La comunidad desalojada lleva por nombre Nueva Esperanza, del Municipio de La Libertad en el Departamento de El Petén. Las personas desalojadas son 60 niños, 96 mujeres, 100 hombres y 30 personas de la tercera edad. Sobreviven a la intemperie, en condiciones infrahumanas, imposibilitados por el Ejército y la Policía Nacional de Guatemala de retornar a sus tierras.
El domingo 28 de agosto se presentaron en la oficina del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta, A.C., dos personas de origen guatemalteco para pedir asesoría pues según su testimonio habían sido desalojados de su territorio.
La comunidad desalojada lleva por nombre Nueva Esperanza, del Municipio de La Libertad en el Departamento de El Petén. Las personas desalojadas son 60 niños, 96 mujeres, 100 hombres y 30 personas de la tercera edad.
Miembros de este Centro de Derechos Humanos hicieron una visita al lugar, las personas nos relataron que el martes 23 de agosto fueron desalojadas con violencia por parte del Ejército guatemalteco, la policía nacional y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), que en presencia de personal de derechos humanos de Guatemala ejecutaron la orden de desalojo, la cual hicieron de forma violenta, quemándole sus casas, escuela y centro de salud. Ellos se refugiaron en la comunidad de Nuevo Progreso del municipio de Tenosique, Tabasco, a solo 500 metros de la línea fronteriza. No se les permitió sacar sus pertenencias.
Hasta ahora ninguna autoridad de Guatemala se ha presentado a dialogar con ellos. Por parte del Estado mexicano han acudido representantes de los tres niveles de gobierno, el grupo Beta y la CNDH para ofrecer ayuda humanitaria y verificar las condiciones en las que se encuentran.
Hemos constatado las infrahumanas condiciones en las que se encuentran sobreviviendo, pues están literalmente a la intemperie, cubriéndose sólo con algunas lonas y chozas construidas provisionalmente. Miembros del Ejército y la Policía nacional de Guatemala se encuentran muy cerca del lugar donde están los desplazados impidiendo el retorno a sus tierras y el tránsito de cualquier persona.
Ante esta situación nos solidarizamos en las exigencias de las familias desalojadas de que el gobierno de su país escuche y atienda sus justos reclamos de regresar a su tierra y se les reparen los daños causados.
Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional para que haga llegar al Gobierno de Guatemala el repudio por los actos de desalojo y despojo de forma violenta y por las condiciones en las que se encuentran sobreviviendo.