Dos acontecimientos, muy recientemente, han agravado la crisis política en el Perú. A partir de ellos, la «prensa grande» ha desplegado una ofensiva demoledora contra el régimen, buscando crean un franco ambiente de ingobernabilidad. Veamos. El primero de los temas tiene que ver con la decisión del Tribunal Constitucional, conocida el martes 27, y referida […]
Dos acontecimientos, muy recientemente, han agravado la crisis política en el Perú. A partir de ellos, la «prensa grande» ha desplegado una ofensiva demoledora contra el régimen, buscando crean un franco ambiente de ingobernabilidad. Veamos.
El primero de los temas tiene que ver con la decisión del Tribunal Constitucional, conocida el martes 27, y referida al «caso» Nadine Heredia. En ella, el máximo ente en la materia, abrió paso a todas las investigaciones planteadas contra la Primera Dama, y desestimó los recursos de defensa que ella había formulado
El segundo, con la destitución de la Procuradora del Estado, Julia Príncipe, que tuvo protagonismo en las investigaciones en marcha, y decidió cumplir su tarea hablando abiertamente de los casos por deslindar, sumándose en los hechos a las especulaciones en marcha.
La funcionaria, objetivamente, se convirtió o en una suerte de «víctima» de la irracionalidad de un gobierno que no tiene voluntad de diálogo, y que, aunque débil, asoma dispuesto a aplastar a sus adversarios.
En uno y en el otro de los temas, así como en casi todos los anteriores, la hoy Presidenta del Partido Nacionalista ha sido sindicada como la «responsable» de todo lo que ocurre. Origen y causa de fallas, errores, arbitrariedades y abusos, Nadinne Heredia fue colocada en el centro de la ofensiva de prensa, no obstante su condición de no funcionaria pública.
La campaña contra la esposa del Presidente Humala no ha reparado en consideraciones menores, y se ha valido de todo lo que ha tenido a su disposición para arremeter con la mayor fuerza posible.
En el extremo, Keiko Fuimori ha salido al frente para «emplazar» al Jefe del Estado exigiéndole -nada menos- que «destituya» a Nadine Heredia de un cargo que legalmente no existe -«La Primera Dama de la Nación»- Todos han recordado, por cierto, que ese fue el puesto honorífico de la que fuera destituida Susana Higushi, su madre, en los años 90, precisamente para conferírselo a ella, por la omnímoda voluntad de su padre, el hoy reo en cárcel Alberto Fujimori .
En general, no se ha advertido el hecho que los «delitos» que se le imputan a la investigada responden a dineros no públicos supuestamente recibidos en el marco de la campaña presidencial de su esposo en el año 2006. En esa circunstancia, ella no ocupaba ninguna de las funciones que hoy desempeña y ni siquiera existía propiamente el Partido Nacionalista. Pero igual, la han imputado porque eso responde objetivamente a los intereses de sus detractores.
Detrás de todas las pesquisas en marcha anida la idea de «llegar al fin», es decir, al supuesto «origen» de los fondos aludidos que -a juicio de los acusadores- no podrían ser sino «dinero venezolano». A ese extremo ridículo ha llegado la ofensiva política de los enemigos del gobierno bolivariano de Venezuela, que no descansan en el empeño por desdibujar y atacar a la administración de Caracas. La curiosidad de Washington pareciere estar allí.
Bueno es recordar que cuando asomó el Tribunal Constitucional como el organismo encargado de abordar el tema, el APRA y el fujimorismo desataron una ofensiva sin precedentes contra este organismo. El parlamentario alanista Mauricio Mulder, por ejemplo, amenazó con «disolver» el TC si «no actuaba de acuerdo a ley», es decir, si fallaba a favor de la investigada. Y el congresista Héctor Becerril sostuvo que los integrantes de ese organismo serían «destituidos» si no obraban «como se esperaba».
En ese marco, no debió sorprender que, transcurridos tan sólo cuatro días hábiles del inicio de sus pesquisas, el TC fallara de acuerdo a lo solicitado por los adversarios de Nadine Heredia. Después de todo, ella forma parte de un gobierno que ya acaba y que carece de posibilidades reales de recuperación a corto plazo. En cambio los rivales de la señora, bien pueden ser gobierno en los próximos cinco años, casi todo el tiempo de gestión de los honorables miembros del Colectivo en cuestión. Muchísimos peruanos deben esperar meses, y aún años, para que el TC se pronuncie en torno a una causa.
En cuanto a la señora Julia Príncipe, bien puede coincidirse en señalar que fue un error desplazarla de su función, o que el momento en que ese hecho ocurrió, no era el más apropiado. Pero es claro que se trata de una funcionaria del Estado que no tiene una función independiente. Representa al ente público y está regida por una disposición del 2008 -gobierno de García- que dicta normas, aplicables a todos los que activan en esa misma función.
La señora Príncipe tenía todo el derecho de investigar de acuerdo a ley en un país en el que, formalmente, nadie está libre de indagaciones de orden judicial, civil o penal; pero no está facultada para hacer uso de los medios de comunicación a su alcance, y sumarse a campañas de prensa en contra de sus investigados.
Si revisamos las páginas de los diarios, las entrevistas de la Tele y los programas de la Radio, veremos que en las últimas semanas, la Procuradora destituida fue virtual «estrella». Entrevistada en numerosas ocasiones, no escatimó «soltar» informaciones, reales o supuestas, en torno a los temas planteados. Hipótesis de todo tipo. Y eso, en los hechos, la hacía «parte» de una ofensiva de prensa poco recomendable.
Su destitución, por lo demás, ha permitido hacer más luces en torno al tema. El Colectivo «Renovar», del Partido Aprista, ha sido el primero en colocar banderolas en los puentes de la Vía Expresa, y salir a la calle, en «defensa» de la destituida. Y los voceros del alanismo y el fujimorismo se han colocado a la ofensiva en todos los medios para ganar adhesiones ciudadanas.
La actitud del gobierno, en torno al tema, ha sido por cierto, errónea. Sabe que perdió fuerza en el Congreso de la República por la deserción de congresistas, varios de los cuales esperan postular nuevamente en otras agrupaciones en procura de mantener sus espacios. Y sabe, también, que la composición del Tribunal Constitucional, no le es favorable.
Pudo haber evitado esos escenarios, pero no lo hizo. Por el contrario, los buscó de manera errática quizá con la idea de asomar como «víctima» de la campaña de sus enemigos.
Objetivamente, no ocurrieron así las cosas. Quizá por eso, insegura, trémula y dubitativa, Nadine Heredia formuló un débil alegato la tarde del miércoles 27. A la defensiva, careció de fuerza para formular descargos y alentar banderas. Prefirió, más bien, mostrar decepción y desencanto por lo ocurrido, y una nula voluntad para modificar procedimientos equívocos.
La situación, en el marco de esta crisis, se torna complicada en el país, y toma base una fuerza que -como bien lo anota «Beto» Adrianzén- puede derivar en una «salida a la guatemalteca», es decir, un proceso fulminante que genere la destitución del Jefe del Estado virtualmente en víspera de los comicios nacionales próximos que bien podría adelantarse para -de paso- «no dar tiempo» a que prospere el proceso de unidad de las fuerzas democrática, que marcha mucho más lentamente de lo que la vida requiere.
El pintoresco Fernando Olivera -de retorno de su migración ibérica y empeñado en volver como candidato presidencial- no descarta eufórico un «camino a la brasileña», es decir, una Acusación Constitucional contra Humala como la que se pretenden en Brasil contra Dilma.
En ambas rutas, luce con fuerza creciente la mano de los servicios secretos yanquis, que nunca apuntan al pasado, sino que juegan siempre por el futuro. A él, apuestan hoy en Centroamérica, en el gigante sudamericano con el que pretenden cambiar la correlación de fuerzas continental, y en nuestro país, donde aspiran a restaurar aquello que vieron peligrar el 2011 y que podría estar en ascuas nuevamente el 2016.
No obstante, y a todo esto, la Izquierda oficial, sin juego propio, se suma alegremente a la campaña de los medios, aplaude la decisión del TC y elogia a la Procuradora destituida, sin reparar que, detrás de la mampara, se mueva aviesa la mano del Imperio.
Gustavo Ezpinoza, Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera / http://nuestrabandera.lamula.
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