Los días 12 y 13 de julio del presente año, comunidades indígenas y campesinas organizadas en resistencia, y articuladas en el movimiento indígena campesino Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), ocuparon y paralizaron los principales caminos del país (en 19 puntos diferentes) exigiendo la renuncia del actual Gobierno nacional, y adelanto de elecciones generales. Entre las […]
Los días 12 y 13 de julio del presente año, comunidades indígenas y campesinas organizadas en resistencia, y articuladas en el movimiento indígena campesino Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), ocuparon y paralizaron los principales caminos del país (en 19 puntos diferentes) exigiendo la renuncia del actual Gobierno nacional, y adelanto de elecciones generales.
Entre las razones que argumentan indígenas y campesinos movilizados fueron:
El actual Presidente de la República, Jimmy Morales, no hizo mayor esfuerzo por frenar la reinante corrupción evidente en la administración pública. Su hijo mayor y su hermano (quien era o es asesor del Presidente) fueron denunciados y ligados a proceso penal por estafa al Estado cometidos ya cuando ocupaban la Casa Presidencial.
El Presidente condonó millonarias deudas fiscales a 216 grandes empresas, mientras el país languidece en déficit financiero, y las empresas grandes evaden impuestos.
Denuncias públicas ligan al Presidente Jimmy Morales por el asesinato de más de 40 niñas en el Hogar Seguro, bajo la administración estatal. Actualmente existe iniciada una solicitud de antejuicio contra el Presidente por dicho acto criminal.
La bancada legislativa del partido del Presidente (FCN-Nación) está conformada por 37 diputados, de los cuales, sólo 10 fueron electos bajo esta sigla política, el resto son «tránsfugas» de partidos políticos disueltos por actos de corrupción. Del total de esta bancada oficial, 12 diputados se encuentran con procesos de antejuicio en su contra. El fundador e ideólogo de este partido, Diputado Ovalle, se encuentra prófugo de la justicia por delitos de lesa humanidad.
Las condiciones de vida y la incertidumbre social han empeorado en el país. Los servicios básicos y sistema caminero se encuentran en completo abandono. El gobierno actual, para los sectores organizados y movilizados, es calificado como «inepto y corrupto». Al grado que el propio Presidente en una televisora internacional manifestó que la «corrupción es algo normal en Guatemala».
A esto, se suman los sistemáticos actos de corrupción del «repudiado» Congreso de la República. Se tiene conocimiento que 110 de los 158 diputados fueron sobornados por la empresa constructora Odebrech para dejar obras inconclusas en el país. De esos diputados impunes, ahora, más de 40 continúan legislando en el Congreso, incluso los diputados de la izquierda.
La actual corrupción pública, incluso es mucho más evidente que lo que se oía durante el defenestrado gobierno de Otto Pérez Molina, sin embargo, sólo sectores rurales organizados son los que se movilizan. La marea de indignados del 2015, al parecer maneja menos información pública que los excluidos del campo.
Ante esta realidad, las comunidades en resistencia articuladas en CODECA ocuparon con sus cuerpos por dos días consecutivos los principales caminos del país, exigiendo la renuncia del Gobierno y diputados.
Los empresarios, militares y políticos expresaron su rechazo, y obligaron al Gobierno a que desaloje a los manifestantes en su segundo día.
Desde hace 5 años atrás, CODECA es el único movimiento social que se mantiene movilizado en las calles exigiendo cambios estructurales en el Estado y en las relaciones sociales del país. Plantean y trabajan visiblemente en la construcción de un proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional para crear un Estado Plurinacional de los pueblos.
A los observadores externos en Guatemala, nos asombra los impactos negativos que han sembrado la paternalista cooperación internacional, el providencialismo del neopentecostalismo evangélico y católico, la hegemonía cultural neoliberal. Sin embargo, contemplar procesos de resistencia y el despertar de comunidades despojadas, con una claridad política incluso muy por encima de la capacidad de comprensión de analistas y escritores progresistas o revolucionarios del país, también asombra.
Las comunidades indígenas y campesinas despejaron momentáneamente los caminos, no sin antes dejar el mensaje claro que no todo el país está dormido. Anunciaron tomar nuevas medidas de presión para horadar al sistema violento y corrupto reinante.
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