Un fenómeno de los últimos quince años es la proliferación de organizaciones de alcance nacional que pretenden representar y defender los intereses y derechos de la población rural. Al mismo tiempo, la mayor parte de los conflictos sociales en el país ocurren en las áreas rurales. Tanta efervescencia de actividades políticas en las zonas rurales, […]
Un fenómeno de los últimos quince años es la proliferación de organizaciones de alcance nacional que pretenden representar y defender los intereses y derechos de la población rural. Al mismo tiempo, la mayor parte de los conflictos sociales en el país ocurren en las áreas rurales. Tanta efervescencia de actividades políticas en las zonas rurales, ¿representa el surgimiento de un nuevo movimiento social rural (MSR)? ¿Cuánta influencia tiene en el Perú actual?
¿En qué consiste un movimiento social rural? Un movimiento social es un proceso de movilización y de construcción discursiva que es sostenido a través del tiempo y del espacio y que busca un cambio en las relaciones de poder en la sociedad. Además de actores formalizados, como sindicatos y organizaciones sociales, incluye personas y redes populares que emplean formas más nebulosas, descoordinadas y cíclicas de acción colectiva y protesta. Un movimiento social va más allá de una sola organización.
El desafío de representar lo «rural»
Lo «rural» es igualmente complejo: su economía está muy diversificada (es mucho más que agropecuaria); tiene una población con pies tanto en la ciudad como en el campo; es, pero no es solamente, campesino; es, pero no es solamente, indígena; es, pero no es solamente, empresarial. Además de ser diverso y complejo, el campo peruano es un escenario de procesos de importancia clave para el país: allí se ubican los glaciares en pleno proceso de descongelación, las industrias extractivas tan debatidas, las áreas de conservación biológica y social, los campos de producción de coca, los territorios indígenas y mucho más. Será con referencia al campo que se definirá gran parte del futuro del Perú.
En tal contexto, representar los intereses de «lo rural» en su totalidad, se vuelve un desafío abrumador, una representación que se da por momentos, pero no de una manera sostenida. El Perú tiene una larga historia de luchas campesinas desde la época colonial, con la rebelión de Túpac Amaru, y durante todo el periodo colonial, cuando había constantes luchas por la tierra y el agua contra el sistema de la hacienda y sus precursores. Sin embargo, no había una organización que pretendía representar y defender a las comunidades campesinas a nivel nacional hasta la fundación de la CCP [1], en 1947. Luego, en las décadas de los sesenta y setenta, estas luchas dieron como fruto al proceso de reforma agraria (RA) que transformó las estructuras agrarias con el rompimiento del sistema de haciendas, el reconocimiento legal de las comunidades campesinas y nativas y la creación de empresas asociativas.
La complejidad de las organizaciones rurales
En el periodo pos-RA de las décadas de setenta y ochenta se vio la fundación de la CNA, en 1974, para defender a los beneficiarios de la RA, especialmentea aquellos en las empresas asociativas; de la Jnudrp, en 1983, en representación de los usuarios de riego; y de Aidesep, en 1979, y de Conap, en 1987, para defender a las comunidades de la Amazonía.
Finalmente, en tiempos más recientes, durante la lucha contra la dictadura de Fujimori y después del retorno a la democracia, ha habido una proliferación de organizaciones sociales rurales: la ANPE, en 1998, para representar a los agricultores orgánicos; la Conacami, en 1999, para defender a las comunidades frente a las empresas mineras; la Cunarc, que representa a las rondas campesinas; la Femucarinap, en 2008, y la Onamiap, en 2010, en defensa de los derechos de las mujeres rurales; y, más recientemente, la Alianza de Gremios y Organizaciones Agrarias y el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas.
A través de estos tres periodos, la defensa de los intereses y derechos rurales ha pasado de luchas locales y regionales relativamente aisladas, a una presencia nacional mediante organizaciones nacionales. Los movimientos sociales con bases rurales han pasado de una situación de relativa subordinación a partidos políticos y de alianzas con ONG nacionales e internacionales, a una creciente autonomía con asesores bajo su control directo; y la representación nacional se ha complejizado, pasando de unas pocas organizaciones nacionales que pretendían representar a todas las comunidades campesinas o nativas, a un número creciente de organizaciones nacionales representando intereses específicos y diferentes (mujeres; ronderos; las comunidades enfrentando a la minería; los regantes; los agricultores orgánicos, etc.).
Hoy, las bases de un eventual MSR comprenden gremios y organizaciones sociales como la CCP y la CNA; alianzas como Conveagro y la Alianza de Gremios y Organizaciones Agrarias; aliados entre ONG y otras, como Cepes y SER; académicos y funcionarios del Estado simpatizantes; redes, como la RedGE y Crece, etc.
La debilidad de las organizaciones rurales nacionales
Esta mayor complejidad y presencia con dimensión nacional, junto con la creciente diversidad del campo, ha contribuido a una fragmentación, con alianzas minoritarias y sin ningún mecanismo que coordine los esfuerzos de las organizaciones o articule en una sola plataforma los reclamos, las necesidades y las propuestas de los distintos sectores de la población rural. Como consecuencia, la mayor visibilidad a nivel nacional no ha sido acompañada por una mayor influencia. En una reciente conferencia de prensa, representantes de la campaña «Crece» señalaron que, a pesar de que 60% de los alimentos que se consumen proviene de la pequeña agricultura, el porcentaje de inversiones en el presupuesto nacional ha ido declinando de 2.8% en 2008 a 2.4% en este año, y el presupuesto de Agrorural ha disminuido de S/.179 millones en 2010 a S/.111 millones en 2012 [http://www.Servindi.org/actualidad/ 76749]. Las políticas públicas siguen favoreciendo lo urbano, la minería y la agroexportación, sobre la pequeña y mediana agricultura. El mismo presidente Ollanta Humala ha categorizado la pequeña agricultura y ganadería como «actividades renovables arcaicas, muy artesanales, del siglo XIX» [2].
En octubre de 2012, la Defensoría del Pueblo indicó que mientras 70% de los conflictos ocurren en áreas rurales, ninguno se refería a una organización rural nacional [3]. Esta ausencia de las organizaciones rurales nacionales parece reflejar la queja frecuentemente escuchada de una falta de organicidad en las organizaciones y una brecha entre los problemas, necesidades y luchas locales y regionales y la dirigencia nacional. Las dirigencias nacionales tienen dificultades para desarrollar plataformas y discursos coherentes que logren abarcar los reclamos de sus bases, y menos aún para «lo rural» en su conjunto. Como consecuencia, no presentan una visión y programa de cambio y desarrollo que pueda, por un lado, unificar los esfuerzos de los distintos actores rurales y, por otro, presentar propuestas que provoquen la reacción de los demás actores nacionales y que generen cambios en las políticas públicas y estructuras nacionales.
El movimiento social rural hoy en el Perú tiene una presencia y una visibilidad mucho mayores, y la población rural, con toda su diversidad y complejidad, está mejor representada a nivel nacional que en el pasado. Sin embargo, su capacidad de influir en el debate nacional y en las políticas públicas sigue padeciendo de limitaciones importantes. Falta que las organizaciones puedan tejer alianzas con otras, que asuman agendas de lo rural en su totalidad y no solo representen intereses específicos.
Notas
[1] Organizaciones sociales mencionadas: Confederación Campesina del Perú (CCP), Confederación Nacional Agraria (CNA), Junta Nacional de Usuarios de los distritos de riego del Perú (Jnudrp), Asociación Interétnica de desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), Asociación Nacional de Productores Ecológicos (ANPE), Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc), Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Femucarinap), Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), Convención Nacional del Agro peruano (Conveagro).
[http://www.Servindi.org/actualidad/ 76749]
[2] Entrevista en el diario español El País (18- 11-2012).
[3] Reporte Mensual de Conflictos Sociales N.° 104, Defensoría del Pueblo, octubre de 2012.