El gobernador colonial ordenó el despido de 21 mil empleados públicos. Los trabajadores pagan diez veces más impuestos que los empresarios.
La situación colonial que sufre Puerto Rico, se vive, no solamente en lo político, territorial y lo económico, sino también en los comunicacional. Desde hace meses Borinquen sufre una de las peores crisis económicas en su historia. Desde hace semanas los puertorriqueños expresan en las calles su rechazo a pagar la crisis económica generada por los ricos. Pero de esto poco informan las agencias y las grandes cadenas mediáticas.
El pasado 15 de octubre, Puerto Rico vivió una jornada de huelga general, convocada por los sindicatos, movimientos sociales y la izquierda. Uno de los detonantes del descontento popular fue el anuncio del gobernador Luis Fortuño de despedir a 21 mil empleados de la administración pública.
William Pérez Vega y Eva Ayala Reyes, ambos con una importante trayectoria de lucha en el movimiento sindical del magisterio, y militantes de la recién fundada organización Movimiento Al Socialismo (MAS), nos explican lo que está ocurriendo durante estos días en la hermana Borinquen.
CHG. ¿Cómo se refleja la crisis mundial del capitalismo en este momento en Puerto Rico?
William y Eva: El capitalismo a nivel mundial atraviesa una etapa muy crítica que se refleja con mucha fuerza en Puerto Rico, con el agravante de que somos una colonia del imperio que está a la cabeza de ese mundo capitalista. Desde antes de tomar posesión el gobierno actual anunció un déficit de 3 mil 200 millones de dólares, ello creó un clima de incertidumbre en el país para justificar sus medidas en contra de la clase trabajadora y del pueblo.
Uno de los puntales para el desarrollo del capitalismo en Puerto Rico ha sido la exención contributiva a las grandes empresas. La clase capitalista paga menos de un 2 por ciento de contribuciones mientras el pueblo trabajador paga un por ciento 10 veces más alto. Hay una serie de empresas prácticamente exentas de contribuciones que se llevan más de 33 mil millones de dólares al año. Con la imposición de un 10 por ciento de contribuciones sobre esa ganancia, se resolvería el alegado déficit.
La crisis del capitalismo adquiere en Puerto Rico unos ribetes más crudos ante la visión del gobernador Luis Fortuño y su élite de que el estado debe ser lo más pequeño posible y promueve una agresiva política de privatización en todos los ámbitos de la sociedad. Las leyes y medidas a ponerse en vigor promueven que una porción cada vez mayor de la riqueza vaya a parar a los bolsillos de la minoría que compone la clase capitalista en el país.
CHG: ¿Cuál es la situación económica de la isla, en cuánto se calcula el número de trabajadores que ha quedado sin empleo, qué repercusiones sociales ha tenido eso?
W/E: Desde el año 2000, se han perdido más de 40 mil empleos, sólo en la manufactura. Según informes del mismo gobierno, al comparar abril de 2008 con abril de 2009, el empleo disminuyó en 85 mil puestos. Sin embargo, la situación empeora con las medidas de alegada emergencia tomadas por el gobierno actual. En octubre de este año se despidieron unos 17 mil empleados públicos. Ya antes, otros miles habían perdido su empleo y se espera que para ahorrar dinero, la cifra aumente a unos 60 mil despidos en el sector público.
Recordemos que el gobierno actual tiene la política de reducir costos para aumentar la riqueza de la clase capitalista lo que implica entre otras cosas: decenas de miles de despidos, privatización en todas las áreas del sector público, eliminación de derechos a los trabajadores y al pueblo, eliminación de servicios públicos. En el último año se han aprobado diversas leyes para colocar los bienes y recursos del pueblo en manos de los capitalistas. Se compromete el futuro del país al dejar en manos de compañías privadas las diversas áreas que hasta ahora habían sido públicas.
Esto tiene serias repercusiones sociales. Se agravan problemas ya existentes como es el desempleo, problemas de salud, vivienda, nutrición, acceso a la educación a todos los niveles, costo de vida, participación en las decisiones fundamentales, entre otros. Se vislumbra un fortalecimiento en la economía ilegal y en la criminalidad. Con las nuevas leyes se han eliminado o congelado derechos como la negociación colectiva para la mayoría de los empleados públicos y se eliminó por los próximos 2 años todo aumento salarial, bonificaciones u otros beneficios.
El gobierno de Fortuño actúa para que los empresarios se queden con las mejores tierras a costa del bienestar de la población. Viola los derechos constitucionales del pueblo, al permitir que grandes complejos hoteleros se vayan quedando con las playas.
Washington obliga al pueblo puertorriqueño a pagar el déficit de sus empresas
No debemos olvidar que Puerto Rico vive una situación colonial, que ha sido denunciada en numerosas oportunidades en Naciones Unidas. Borinquen es un Estado Libre Asociado a Estados Unidos, condición que fue impuesta a ese pueblo. Tropas de Washington invadieron la isla en 1898 y desde entonces someten a Puerto Rico, desde diversos aspectos, entre ello, lo económico. Observemos las opiniones de William Pérez y Eva Ayala sobre este particular.
CHG: ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno puertorriqueño en la situación de crisis, cuál es la responsabilidad del «gobierno colonial (federal) estadounidense»?
W/E: El gobierno puertorriqueño tiene a su cargo tomar las medidas y aprobar legislación para garantizar que todo lo antes señalado ocurra. Ahora mismo controlan la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial.
El gobierno federal interviene directamente para complacer y satisfacer los intereses de los empresarios en su mayoría estadounidenses. Con medidas para que esos inversionistas se sientan seguros ante la posibilidad de obtener jugosas ganancias dentro de un clima de supuesta tranquilidad garantizada por la eliminación de derechos esenciales y por el uso de las fuerzas represivas tanto estatales como estadounidenses. Un ejemplo claro es el Departamento de Educación donde cualquier movimiento tiene que estar regido por las leyes y los intereses del gobierno federal. Aunque la educación no responda a las necesidades e intereses de los puertorriqueños, todo se hace para satisfacer los designios que provienen de EEUU.
En nuestro país rigen abiertamente las leyes y disposiciones federales, interviene el FBI y otras agencias represivas libremente y todo está subordinado a lo que se decida por las autoridades e intereses predominantes en dicho país. La administración de la colonia no puede decidir nada sin contar con el poder colonial en manos del gobierno de Estados Unidos.
CHG: ¿Qué acciones ha tomado el pueblo puertorriqueño para protestar por la situación que vive actualmente la isla?
W/E: La gran mayoría del pueblo rechaza las decisiones tomadas e implantadas por el gobierno. El gobierno actual, electo en noviembre del 2008, ha visto reducir el nivel de aceptación a cerca de un 30 por ciento. Hay mucho temor e incertidumbre. Sin embargo ha comenzado a organizarse una ola de protestas en todo el país. Diferentes sectores del pueblo reciben al gobernador con manifestaciones donde éste se presenta. Ha habido docenas de actos de desobediencia civil y se espera que haya más.
El paro del 15 de octubre fue precedido por manifestaciones en diversos puntos del país. Hubo piquetes en muchas escuelas, en centros comerciales o frente a oficinas gubernamentales. 140 mil personas se movilizaron en dos concentraciones. Las marchas y actividades cerraron el centro comercial más importante del país, propiedad del grupo Fonalledas, aliado al gobierno actual. Dichas actividades fueron convocadas por la Coordinadora Todo Puerto Rico por Puerto Rico y por el Frente Amplio de Solidaridad y Lucha (FASyL). En localidades como Caguas, se registraron movilizaciones que cerraron empresas transnacionales como Walmart.
Desde diversos grupos organizados se ha comenzado a hablar de una huelga general como medio para detener y derrotar la política puesta en práctica por los intereses que representan al gran capital en el país. Será la capacidad organizativa y de reacción del movimiento obrero, del pueblo trabajador y de otras entidades la que podrá poner en práctica en su momento la huelga general con el objetivo de detener y revocar las políticas gubernamentales privatizadoras.
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.