La derecha francesa tiene tantos recursos que, a pesar de equivocarse de forma frecuente en decisiones políticas de alcance, se mantiene al frente de la presidencia de la República y del consejo de ministros como si tal cosa. Al fiasco de su apuesta por el Tratado constitucional, en el que fue secundada por la oficialidad […]
La derecha francesa tiene tantos recursos que, a pesar de equivocarse de forma frecuente en decisiones políticas de alcance, se mantiene al frente de la presidencia de la República y del consejo de ministros como si tal cosa. Al fiasco de su apuesta por el Tratado constitucional, en el que fue secundada por la oficialidad del PS, se une ahora el plan de reformas laborales y fiscales emprendido por el primer ministro, Dominique de Villepin, que consisten a groso modo en un aumento de la precariedad de los contratos y en una disminución de la presión fiscal a los que más tienen. Asimismo, la UMP sostiene todo un programa liberal de reducción del gasto público y privatizaciones de empresas, del que es buen ejemplo lo que acontece estos días con la naviera pública corsa SNCM. Es cierto que el desempleo se encuentra en un nivel del 10% y que debe ser una prioridad de cualquier gobierno el intentar reducirlo. El problema es que las recetas esgrimidas por De Villepin, como el contrato a dos años con despido libre o la obligación de los desempleados de aceptar trabajos a decenas de kilómetros de su lugar de residencia, no son de recibo para la totalidad de sindicatos obreros.
La demostración de que eso es así se pudo comprobar ayer en las calles de numerosas ciudades del Estado francés y en Euskal Herria. El ejemplo de la gran movilización de Baiona, con unos 4.000 manifestantes, es bien clarificador a ese respecto. Pese a que el movimiento sindical no atraviesa uno de sus mejores momentos y la preparación de una jornada de paro como la que se desarrolló ayer requiere de un notable esfuerzo de organización, el éxito de la misma es incuestionable. La mejor prueba de ello son las palabras del propio De Villepin en el sentido de que ha escuchado el mensaje de los manifestantes y huelguistas. Ahora queda por ver si esas palabras se traducirán en un replanteamiento de la reforma laboral anunciada o simplemente se trata de un gesto más para aplacar el malestar existente entre los trabajadores. En todo caso, las centrales, que hicieron una valoración positiva de la jornada, hablaron de no conceder «ni quince días» al primer ministro para que inicie una rectificación de su política. Todo hace pensar, por tanto, que nos encontramos ante los prolegómenos de un nuevo «otoño caliente», una denominación que a veces suele ser un eufemismo pero que en esta ocasión puede acarrear algunas consecuencias al gobierno de la derecha.