocurre con tres cuartos de los trabajadores), con familias inestables y muchas veces viviendo situaciones de violencia familiar, con una atención a la salud deficiente, no tienen los mismos logros que los niños de clases medias y altas. Y esto es algo básico en la sociología de la educación. Recientemente hizo el presidente una oda al Plan Ceibal (promovido por la ONG de la derecha de EEUU «OLPC», que aspira a mejorar radicalmente las condiciones de pobreza en el tercer mundo dándole una computadora portátil a cada escolar) y decía que ese experimento (no lo es, es una aventura, no tiene variables controladas ni una sistematización de procedimientos y resultados) tendría posiblemente resultados notables en términos de la igualdad social, ¡que resignificaría las relaciones jerárquicas de la sociedad! todo porque ponían en «igualdad de condiciones» a pobres y ricos.(2) ¿Acceder a una computadora de baja potencia implica igualdad de condiciones? ¡Cuánto reduccionismo! ¡Y pensar que el MLN-T fue una guerrilla marxista!
Pero más allá de la no utilidad de la educación por sí sola (sin acompañarse y acompañar un proceso de transformaciones sociales revolucionarias) para promover el cambio social y el «abatimiento de la pobreza»: ¿es posible una política educativa como «política de estado» que realice los intereses de todas las clases sociales y especialmente de los trabajadores y desempleados? Si bien a nivel de gobierno de la educación ha habido cierta ampliación de la participación docente con la Ley de Educación del gobierno de Vázquez, se ha seguido negando la participación de los estudiantes -y su condición de ciudadanos, por lo tanto- y lo que es igualmente importante y negativo: se ha avanzado en el sometimiento del sistema de educación pública a la arbitrariedad política del poder ejecutivo, colocando en sus órganos rectores a operadores políticos del ejecutivo, operadores por lo tanto del partido de gobierno. Más allá del nuevo programa para las escuelas primarias -una obra de ficción pedagógica de imposible aplicación y muy mal instrumentada, sin prever la transición desde el programa anterior-, pletórico de citas habermasianas y alusiones a la emancipación de los pueblos, las líneas de acción reales del sistema educativo público, al menos en primaria, secundaria y educación técnica ya están trazadas desde los coherentemente neoliberales años 1990s, y el nuevo gobierno de izquierda, como el anterior, no hace otra cosa que continuar transitando por ellas. En un tránsito desde un modelo moderno inspirado en la educación pública francesa, tendiente a la formación de ciudadanos con cultura general (lo cual no es ninguna panacea por su excesivo enciclopedismo y las consecuencias elitistas de no tener en cuenta la dificultad de los niños y adolescentes de los hogares pobres para tener éxito en este tipo de propuesta que requiere un fuerte piso semiótico familiar) y al desarrollo de su conciencia, hacia un modelo de inspiración norteamericana, orientado al desarrollo de competencias cognitivas útiles para el mercado laboral, hacia el procesamiento de información para resolver problemas, la educación pública ha conocido variantes administrativas y pedagógicas inspiradas en el toyotismo de la segunda parte del siglo XX: trabajo en equipos, proyectos de centro, compromiso con los resultados, áreas integradas de conocimiento (epistemológica y didácticamente fallidas), flexibilidad e individualización de propuestas, evaluaciones tendencialmente externas basadas en indicadores (atomísticos) de desarrollo de competencias cognitivas, sobre todo en aspectos procedimentales. Junto a la infantilización de la educación media, el psicologismo y el paidocentrismo generalizado, esta propuesta es coherente con lo que proclama el nuevo presidente en su discurso de asunción: una educación que haga individuos que sirvan para la producción y la convivencia. Esa es una buena síntesis de la tendencia en educación.
Ahora: ese sentido del sistema educativo ¿sirve por igual a todas las clases sociales? En un extremo, pensamos que la única educación popular posible es la que esté directamente en manos de las clases trabajadoras y los desempleados, en sus comunidades concretas, decidiendo qué estudiar, cómo hacerlo y a quiénes delegar esa tarea. Pero en el marco del sistema capitalista y de la organización estatal, son pensables otras orientaciones más socializantes. Y si introduzco aquí esta palabra es porque nunca se educa para «el futuro» ya sea como algo único y dado o como algo imprevisible, inasible: se educa para «un futuro» deseado. ¿Un país de personas obedientes, competentes para el trabajo en las empresas, respetuosos de la normatividad capitalista es lo que conviene a las clases dominadas? Creo que no. En un escenario moderado, tendría que ser una educación centrada en la autonomía, en el aprendizaje deseable e inevitable del lenguaje castellano y las matemáticas, así como las ciencias, pero en el marco de experiencias cooperativas, autónomas, vinculadas con los problemas de la comunidad concreta en que se vive y a la vez con una mirada universal. Posiblemente una educación sin una institucionalidad dictatorial con un único inspector, director y maestro, cada uno en un escalón encima del otro y bien debajo los niños y adolescentes, sino escenarios de docencia grupal y gestión democrática y cogobernada de cada establecimiento y del sistema educativo público en su totalidad. Y hay lugar para más diseños alternativos al de la educación neoliberal hegemónica. Entonces se presenta como «política de estado», buena para todos, «para la sociedad en su conjunto» como gustan decir los políticos, algo que es una política clasista, que realiza los intereses de las clases dominantes, produciendo los trabajadores competentes que el capitalismo necesita en su actual fase de desarrollo.
Energía para las empresas
El proyecto de desarrollo de la energía está claramente articulado con el «país agro-inteligente»: el viejo proyecto herrerista redivivo no ya como una gran estancia pero sí como una gran plantación de monocultivos industriales en manos de empresas trasnacionales; esto más la provisión de servicios de infraestructura para la producción regional, y turismo. ¿Esto realiza los intereses de la «nación? Sólo si por tal se concibe sólo a las clases más acaudaladas, principalmente grandes importadores, especuladores financieros y capitalistas trasnacionales. Si se piensa en la mayoría de la nación, en sus trabajadores y desempleados, en sus clases medias bajas, entonces el sentido debiera ser muy otro y podría ir desde un «desarrollo hacia adentro» que busque crear ventajas comparativas en sectores intensivos en manos de obra (pequeña industria, agricultura orgánica, software) hasta el desarrollo de pequeñas comunidades urbano-rurales autónomas, a escala humana, autosostenidas, federadas; y el abanico puede ser mayor. Pero en cualquiera de estas alternativas, seguramente la producción de energía no pasa por los monocultivos devastadores del medio ambiente para la producción de biodiesel, por la megaproducción eólica e hidroeléctrica centralizada, y muchísimo, muchísimo menos por la producción de energía eléctrica sobre la base de la fisión nuclear, sino por la generación de sistemas auto-sustentables, interconectables pero no dependientes, ecológicamente respetuosos de la capacidad de carga de cada ecosistema. La política energética del gobierno favorece a unas clases y perjudica a otras -las que constituyen la mayoría absoluta y abrumadora de la población. En Uruguay como en otros países capitalistas, ha calado el discurso de la «crisis energética», orientado a vehiculizar la transferencia de recursos de la población hacia los sectores capitalistas vinculados a la producción de energía y al transporte. Y no sólo es ecológicamente dañino continuar aumentando la cantidad de energía producida a partir de los ecosistemas, sino que la alta concentración de energía está asociada a la consolidación de una sociedad cada vez más jerarquizada y elitista. (3) Si queremos caminar con un horizonte socialista, tenemos que romper con el sentido común de la segunda revolución industrial y pensar decididamente en el decrecimiento económico.
La farsa del cuidado medioambiental
Una política medioambiental permisiva, que da lugar a la producción con transgénicos, al uso de glifosato en la forestación de monocultivos de eucaliptus y pinos, que encubre los graves accidentes ecológicos, que autoriza la instalación de mega-empresas de celulosa probadamente contaminantes antes de investigar el estado previo del entorno natural (las líneas de base de compuestos en el aire, el agua y el suelo que permiten luego comparar y medir el impacto de la producción) y lo que debiera ser escandaloso, antes de recibir y aprobar los informes de parte de las empresas. Una política medioambiental que permite la fumigación con venenos a 50 metros de las escuelas públicas y de los lugares poblados (distancia ridícula cuando hablamos del esparcimiento de líquido en gotas minúsculas desde una avioneta a decenas de metros de altura). Uruguay es el paraíso de las empresas irresponsables frente al medio ambiente y la población: las empresas que en Argentina encuentran algunas minúsculas trabas para producir soja transgénica en grandes cantidades, vienen aquí, donde no hay restricciones reales. Cuando aparecieron miles de peces muertos, este mismo año, en el Río Yí, el estado, fiel a su política ambiental encubridora de los intereses capitalistas, se apuró a decir que la muerte ocurrió por causas naturales y no por algún derrame tóxico -como es más probable-, tomó muestras de peces vivos varios días después, para probar su hipótesis. ¿Es esa «política de estado» buena para todas las clases sociales? Por supuesto que no. Es buena para las clases sociales que financian la campaña del Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado, los grandes terratenientes industriales, los dueños de grandes industrias urbanas, pero en ningún caso es buena para la población, que tiene graves problemas ambientales en sus comunidades concretas. La ley de medio ambiente, que junto a la autoridad estatal de medio ambiente fueron creadas por imperativo de los organismos internacionales de financiación de proyectos industriales -porque no se permiten ya financiar ese tipo de proyectos en países sin ley ambiental y sin autoridad encargada de hacerla cumplir- es un fantoche jurídico que pone en manos de la empresa que quiere instalarse la presentación de un informe de evaluación previa de impacto ambiental, y es obvio que el resultado siempre es favorable a la empresa; porque incluso si contrata a terceros, estos no van a dar informes negativos si quieren seguir en el mercado de las consultorías. La instancia de participación ciudadana prevista por la ley, para que la población local apruebe o no el proyecto, suele ser manipulada de diversos modos: mediante la promesa empresarial y gubernamental de trabajo y progreso económico para las familias (generalmente en entornos pobres); el estado no es ecuánime y sabe para quién trabaja y sirve desvergonzadamente a los intereses empresariales utilizando su capacidad de influencia sobre la población desinformada. En algunos casos incluso el partido de gobierno moviliza sus «bases» para manipular tanto las comisiones de vecinos preocupadas por el medio ambiente como las instancias de participación mencionadas. Hay otras políticas medioambientales posibles, que incluyan la participación multisectorial, que incluyan a las ONGs ambientalistas, a los grupos de vecinos, a la universidad, que partan de principios precautorios (y no alrevés como ahora: contaminan primero y ven después si toman alguna medida); pero éstas políticas no harían sintonía con el capitalismo neoliberal, con el proyecto neocolonial que alegremente defienden nuestros gobiernos del Cono Sur.
Seguridad ciudadana: ¿política o fatalidad?
En cuanto a la «seguridad ciudadana» como política de estado, digamos que esta es más bien un resultado sistémico de la exclusión capitalista. La dictadura militar 1973-1985 (asumimos que el proceso dictatorial tiene origen anterior y fin posterior, y tomamos esas fechas de modificaciones institucionales más claras para ubicar al lector no uruguayo) puede pensarse como una gran política de seguridad nacional orientada a destruir al enemigo interno de la implantación capitalista neoliberal. El acoso, amedrentamiento, tortura, asesinato y desaparición de izquierdistas, militantes sindicales y barriales, intelectuales independientes y orgánicos de la izquierda, militantes de la derecha democrática nacionalista, tenía como objetivo quebrar las resistencias al cambio de modelo de la socialdemocracia vernácula y su sistema de protecciones a los trabajadores y a la producción nacional vía sustitución de importaciones y transferencias de recursos desde el agro y la importación hacia el sector secundario, en favor del modelo neoliberal, primarizador de la producción, exportador, depreciador del trabajo local. Esto y alinear al país detrás de EEUU en la guerra fría. Se aplicó un sistema de devastación física y psíquica de la población para inmovilizarla y someterla. Es curioso que antes de ser desplazados del poder -con inéditas salvaguardas favorecidas por el Frente Amplio y el Partido Colorado en el Pacto del Club Naval-, los militares comenzaron el pregón del temor a los pobres, y de las hordas de los barrios pobres que habrían de arrasar con las casas y negocios de los ciudadanos «bien nacidos» como gustaban decir a sus acólitos. El discurso de la seguridad ciudadana y el discurso neoliberal, el temor a los pobres y la incitación de la necesidad de combatirlos, y la protección de la libertad del gran empresariado para apropiarse de los recursos sociales como supuesto camino del desarrollo económico y el empleo, hacen sistema en la política posdictatorial para asegurar los privilegios de las clases dominantes. El discurso de la seguridad no es algo desconectado del resto sino articulador: la educación de tiempo completo se piensa para contener y socializar a los hijos de los desempleados, para que no alteren el orden público y no amenacen la propiedad privada; las políticas sociales, de inspiración neocons son, a su modo políticas de seguridad: pan a cambio de inscripción en el sistema educativo, en el de salud, ante las autoridades policiales, enseñanza de habilidades laborales para que no desarrollen las habilidades del latrocinio. Pero estas políticas compensatorias no compensan casi nada una fuerza mucho mayor que es la fuerza de la exclusión impresa por el sistema económico: desempleo, subempleo, empleo muy mal pago, que provoca hacinamiento en viviendas insalubres en asentamientos precarios, violencia familiar. Si se genera una población desesperada por pauperización absoluta y relativa, y por la simultánea incitación al consumo-para-ser-persona que afecta principalmente a los más jóvenes (como se ve en la composición etárea de las poblaciones carcelarias), es evidente que el resultado va a ser una alta delictividad, principalmente en hurtos, y la formación de diversas subculturas de la delincuencia -que tanto escandalizan a las clases medias que más piensan en combatirlas que en visualizar y modificar su origen-. Y la consecuencia va a ser, para el estado, el hacinamiento de humanos en cárceles espantosas, la vergüenza internacional por ser comparadas con las peores del mundo, la violación sistemática y persistente de los derechos humanos de los presos y de sus familias. Luego las políticas de reducción de la población carcelaria, respetables y apoyables sin dudas (sobre todo las que tienden más bien a encontrar soluciones favorables a la reparación del daño a las víctimas o a darle otra oportunidad a los delincuentes primarios), serán radicalmente insuficientes. Entonces habrá que construir más cárceles, estatales o privadas, para de paso en este último caso sacar ganancias del trabajo esclavo. Las «políticas de estado» progresistas en materia de seguridad, buscan disminuir la presión demográfica en las cárceles, ser más solícitos en la atención de las víctimas, generar proyectos educativos para los presos para que eviten reincidir, pero también tienen su mano derecha: reprimir con violencia el cuerpo social cuando se manifiesta como multitud desafiante del orden estatal, ya sea deportiva o política. En épocas del gobierno de izquierda, nada más amenazante que las multitudes desorganizadas. El caos es la pesadilla de las mentalidades estalinistas devenidas neoliberales, porque contra una grupo organizado que se manifiesta de modo planificado y con autoridades internas se puede negociar o reprimir selectivamente para desarticularlo, pero con una multitud agresiva, desorganizada que grita «¡Aguante Peñarol!» o «¡ALCA al carajo!, no. En fin, una «política de estado» en materia de seguridad pública que tiene las manos izquierda y derecha que describimos suscintamente, favorece a las clases dominantes y perjudica a las clases dominadas, las desmoviliza y fija en la pobreza y el sometimiento. Una política de seguridad socializante pasaría por otros lugares, desarmaría a la policía exceptuando a pequeños grupos para casos de violencia armada (teniendo como horizonte disolverla), desconcentraría la función de seguridad, favorecería la justicia compensatoria sin mediación de encarcelamiento y en cualquier caso sólo sería posible en el marco de una economía socialista o por lo menos no neoliberal.
Simulacro
En síntesis, las «políticas de estado» no existen como tales. Son un mito conservador. No es posible hacer, desde el estado, políticas públicas que sean igualmente beneficiosas para todas las clases sociales, porque quienes las proponen, diseñan y ejecutan pertenecen -o están ligados profesionalmente o por financiación de sus campañas políticas- a las clases dominantes. El estado reproduce en su interior la segmentación de clases (es decir que en su cúspide están los propietarios de los medios de producción y/o pofesionales con intereses asociados a ellos), así como la reproducen en su interior los partidos, incluidos los de izquierda. Y algo que es casi una ley sociológica es que si bien hay excepciones a nivel individual, en términos generales y colectivos ninguna clase cede sus prerrogativas voluntariamente. Dentro de este modo de producción basado en la explotación de los trabajadores se puede a lo sumo, como se hizo durante el batllismo, implementar políticas más inclusoras de clases sociales en términos de redistribución de migajas del plusvalor generado por los trabajadores, siempre que ello contribuya al enriquecimiento de algún sector de la burguesía, por ejemplo el sector industrial orientado al mercado interno en el caso del batllismo. Las políticas públicas pueden favorecer a unas clases o a otras, pero no a todas a la vez, sea como sea que se interpreten sus intereses.
El lema del Partido Blanco, a comienzos del siglo XX, en la revolución encabezada por Aparicio Saravia, «Habrá Patria para todos o no habrá Patria para nadie» tenía un significado ligado a la defensa de la sociabilidad rural tradicional y la democratización del estado, desde siempre en las manos excluyentes del Partido Colorado, y asumió a mediados de ese siglo, con la guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros un significado nacionalista con un horizonte utópico socialista. Hoy, en manos de uno de sus líderes históricos, desde el sillón presidencial -ese viejo resabio monárquico de las repúblicas- se transforma en «Patria para todos y con todos», para legitimar un proyecto económico y político asentado sobre la explotación del trabajo y el medio ambiente en beneficio del gran capital. Evocación de una evocación, pero esta vez como simulacro y encubrimiento. Esto quizás porque, como dice un viejo texto (4) : «Todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen dos veces, una vez como tragedia y la otra como farsa.»
Andrés Núñez Leites
[email protected]
http://elvichadero.blogspot.
Citas:
(1) «Lea el discurso de Mujica en la Asamblea General» en El País http://www.elpais.com.uy/
(2) «Mujica: Plan Ceibal en educación media es una forma de hacer justicia con los más pobres» en el portal de la presidencia http://www.presidencia.gub.uy/
(3) «Energía y equidad», de Iván Illich, versión electrónica en http://www.ivanillich.org.mx/
(4) «El 18 Brumario de Luis Bonaparte», Karl Marx, versión electrónica en http://www.scribd.com/doc/
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