Entre los meses de mayo y septiembre de 2015, renunció la cúpula del Ejecutivo guatemalteco y tanto el presidente Otto Pérez Molina como la vicepresidenta, Roxana Baldetti, han sido procesados por corrupción y están detenidos. Esto se dio en el contexto de múltiples manifestaciones y diversas marchas llevadas a cabo en espacios públicos no solo […]
Entre los meses de mayo y septiembre de 2015, renunció la cúpula del Ejecutivo guatemalteco y tanto el presidente Otto Pérez Molina como la vicepresidenta, Roxana Baldetti, han sido procesados por corrupción y están detenidos. Esto se dio en el contexto de múltiples manifestaciones y diversas marchas llevadas a cabo en espacios públicos no solo en la ciudad de Guatemala sino en otras localidades, en las que tanto estudiantes como profesionales y sectores de clase media reclamaron un alto a la corrupción. La gota que rebalsó el vaso fue el resultado de una investigación de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) sobre una red de defraudación aduanera -La Línea- en la que entre otros, están implicados el ex presidente y la ex vicepresidenta.
Estos acontecimientos otorgaron visibilidad a la crisis institucional y de partidos políticos que viene experimentando hace años Guatemala, reflejando las enormes dificultades por las que ha atravesado este país después de los Acuerdos de Paz (1996), que más que el cese del conflicto armado (que ya había concluido) intentaron sentar los lineamientos de democracia y desarrollo, largamente abandonados por el Estado, al menos desde el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz en 1954. Estos Acuerdos, con diversas limitaciones, de cualquier modo plantearon las urgentes necesidades económicas, sociales, culturales y de género a ser atendidas especialmente en las comunidades indígenas y rurales (principales damnificadas por las tácticas de contrainsurgencia en los ’80). A pesar de la claridad con la que se encararon estos temas como puntos de partida para lograr una democracia real, en los hechos, las elites políticas y económicas, e incluso los organismos internacionales (en particular las Instituciones Financieras) se fueron acomodando a la presencia de una democracia de fachada, a la que se exige únicamente el cumplimiento de elecciones periódicas en tiempo y en forma (y ni siquiera se ha respetado tanto lo de la «forma», en vistas de las múltiples anomalías en torno a la asistencia a los comicios, el conteo de votos y la persecución y asesinato de líderes políticos). Si bien esta democracia mínima no cubría ni los objetivos de los acuerdos ni las necesidades básicas de la mayoría de la población (para 2011, según el Banco Mundial, la pobreza había aumentado a un 53.7%, especialmente en los municipios rurales, que abarcan el 44% del país), sí fue suficiente para la progresiva inserción del país en el mercado y en los planes de seguridad hemisféricos. En los últimos años, a pesar de los numerosos actos de corrupción y del abuso permanente a los DDHH (en particular en las comunidades indígenas), la inversión extranjera directa aumentó y se firmaron diversos acuerdos y tratados para apuntalar el sector financiero y de servicios. En paralelo, se ha consolidado el Acuerdo Regional para la Seguridad de Centroamérica (que operaría en contra del crimen organizado) subordinado a lineamientos de seguridad provistos desde Estados Unidos, así como las actividades inter-agencia con organismos estadounidenses en las fronteras, bajo la coordinación del Comando Sur. Esta articulación entre mercado y seguridad aparece con claridad en las metas de la Alianza para la Prosperidad firmada por Guatemala, Honduras y El Salvador en 2014 (supervisada por el gobierno estadounidense), predominando la atracción de capital extranjero privado y el operar como plataforma de exportación de recursos naturales y servicios, lo que requiere de una urgente «modernización» de las instituciones judiciales, financieras y del sistema de aduanas. Para ello contarán con el apoyo (en asistencia técnica y económica) del gobierno estadounidense, que ha mostrado una creciente preocupación por las enormes desigualdades, el crimen organizado y la corrupción en Centroamérica, en la medida en que se convierten en factores que promueven una migración afecta «directamente» la seguridad de los Estados Unidos. Lo paradójico es que hace 70 años, la Constitución guatemalteca emanada de la Revolución de Octubre, sentaba las bases para lograr una sociedad más justa, lineamientos que intentaron ser aplicadas por los gobiernos de Arévalo y Arbenz, avances que fueron arrancados de raíz con la contrarrevolución de 1954 -precisamente con el apoyo técnico, económico y financiero del gobierno estadounidense tal cual lo revelaron, hace poco tiempo atrás, los documentos desclasificados de la CIA.
A pesar del escenario adverso para unas elecciones «normales», el 6 de septiembre se llevaron adelante los comicios para la elección de miembros del Ejecutivo y del Legislativo. En la primera vuelta resultó ganador Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional, comediante, licenciado en administración de empresas y alumno de un doctorado en Seguridad Estratégica. Si bien buena parte de su victoria obedece a que se presentó como anti-político, su trayectoria muestra vínculos con lo más polémico de la política, tal como la AVEMILGUA (Asociación de Veteranos Militares de Guatemala), fundada e integrada no solo por militares asociados a la contrainsurgencia, sino por recalcitrantes «anticomunistas». Por otra parte, Morales no tuvo problemas para recibir apoyo del CACIF (que agrupa al empresariado guatemalteco y que ha sido pieza medular en la perpetuación de una democracia de fachada), con el que acuerda en la necesidad de garantizar un sólido piso de mínima estabilidad y orden para hacer negocios.
Considerando las diversas movilizaciones, el escándalo de La Línea, la puesta en evidencia de la corrupción y el hartazgo de buena parte de la población ante estas prácticas enquistadas en las elites políticas podría pensarse que lo más sensato hubiera sido suspender las elecciones -tal como lo reclamaron diferentes sectores de la ciudadanía guatemalteca- y sobre todo, revisar la ley de Reforma Electoral. No fue así ¿Por qué? Tal vez porque era solo hasta aquí donde había que llegar. Es decir, tanto por parte de los grupos de poder nacional y de algunos sectores de las clases medias citadinas, como por parte del gobierno y del sector privado estadounidenses parece suficiente un recambio de mandatarios, siempre que los entrantes muestren buena predisposición en la lucha contra la corrupción. En cambio, si se permite ir más allá, puede suceder que la gente exija una democracia sustantiva, con instituciones políticas serias que orienten sus acciones al bienestar de las mayorías, buscando justicia social y medias redistributivas que son urgentes. Pero esto sería desafiar las políticas neoliberales hegemónicas en Centroamérica, que han sido concebidas como exitosas, tal como explicita un apartado de la Alianza para la Prosperidad: «Las reformas estructurales implementadas en los ’90, y la mayor apertura comercial permitieron que el Producto Bruto de nuestros países creciera a una tasa del 3.5% anual» (Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, 2014: 3). De este modo, si bien se necesitan ciertas modificaciones, no se trata de cuestionar las condiciones histórico-estructurales de desigualdad e injusticia. Esto no lo harán los «nuevos» gobernantes (pues no son nuevos, sino que se inscriben en la red de poder ya conocida) sino el pueblo unido en torno a un proyecto de soberanía, justicia y dignidad.
Silvina M. Romano. Investigadora IEALC-UBA-CONICET
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