Los últimos 20 años, el Estado peruano ha impulsado una política de desarrollo centrada en la sobreexplotación de recursos naturales, la mayoría localizados en tierras y territorios de comunidades campesinas y nativas, las que suman más de diez mil comunidades en todo el territorio nacional. Distribuidas en aproximadamente más de 6038 comunidades campesinas (costa y […]
Los últimos 20 años, el Estado peruano ha impulsado una política de desarrollo centrada en la sobreexplotación de recursos naturales, la mayoría localizados en tierras y territorios de comunidades campesinas y nativas, las que suman más de diez mil comunidades en todo el territorio nacional. Distribuidas en aproximadamente más de 6038 comunidades campesinas (costa y sierra), 2400 comunidades ribereñas y 2006 comunidades nativas, estos datos no son oficiales, porque en el Perú no existe un registro oficial, ni tampoco un catastro rural unificado que permita establecer la seguridad territorial de dichas comunidades, las que son amenazadas por proyectos de inversión privada y pública.
Este modelo de desarrollo es impulsado con mayor fuerza a partir de las reformas neoliberales a inicio de 1990; en adelante cada gobierno de turno ha ido agudizando el modelo sin reparar las serias consecuencias que han traído (desigualdad económica, conflictos socioambientales, muerte de pobladores, corrupción, ingobernabilidad etc.). Una de las características de este modelo es buscar la seguridad jurídica de las inversiones, que significa básicamente beneficiar a cualquier costo a empresas transnacionales, vulnerando la mayoría de veces los derechos humanos de dichas comunidades. Situación que va llegado a límites insostenibles, prueba de ello es el reciente paquete normativo del Ministerio de Economía y Finanzas, Ley 30230 denominado «reactivador de la economía», consolidando una reforma a la legislación, que al analizarla no solo tiene visos de inconstitucionalidad, sino que la propia forma de presentarnos esta Ley, hace pensar en la relativización del principio de legalidad, imprescindible para sostener una democracia. Esto en vista de que la Ley 30230 modifica, deroga, sustituye y remplaza con una serie de artículos «parche» a distintas partes del ordenamiento normativo nacional; ya sea a nivel tributario, ambiental, civil, municipal, regional; y lo más preocupante que dicha «legalidad» mayoritariamente va en beneficio directo de inversionistas, muchos de ellos proyectos transnacionales, a costa de vulnerar derechos humanos irrenunciables.
La aprobación en el Congreso de la Ley 30230 pasó desapercibida en medio del mundial de fútbol, algunos medios cubrieron tímidamente los perjuicios que significaba este paquete, sobre todo en contra del debilitamiento de la incipiente institucionalidad ambiental, no olvidemos además que el Perú es anfitrión de la Cumbre Climática, COP 20. Sin embargo no se agota allí el alcance de la Ley 30230 puesto que además de modificar medidas tributarias en beneficio de los mismos inversionistas; se ha propuesto cambiar las débiles reglas de juego que existen para proteger los derechos territoriales de las comunidades campesinas y nativas; esto a través de la creación de procedimientos especiales para realizar el saneamiento físico legal de tierras que estén en áreas de influencia directa e indirecta de los proyectos de inversión privada y pública, y como dice la norma, independientemente del uso actual o futuro que se les da a dichas tierras (artículo 36 y 37 Ley 30230). Esta normativa es una amenaza directa a la seguridad territorial de las comunidades campesinas y nativas, en vista que son en sus territorios donde existe una superposición de derechos de concesión minera, de hidrocarburos, forestales, hidroeléctricas, agronegocios, derechos otorgadas por el Estado, donde ahora se les crea su propio procedimiento para ser agilizados.
Solo hace falta recordar que las dos últimas décadas la competencia del saneamiento de la propiedad comunal ha sido transferida de una entidad estatal a otra, causando un verdadero caos no solo institucional sino normativo, no suficiente con ello esta norma pretende dar procedimiento especiales, competencia que estaría a cargo de COFOPRI, Organismo de Formalización de la Propiedad Informal que en el caso de titulación comunal fue una competencia que tuvo durante cuatro años con pésimos resultados y que ahora se le devuelve para facilitar el saneamiento físico legal de proyectos de inversión.
Sin temor a estar exagerando los nuevos cambios normativos impulsados por el Gobierno de Humala, van generando las condiciones para que el Perú en un corto plazo, sea el nuevo paraíso de las inversiones privadas a costa del desmantelamiento de normas ambientales, territoriales y de derechos humanos. Recordemos que en mayo del 2013 hubo un primer paquete de normas donde a través del Decreto Supremo N° 060-2013 PCM se fijaba como un máximo de 100 días plazos estipulados para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y donde otro Decreto Supremo N° 054-2013-PCM fijaba el silencio administrativo para el CIRA, C ertificado de Inexistencia de Restos Arqueológico s en caso que algún Patrimonio Cultural de la Nación amenace por su ubicación a un proyecto de inversión, además de otras medidas relacionadas a la servidumbre en terrenos eriazos y otros cambios para la flexibilización de la gestión ambiental.
Este «paquetazo normativo» como se le ha nombrado, seguirá pasando desapercibido hasta que se tope con su implementación en las distintas regiones del país. A pesar de tener algunas normas que podían ser justificadas, la forma de presentarlas a tirado por la borda sus «buenas intenciones» si acaso las tenía. En lugar de ello estas normas «parche» deslegitiman al Ministerio de Economía y con ella a este Gobierno; puesto que además de debilitar la institucionalidad ambiental, incentiva al despojo territorial legalizado que pueden generar serios conflictos y superar los hechos trágicos de Bagua en el 2009. Más aún el Gobierno de García presento públicamente su nefasta política del «El síndrome del perro del hortelano» a través de decretos legislativos; este Gobierno sin embargo presenta una Ley tramposa, supuestamente «reactivadora de la economía» pero lo que básicamente hace es seguir creando una arquitectura normativa cuyo objetivo principal es brindar seguridad jurídica a intereses de inversionistas trasnacionales, a costa de los derechos humanos no solo de comunidades campesinas y nativas sino de todos los peruanos; un alarmante giro a la exclusión.
[email protected] Coordinador del Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú del Instituto del Bien Común
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