La llegada a Guatemala del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, vuelve a revelar la condición de Guatemala de Estado vasallo. En vez de gestionar los intereses de los guatemaltecos, el Gobierno se limitó a reproducir las órdenes que el señor Pence vino a trasladarles a los presidentes de Honduras, El Salvador y Guatemala. El […]
La llegada a Guatemala del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, vuelve a revelar la condición de Guatemala de Estado vasallo. En vez de gestionar los intereses de los guatemaltecos, el Gobierno se limitó a reproducir las órdenes que el señor Pence vino a trasladarles a los presidentes de Honduras, El Salvador y Guatemala.
El señor Pence llegó a Guatemala el 28 de junio. Como es usual, no se conocen los puntos esenciales de la agenda ni los términos en que estos iban a ser planteados por Pence. No obstante, dos asuntos centrales pueden suponerse a partir de las declaraciones públicas: 1) los avances y las orientaciones para la ejecución del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte y 2) la política de seguridad de Estados Unidos, en la cual se incluyó el control de las fronteras, la lucha contra el narcotráfico y el freno a la migración. Es indudable que la agenda de la reunión fue dictada por Estados Unidos y que para nada fueron incluidos los asuntos de interés nacional de nuestros países.
En ese contexto, los discursos fueron indignantes y vergonzantes. Pence se dedicó a clarificar e indicar la política de Estados Unidos en materia de migración afirmando que para ellos este es un problema de seguridad nacional. Seguidamente indicó que los Gobiernos debían respetar la soberanía de Estados Unidos, hacer esfuerzos para fortalecer las fronteras, limitar el paso de drogas y generar prosperidad interna para reducir la migración. Amenazó con que la política estadounidense era asegurar su frontera «y ponerle punto final a la amenaza».
Con esa orden, los presidentes centroamericanos se limitaron a informar de los esfuerzos que hacen en esas materias y tibiamente demandaron la reunificación familiar de los migrantes capturados en Estados Unidos. En particular, el Gobierno guatemalteco le pidió con timidez al de Estados Unidos instituir el estado de protección temporal para los migrantes guatemaltecos (TPS, por sus siglas en inglés). Vergonzante fue la réplica que el gobernante local hizo de la tarea de impulsar una campaña para promover que los guatemaltecos no migren hacia ese país.
Quienes esperaban una disculpa del señor Pence por el asesinato de la ciudadana guatemalteca Claudia Gómez a manos de un guardia fronterizo el 23 de mayo se equivocaron. Quienes pensaron que habría alguna explicación por el secuestro y las torturas psicológicas de niños separados de sus padres migrantes también erraron. Todo lo contrario: el discurso del emisario estadounidense estuvo marcado por amenazas e imposiciones toleradas sumisamente por los gobernantes centroamericanos.
En este marco, las familias presas en Estados Unidos, después de haber sido capturadas por sus fuerzas de seguridad, seguirán sin encontrar solución a su grave situación. Al ser catalogados de ilegales, de delincuentes y de una amenaza a la seguridad nacional, continuarán sometidos a tratos crueles. En esas condiciones su calvario se extiende y profundiza.
Las guatemaltecas y los guatemaltecos migran por la violencia y la pobreza, pero principalmente por un modelo económico que los expulsa y orilla a ese camino de explotación, cuando no de tortura. Ante la carencia de otras opciones, sin duda seguirán migrando aun bajo la amenaza instituida por Estados Unidos con su política migratoria, caracterizada por su racismo y violatoria de derechos humanos.
Gobiernos que defiendan a los migrantes son una ilusión, tanto como una utopía es que con estos Estados y estas administraciones gubernamentales se inicien políticas para resolver las causas que provocan la emigración. Que Estados Unidos cambie su política y garantice un trato humanitario de nuestros hermanos migrantes resulta también ilusorio.
Indignante es constatar, una vez más, que el Estado guatemalteco se somete a los intereses y políticas de Estados Unidos y que el gobierno actual se constituye en gestor de políticas e intereses externos, quizá porque nunca tuvo en el centro de su orientación la defensa de los intereses del pueblo guatemalteco.
La politóloga Simona Yagenova afirma que el hecho de que Guatemala se haya convertido en protectorado de Estados Unidos tiene implicaciones profundas. Cientos de niñas y de niños migrantes y sus padres experimentan en carne propia sus consecuencias.
Blog del autor: www.plazapublica.com.gt
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.