Un informe de la Comisión Internacional de Juristas -organismo de las Naciones Unidas- atribuye a la Presidencia, a la bancada oficialista y a la Suprema Corte de Justicia una deliberada actitud de consolidar la impunidad de los terroristas de Estado «para terminar, a cualquier costo, con la investigación de las violaciones a los derechos humanos». […]
Un informe de la Comisión Internacional de Juristas -organismo de las Naciones Unidas- atribuye a la Presidencia, a la bancada oficialista y a la Suprema Corte de Justicia una deliberada actitud de consolidar la impunidad de los terroristas de Estado «para terminar, a cualquier costo, con la investigación de las violaciones a los derechos humanos».
Con su conocido y particular estilo de prudencia, Tabaré Vázquez contestó: «Lo dijo usted, no lo dije yo», cuando una periodista sintetizó: «De modo que Huidobro está nominado pero no tiene su respaldo». En un toma y daca, en medio de tamboriles y comparsas, el presidente electo eludió expresamente un respaldo a quien designó como ministro de Defensa de su próximo gobierno. Vázquez resolvió la flagrante contradicción con una perogrullada: «El señor ministro es ministro del actual gobierno. Yo comienzo a trabajar el 1 de marzo».
Tanto gre gre para decir Gregorio explica quizás la intención de Vázquez de desmarcarse del severo y contundente informe difundido por la Comisión Internacional de Juristas (Cij) -organismo consultante de las Naciones Unidas con sede en Ginebra-, que no sólo acusó al ministro Fernández Huidobro sino a la Presidencia, a la bancada oficialista del Parlamento y a la Suprema Corte de «consolidar un estado de impunidad para las atrocidades cometidas en el pasado reciente». Hasta ahora nadie en el gobierno se ha sentido aludido por unas conclusiones que afirman una complicidad oficial con los militares y policías responsables de los delitos de lesa humanidad.
El informe, difundido el pasado lunes 19, no anda con medias tintas, a raíz de las conclusiones sobre la situación de los derechos humanos en Uruguay a que llegaron dos misiones que visitaron el país en 2013. El documento de 32 páginas dedica un capítulo especial a las últimas acusaciones de Fernández Huidobro. «El ministro de Defensa -dice el informe-, que no ha prestado la cooperación necesaria en las causas judiciales por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, decidió lanzar un virulento ataque en contra del Serpaj y de las Ong en general.» Recuerda los epítetos -«imbéciles», «cercanos a grupos nazis», «financiados por las peores fundaciones imperiales»– lanzados por el ministro, y subraya las afirmaciones -«en un giro reminiscente de los peores años del autoritarismo»- acusando al Serpaj de ser parte de «una gran campaña muy bien financiada desde el exterior, una campaña mundial que desestabiliza la situación en muchísimos países» y «busca objetivos oscuros».
La Cij anota que «representantes del Poder Ejecutivo, incluyendo el presidente de la República, minimizaron la importancia de las declaraciones ministeriales o banalizaron su impacto, ignorando sin embargo el tema de fondo, que es la falta de cooperación del ministerio respectivo en los casos judiciales».
Según la Cij, «el ministerio ha negado a los jueces letrados que iniciaban investigaciones las listas de militares que en un momento dado revistaron en una unidad militar; los legajos personales de algunos altos oficiales, direcciones de soldados a quienes los abogados patrocinantes de las víctimas querían hacer comparecer ante el juzgado y otras informaciones fundamentales para dar impulso a los procesos». El documento agrega que, en ocasiones, el ministro afirmó que «ese tipo de documentación no se ha conservado en el ministerio». (Dicho sea de paso: los juristas de Ginebra no tienen por qué saber que, por ejemplo, las direcciones domiciliarias del personal militar, en actividad o en retiro, están, permanentemente actualizadas, en el Servicio de Pensiones Militares, dependiente del ministerio.)
El documento establece que los legisladores del grupo político predominante en el gobierno «han guardado silencio frente a lo que resulta cada vez más evidente: que se han dado pasos para consolidar un estado de impunidad para las atrocidades cometidas en el pasado reciente», y han acompañado, dice el informe, la postura prescindente de la Presidencia. La Comisión Internacional de Juristas llegó a la conclusión de que el grupo político predominante en el Poder Ejecutivo no ha tenido mayor interés en escudriñar el pasado reciente y «ha predominado -dice- en estrechos círculos gubernamentales lo que los analistas llaman la ‘teoría de los dos demonios'».
El informe recuerda que desde hace ya un tiempo se repiten declaraciones desde altas esferas del gobierno «que apuntan soslayada, pero inevitablemente, a consolidar el grado de impunidad ya implantado con relación a las violaciones del pasado reciente. Estas declaraciones se traducen en llamados a la clemencia humanitaria que mitigue las condiciones de reclusión -debido a la edad avanzada- de los perpetradores».
El panorama que conduce a la inevitable conclusión de que en los tres poderes del Estado predomina un contubernio con la impunidad se completa con los tajantes juicios del organismo internacional hacia los miembros de la actual Suprema Corte de Justicia. Afirma el documento que la Scj «ha asumido una importante cuota de responsabilidad en las acciones para terminar, a cualquier costo, con la investigación de las violaciones a derechos humanos cometidas por agentes gubernamentales durante la dictadura militar». El documento subraya que no ha bastado para tal fin que las más recientes sentencias resulten violatorias del derecho internacional (sosteniendo la prescripción de los delitos que, por otra parte, no son considerados como de lesa humanidad); «ha llegado a sancionar -para todos los efectos prácticos- a jueces de lo penal que quisieron seguir con los procesos intentados contra miembros de las Fuerzas Armadas. Estas sanciones aparecen disfrazadas como traslados de sus cargos, que se dan de manera inconsulta e infundada, pero con el obvio resultado de obstaculizar los avances en los procesos penales pendientes». Deduce la Cij que con dichos traslados (se menciona expresamente el de la doctora Mariana Mota) la Suprema Corte y la Fiscalía de Corte buscan que los jueces y fiscales no avancen en las causas de derechos humanos, «ignorando el devastador impacto que sus acciones tienen sobre los procesos judiciales en curso». La remoción de jueces y fiscales que se encuentran al frente de casos de alta sensibilidad política y social, sin brindar fundamentos razonables, «puede verse como un impacto intimidatorio y aleccionador sobre otros jueces, lo que pone ciertamente en riesgo el principio de independencia judicial».
En el umbral de un tercer gobierno del Frente Amplio, la consolidación presente de la impunidad desdibuja las iniciativas iniciales con las que la propia coalición diseñó su política de derechos humanos. Concluye el informe: «Las frecuentes referencias -desde el Ejecutivo- a la necesidad de clemencia humanitaria -en forma de prisión domiciliaria- para el puñado de represores de la dictadura que purga sentencia, las alegaciones a las falsas simetrías del ‘combate’ de los años sesenta y setenta, y la resistencia a proporcionar informaciones necesarias para que se pueda conocer la verdad sobre los desaparecidos, son todos signos que sugieren que una nueva resolución se ha estado abriendo camino a nivel de la cúpula gubernamental. De consolidarse esta tendencia, sólo puede conducir a un estado más pronunciado de la impunidad que el que se ha visto hasta ahora».
Sin embargo, la Cij sostiene que existen condiciones que permiten avanzar hacia una resolución de los temas de verdad y justicia sobre el pasado reciente que dé, finalmente, una alternativa aceptable y digna para las víctimas, los familiares y la sociedad. «Para eso, el próximo gobierno deberá mostrar determinación y ejercer liderazgo», recomienda el documento.
En ese sentido, las recientes declaraciones de Tabaré Vázquez («vamos a cumplir estrictamente con el compromiso adquirido en la campaña electoral, vamos a trabajar por la verdad y la justicia, y a trabajar para que la situación del último de los desaparecidos pueda ser revelada: saber qué pasó. Vamos a tomar todas las medidas necesarias para facilitar esta tarea») pueden ser el anuncio de una rectificación de rumbos; o pueden ser otro saludo a la bandera.