Era de esperarse que el juicio histórico para determinar si hubo o no hubo genocidio en Guatemala, habría de generar el debate social que hoy está abierto sobre una memoria histórica que argumenta las responsabilidades de las instituciones involucradas. Desde los juicios de Núremberg sobre las responsabilidades nazis del Holocausto, la Psicología Social ha contribuido […]
Era de esperarse que el juicio histórico para determinar si hubo o no hubo genocidio en Guatemala, habría de generar el debate social que hoy está abierto sobre una memoria histórica que argumenta las responsabilidades de las instituciones involucradas.
Desde los juicios de Núremberg sobre las responsabilidades nazis del Holocausto, la Psicología Social ha contribuido a entender la importancia y el significado individual y colectivo de la memoria, la verdad y la reparación que se produce en los juicios históricos por crímenes contra la humanidad (Jodelet, 1992).
La sociedad guatemalteca está dividida al igual que otras muchas sociedades modernas, y por ello existen diferentes versiones del pasado, que se confrontan en el esclarecimiento judicial de la verdad sobre el genocidio, sus implicaciones histórico políticas y sus consecuencias en los deberes de reparación a las víctimas.
Las múltiples y prolongadas luchas sociales en demandas de justicia en Guatemala son un símbolo de esperanza y de reclamo de una convivencia democrática hoy amenazada entre otras cosas, por los problemas de gobernabilidad expresados con inusitadas formas de desacato institucional.
Los conflictos armados son un motor de la memoria colectiva que transmite entre generaciones el recuerdo de hechos y actores sobre eventos históricos proyectando, en consecuencia, un deber moral que se traduce en la importancia de esclarecer la verdad para que nunca más se repitan este tipo de hechos.
El debate oral y público socializa por primera vez en la historia de Guatemala la voz directa sobre la participación y la responsabilidad de las víctimas del genocidio Ixil, así como la forma en que fueron exterminados como grupo. El testimonio inédito y repetido por múltiples voces es una contribución al esclarecimiento de la verdad, evocado a partir de un universal sentido de justicia que emerge individualmente como sentido humano. Este sentido alienta el testimonio de las voces directas y de los que no tuvieron esta oportunidad, pero acompañan con su presencia silenciosa a los testigos en el juicio.
La resistencia de las victimas está fortalecida por la valentía y la perseverancia de su larga lucha que contrarresta la desesperanza y la impotencia social y a la vez evidencia cómo las secuelas de un pasado no resuelto les afecta todavía en su vida cotidiana, así como la desmemoria nos afecta al resto de la sociedad.
Las víctimas, las organizaciones solidarias y los sectores sociales que acompañan y apoyan este juicio histórico, neutraliza una cultura de miedo enquistada en las mentalidades debido a la negación y distorsión de las responsabilidades sobre la violencia del pasado.
El filosofo José Antonio Marina en Anatomía del Miedo (2006;212) dice que la valentía actúa siempre bajo un criterio de justicia, lo que en palabras de una víctima Ixil fue explicado como «si no logramos justicia al menos esclareceremos la verdad de lo sucedido». Esto indica que el testimonio tiene gran valor para las víctimas, que ven restaurada su dignidad y les permite confrontar públicamente qué hicieron y qué no hicieron para merecer la destrucción y el daño a la integridad que sufrieron.
Los peritajes explicativos del porqué ocurrieron los hechos y bajo que lógica política, militar, histórica, social y económica permite a las víctimas y a toda la sociedad, entender cuál era el contexto que explicaba los hechos y porqué no quisiéramos repetir de nuevo estos escenarios del pasado del conflicto armado interno. De nuevo, una lección moral para defender el Nunca Más de las atrocidades.
Si el juicio debe representar la ceremonia simbólica de una sanción que retribuya parte del daño, porque de otro modo podría tomar cuerpo como justicia por propia mano, se debe entender entonces por qué las víctimas, los querellantes, el Ministerio Publico y el Tribunal que conoce el caso, han persistido en esa larga lucha por abrir el juicio y ahora por defender su finalización en el marco del estado de derecho.
Si ya no es posible volver atrás, si no se pueden borrar los hechos sucedidos y sus consecuencias sobre tanta población afectada y si queremos fortalecer la convivencia democrática sobre nuevas bases y contribuir a la sanación de la sociedad, es indispensable defender y respetar el estado de derecho asumiendo las consecuencias de esclarecer la verdad, señalar las responsabilidades correspondientes así como reparar a las víctimas.
Una sociedad que responda por lo menos a la ética del deber ser respecto al pasado, estará mejor preparada para enfrentar e impedir la violencia y la muerte en el presente.
Marcelo Colussi es miembro del Centro de estudios en conflictividad, poder y violencia.
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