En los últimos meses, por los cruentos asesinatos de defensores comunitarios de derechos en el país, Guatemala está recuperando su pérfida imagen histórica de país sanguinario con los suyos. Hace unas horas atrás, (30 de julio), en la Aldea Vijolom I, Municipio de Nebaj, Quiché, a más de 250 Km al noroeste de la ciudad […]
En los últimos meses, por los cruentos asesinatos de defensores comunitarios de derechos en el país, Guatemala está recuperando su pérfida imagen histórica de país sanguinario con los suyos.
Hace unas horas atrás, (30 de julio), en la Aldea Vijolom I, Municipio de Nebaj, Quiché, a más de 250 Km al noroeste de la ciudad de Guatemala, presenciamos un multitudinario entierro de Juana Raimundo, defensora juvenil de derechos humanos, asesinada por desconocidos.
La joven maya ixil, de 25 años de edad, era defensora de derechos en el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y miembro del Movimiento para Liberación de los Pueblos (organización política en formación).
En lo que va del año, son siente los defensores comunitarios asesinados, miembros de CODECA. Además de otros tres defensores asesinados del Comité Campesino del Altiplano (CCDA). Y, hasta el momento, las investigaciones del Ministerio Público no dan resultados.
Los asesinatos contra defensores de CODECA arreciaron a raíz de un discurso de odio y estigmatización contra este movimiento, emitido públicamente por el actual Presidente de la República, Jimmy Morales. Es decir, el propio Estado, lejos de proteger, coaccionó y coacciona contra sus defensores comunitarios de derechos.
A esta estigmatización y coacción contra defensores se suma la impunidad como un elemento motivador de las acciones criminales. «Si mato a alguien de CODECA, no me pasará nada. Más por el contrario seré premiado con la impunidad», parece ser la convicción de los criminales.
¿Qué evidencia la violencia estatal contra defensores de derechos?
El Estado es el principal responsable del cumplimiento y garantía de derechos. Ante el incumplimiento de dicha función, las personas de manera individual o colectiva ejercen el derecho a defender derechos. Pero, el Estado lejos de promover a dichos defensores (como establece el derecho internacional), los denigra, criminaliza y permite o promueve los asesinatos selectivos.
Esto es una evidencia del fracaso o colapso del Estado de Derecho. Incluso es una muestra del debilitamiento del mismo Estado (porque no puede cumplir sus compromisos).
Ante esta ausencia del Estado garante, en el país se aplica la Ley del más rico que aniquila físicamente a todos cuantos se atrevan a exigir derechos, y defender sus territorios.
La violencia sangrienta contra defensores indígenas y campesinos evidencia el hundimiento antropológico en el que subsisten las clases dominantes del país. Para éstos, aquellos no son aún reconocidos como humanos.
¿Cuál es el efecto de los asesinatos selectivos de defensores de derechos?
Los antisujetos que intentan anular a defensores de derechos buscan desarticular, desmoralizar y destruir los procesos organizativos de defensores en los territorios.
Sin embargo, según se puede constatar en CODECA, la sangre de sus defensores mártires abona y acelera aún más los procesos organizativos. El movimiento crece en el campo, y del campo hacia las ciudades. Pero, sobre todo, la criminalización y asesinatos está obligando a este movimiento dar saltos cualitativos en la construcción de su horizonte teórico.
Los procesos de resistencia ya no son únicamente contra las empresas que los despojan, sino, ahora, también es contra el Estado criminal que los violenta. Por eso, de la demanda de la nacionalización de la energía eléctrica saltaron a la propuesta de la «nacionalización de todo lo que se privatizó en el país».
De la sentencia de «no tenemos Estado» saltaron a la propuesta «vamos por la construcción de un Estado Plurinacional, con autonomías territoriales», mediante proceso constituyente plurinacional.
La represión empresa-estado contra defensores tiene un efecto boomerang, al parecer. Es probable que, simultáneo al impulso del proceso constituyente, los territorios organizados en resistencia terminen desconociendo expresamente al Estado nacional. Esto, posiblemente consistiría en la expulsión de los funcionarios estatales de los territorios en conflicto.
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