La crisis de las economías dependientes latinoamericanas, vinculada a la del sistema mundial capitalista, agrava los conflictos de clase precipitando a nuestros pueblos al mayor deterioro de la soberanía y socavamiento de la democracia. Los impactos de la crisis en nuestros países, conducen a la guerra del capital contra el trabajo, lo que implica que […]
La crisis de las economías dependientes latinoamericanas, vinculada a la del sistema mundial capitalista, agrava los conflictos de clase precipitando a nuestros pueblos al mayor deterioro de la soberanía y socavamiento de la democracia. Los impactos de la crisis en nuestros países, conducen a la guerra del capital contra el trabajo, lo que implica que las clases dominantes (locales y trasnacionales) no cedan ni un átomo de valor económico y político en el complejo sistema de dominación. Los imperativos de la etapa actual del capital tienden a arrastrar las propias necesidades y derechos sociales fundamentales. El signo de nuestro tiempo está marcado por una radical ofensiva de la contrarrevolución en América Latina unida a la agresiva y militarizada reformulación geopolítica del imperialismo a nivel global.
Los gobiernos estadounidenses de Obama y Trump, han reaccionado, con extraordinaria fuerza, a las victorias de los gobiernos progresistas sobre las «democracias gobernables» impuestas a nivel continental (de ahí las «cláusulas democráticas» de la OEA) por los mismos gobiernos de Estados Unidos. Más aún, éstos han venido reaccionando en clave geopolítica ante la profundización de las relaciones económicas de estos gobiernos con las potencias de China y Rusia [1]. Así, la región experimenta el salto cuántico de las condiciones formales de las democracias «controladas» a los Estados de excepción que adquieren cada vez mayor profundidad.
La ofensiva para-fascista de la derecha oligárquica local y las fuerzas del imperialismo sobre la región, ha venido disponiendo de un amplio abanico de cartas utilizadas, una a una en función de la inestable correlación de fuerzas en cada uno de nuestros países. Hasta ahora, se han puesto de relieve los golpes de Estado «de nuevo tipo», constituidos mediante la salvaguardia del «Estado de Derecho», las magnas operaciones contra la corrupción y la instrumentalización política de los poderes de Justicia (Lawfare [2]), además de los procesos de criminalización de la protesta social, y la acentuación de ésta con la militarización de las sociedades, procesos que elevan a rango «constitucional» al Estado de excepción permanente. Estos recursos han predominado de un modo heterogéneo en Honduras (2009/2018), Paraguay (2012), Brasil (2016/2018), Ecuador (2018), Argentina (2017-2018), México (2017-Ley de Seguridad Interior). Por otro lado, Venezuela experimenta, además de los fracasos golpistas mediante estos procesos señalados y otros más, una enorme ofensiva de desestabilización y «guerra no convencional», entre las que sobresalen, el furioso despliegue de la guerra económica y la amenaza de una intervención militar de corte mediática «humanitaria», amparada por las condiciones infra-soberanas del Grupo de Lima en una nueva e ignominiosa especie de MINUSTAH, al tiempo que el pueblo venezolano ha propinado una nueva, contundente e inédita victoria con el 68% de los votos contra la reacción en este histórico 20M.
La degradación de la Justicia como instrumento político, tiene sus raíces -en la era neoliberal- en la destrucción del pacto social basado en el intercambio de concesiones y protección social (de ningún modo universal) entre el Estado y clases dominadas, el cual dotaba de legitimidad al régimen político que precedió al neoliberalismo. La ruptura del pacto por el viraje neoliberal precipitó la crisis de legitimidad del régimen agravada con la acentuación de la superexplotación del trabajo y la crisis de la democracia representativa centralizada en las manos de las oligarquías. Estallaron entonces las crisis políticas en toda la región latinoamericana a finales de siglo. A partir de aquí se configura la sustitución de esta forma de consentimiento por una nueva modalidad de legitimidad (para nada exitosa) del sistema de dominación. Las grandes campañas contra la «corrupción» y la afirmación prevaleciente del «Estado de Derecho», constituyeron el factor central de una forma abstracta de legitimidad vinculada a los nuevos regímenes democráticos hegemonizados por el discurso abstracto de la «igualdad política», el «pluralismo», y la «ciudadanización política», preservados éstos por el «Estado de Derecho». El neoliberalismo es también «una superestructura ideológica y política», señalaría en su momento Göran Therborn.
Con la nueva relación de fuerzas en la región y las limitantes de los gobiernos progresistas para modificar las bases institucionales del aparato de Estado (no es el caso de Venezuela y Bolivia con sus extraordinarios poderes constituyentes sustentados en el poder popular), asistimos al re-despliegue de enormes cruzadas contra la corrupción y el aseguramiento «pleno» del «Estado de Derecho», en tanto formas encontradas por las clases dominantes locales y el imperialismo, para frustrar a los gobiernos ajenos a sus intereses. No obstante, dentro del multidimensional abanico estratégico del capital, señalamos al menos otras dos cartas que demandan su rigurosa discusión. La primera versa sobre la metamorfosis del Estado de Derecho en Estado de derecho de excepción que pretende efectivizar y legitimar el derecho a la fuerza del Estado con la militarización de la vida social, precisamente en un periodo histórico caracterizado por la lucha por los derechos laborales y colectivos vaporizados con la espiral de la crisis estructural del capital. Colombia, México, Brasil, Perú, Honduras, Argentina, destacan dentro de esta morfología estatal.
La segunda carta, quizá la vía maestra del capital, alcanza las capas tectónicas de las estructuras sociales de nuestros países. Se refiere, grosso modo, a un proceso de deconstrucción neoliberal de la política y de la democracia, que pone en juego, mediante una conculcación de derechos políticos (el inhabilitamiento del Demos), un proceso dedespolitización de la democracia (despojo de la política). Se trata de una neoliberalización de la política y de la democracia que las constriñe a un carácter cada vez más abstracto ypuro, esto es, aislándolas en una dimensión que el capital presenta como exclusivamente «política». Dentro de esta perspectiva, el capitalismo manipulatorio de nuestra época se interesa en circunscribir a «la política» dentro del ámbito restringido de las instituciones, competencias electorales, participación «ciudadana», «gestión de gobierno», etc., una serie de «comportamientos estrictamente políticos» con enorme repulsión a cualquier vínculo con lo económico y sus fundamentos estructurales. De igual modo, orienta y reconstituye a la «democracia» sobre la base de una independencia respecto a la producción y reproducción material de la vida social, desprendiéndola de sus determinaciones económicas y sentidossociales, es decir, inhabilitándola de cualquier capacidad (incluso de dirimir) para incidir sobre modificaciones de carácter económico-estructural.
Sobre una portentosa «ficción real», se ha venido estableciendo una «ruptura entre la economía y la política en el mundo del capital» [3], la cual lleva a constituir a la «democracia» degradándola a una dimensión «política» abstraída de todo contenido sustantivo, alienándola dentro de una forma superior. Si el poder del Demos incidiese en lo económico, aplasta «las libertades» y junto con ello, erosiona el orden «natural» de «lo económico». Es esta la narrativa del capital en la decadente era neoliberal. Las clases dominantes pretenden someternos a esta forma democrática del Estado oligárquico latinoamericano, forma sutil de exclusión y despolitización
La capacidad de invulnerabilidad de lo económico establecida mediante este proceso de neoliberalización de la democracia, termina por radicar en el «Estado de Derecho», así como en la «confianza en la fortaleza institucional» que éste resguarda.
Por ejemplo, en su momento, el exjefe del Banco de México, Agustín Carstens, señaló que «el mejor antídoto contra el populismo es que existan instituciones robustas como es el caso del banco central» [4], institución que se vanagloria por operar de un modo «independiente a los ciclos políticos». Así también, el influyente empresario Miguel Alemán Velasco, en el foro «México Cumbre de Negocios», nos obsequia una auténtica pieza del despotismo del capital de nuestros días, cuando advierte ante el depositario del poder Ejecutivo en México: «es preciso consolidar la fortaleza institucional del Estado mexicano para obtener un modelo de gobernabilidad constitucional y una reforma para consolidar un estado de derecho que asegure que nuestro modelo de desarrollo no sea sujeto a visiones personales» [5]. En este sentido, hay que entender la proliferación actual de los «decálogos» dictados por distintas fracciones del capital [6], en el marco de la campaña electoral en México, así como otra serie de intervenciones de estas fuerzas en la región [7].
En suma, el lugar que ocupa la política, el Estado de Derecho y la democracia en el mundo del capital, es el de otorgar previsibilidad sobre la invulnerabilidad de las bases económicas, esto es, inmunizar los intereses y poderes económicos, o lo que es lo mismo, perpetuar las bases prevalecientes del patrón de reproducción del capital. La existencia y aseguramiento de «un régimen legal e institucional que brinde certidumbre» [8], los organismos empresariales que exigen «confianza y certeza jurídica» [9], en suma, los llamados «blindajes» y «candados» jurídicos (nacionales e internacionales) para impedir cambios en el «modelo de desarrollo», se encuentran en el corazón de este proceso de despolitización de la democracia cuyo principal impacto reside en el despojo de la política a las clases populares. Quien osara modificar el orden institucional amparado en una sustantiva capacidad delDemos (al que el capital pretende alienar), no haría sino «patear la mesa» en una «afrenta» al «Estado de Derecho», lo cual se atendría a la intervención del Poder Judicial (asesorado en Washington) para asegurar el statu quo. En México se agudiza esta carta del capital, la cual en Venezuela ha logrado quebrantarse. De ahí parte del brutal recurso a «todas las opciones políticas» (Marco Rubio, El País, 21/05/2018) con el golpe de Estado permanente a la revolución bolivariana. Con el histórico 20M y la nueva etapa de combate a la guerra económica, el poder popular en Venezuela camina en las antípodas de la democracia neoliberal en la época del capitalismo manipulatorio.
[2] Silvina Romano, et all., «Lawfare: la vía ´justa´ al neoliberalismo», www.celag.org
[3] Jaime Osorio, «La ruptura entre economía y política en el mundo del capital», Revista Herramienta.com.ar, 09/10/2013. Consúltese en: http://www.herramienta.
[4] El Economista, 23/03/2017, https:
[5] «Empresarios: necesaria, reforma que dé continuidad al modelo de desarrollo», La Jornada, 24/10/2017, http://www.
[6] Ver el «decálogo» de la Asociación de Bancos de México, El Economista, 4/04/2018, https://www.
[8] El presidente de México señala ante Ángela Merkel y «ante representantes de la poderosa industria alemana en una abierta invitación para llevar sus capitales al país»: «México ha removido obstáculos y creado condiciones para el despegue de su economía en los próximos años y tiene además ´un régimen legal e institucional que brinda certidumbre a los inversionistas y emprendedores, conscientes de que ésta es la única base firme para el bienestar y la prosperidad’. La Jornada, 23/04/2018, http://www.
[9] «En su desplegado, el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) condenó las expresiones de López Obrador y sostuvo que las condiciones de confianza y certeza jurídica son fundamentales…» La Jornada, 4/05/2018, http://www.
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