En contra de lo que se nos quiere hacer ver, el referéndum al que estamos convocados el próximo 20 de febrero no consiste en dar un sí o un no a Europa, sino en respaldar o rechazar un determinado modelo de Europa. Si el Tratado Constitucional fuera rechazado, sólo supondría que sería necesario preparar un […]
En contra de lo que se nos quiere hacer ver, el referéndum al que estamos convocados el próximo 20 de febrero no consiste en dar un sí o un no a Europa, sino en respaldar o rechazar un determinado modelo de Europa. Si el Tratado Constitucional fuera rechazado, sólo supondría que sería necesario preparar un nuevo texto y se abriría la posibilidad de un proceso más transparente y democrático en su elaboración y más respetuoso con los derechos en su contenido.
Los catastrofismos, pues, sólo pueden atribuirsea la ignorancia o a una descarada voluntad de confundir, e incluso de chantajear, a los ciudadanos. Aunque escribieran hace unos días Shröder, Rodríguez Zapatero y el presidente checo, en un artículo en El País, que esta Constitución «sólo comporta avances y no introduce ningún paso atrás», ello no es cierto, porque sus supuestos aspectos positivos quedan reducidos a mera retórica o a cuestiones insignificantes, al no establecerse garantías para su puesta en práctica, mientras que se constitucionaliza el más descarnado modelo neoliberal, tecnocrático, militarista y con gravísimos déficits democráticos: énfasis en el «mercado libre y no falseado, altamente competitivo», independencia -o sea, no control- del Banco Central Europeo, compromiso de los Estados en mejorar sus capacidades militares y en «prevenir conflictos» en estrecha colaboración con la OTAN, concentración de las funciones legislativas y ejecutivas en el Consejo de Ministros y el Consejo Europeo, relegando a la Comisión y, sobre todo, al Parlamento (única institución elegida) a un papel secundario, y -lo que es, quizá, más grave detodo- devaluación de los derechos sociales y culturales que sí están recogidos en las constituciones de los Estados miembros, por ejemplo en la española, y que a partir de ahora, si se aprueba el texto que nos presentan, se verán recortados.
Tres ejemplos de esta devaluación, entre otros muchos, son la sustitución del derecho al trabajo y a tener un empleo digno por el simple derecho (de mucho menor alcance) «a trabajar y a buscar empleo», la sustitución del derecho a una vivienda digna por «una ayuda en materia de vivienda» y la sustitución del concepto de «servicios públicos» por el de «servicios de interés económico general», abriendo de par en par la puerta a las privatizaciones en todos los ámbitos.
En cuanto al grado de progresismo de las innovaciones, bastaría señalar, sobre la más publicitada de todas, la de «iniciativa popular», que después dela necesaria recogida de un millón de firmas «procedentes de un número significativo de Estados»(?), no hay obligación alguna de someterla a consulta popular, porque no es vinculante, ni de respetar su contenido. Su significado no es otro que el de «solicitar a la Comisión que presente una propuesta»; es decir, se trata sólo del viejo buzón de sugerencias . Ante todo esto, que puede comprobar quien tenga la paciencia de leerse los cientos de páginas de esta Constitución europea y sus protocolos adjuntos, resulta una falsedad evidente la afirmación repetida días atrás por el secretario general del PS francés, para convencer a sus propios afiliados de que apoyaran el sí, de que «la Constitución no impone un modelo» por lo que dentro de ella, si en el futuro «los ciudadanos votan a mayorías de izquierda, se podrá dar un giro de izquierda a la construcción europea». Por el contrario, establece un rígido marco neoliberal, con un modelo económico, social, político y cultural que es incompatible con una Europa social, plural y democrática, basada en los derechos humanos y de los pueblos que lacomponen.
Y como para variar cualquier punto de mediana importancia se prescribe la unanimidad de los 25 Estados actuales, más los que entren en el futuro, resulta prácticamente imposible modificar dicho marco o realizar desde él políticas que no sean neoliberales, militaristas y escasamente democráticas. Por eso resulta lamentable, por demagógico, aunque ello sólo pueda sorprender ya a los ingenuos, que la Confederación Europea de Sindicatos considere que esta Constitución, aunque sea «imperfecta y con algunos (?)puntos débiles, debe ser considerada como el punto de partida de un largo proceso y no como el final». Ello podría ser así si el texto fuera menos rígidamente neoliberal, si instituyera un Parlamento con plenas funciones legislativas y si no estableciese condiciones imposibles para su modificación.
Pero como esto no es así, el señalar que hay que apoyarla porque «es la única que tenemos encima de la mesa» es justamente renunciar a otro texto alternativo que hiciera posible una Unión Europea diferente. Y tampoco es cierto que sea mejor esta Constitución que ninguna: el argumento sólo podría considerarse si Europa se encontrara en una situación de excepcionalidad política que no existe. La unanimidad entre los partidos de la derecha, la cúpula de los partidos socialistas europeos y la burocracia sindical a favor de esta Constitución, que impide cualquier otro proyecto para nuestro viejo continente, debería ser, ya de por sí, sospechosa. Como sospechosa, por sectaria, es también la posición de cierta izquierda que, sobre la base de un antinorteamericanismo visceral, piensa que cualquier Europa fuerte, como no sería buena para Estados Unidos, es buena para el mundo. Aunque el modelo de esa Europa se acerque, cada día más, al modelo supuestamente rechazado y sea otra punta de lanza para el avance de la globalización mercantilista
Isidoro Moreno es catedrático de antropología de Sevilla