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Informalidad y pobreza bajo el régimen Ortega-Murillo

Fuentes: Rebelión

En el 2007, según el “Informe Anual de 2010” del Banco Central de Nicaragua (BCN) la Población Económicamente Activa (PEA) era de 2.27 millones de personas, de los cuales sólo 458.9 miles trabajadores estaban afiliados al INSS; por lo tanto, el 79.8 por ciento estaba en la informalidad.

En diciembre del 2017, de acuerdo al “Anuario de Estadísticas Macroeconómicas 2019” del BCN la PEA era cercana a los 3.3 millones de personas, de los cuales sólo 913,797 trabajadores (27.81 por ciento) estaban afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS); por lo tanto, el 72.19 por ciento de la PEA estaba en la informalidad, desprotegidos de beneficios y seguridad social, no reciben un salario fijo o en el desempleo. Es decir, después de 11 años del pacto público-privado entre Ortega y el gran capital, dos tercios de la PEA permanecía en condiciones de subempleo o realizando trabajos por los cuales no reciben un salario mensual.

En diciembre de 2017 había 913,797 afiliados al INSS; en agosto de 2020 los afiliados descendieron a 693,476, lo que significa una contracción del -24.12 por ciento en el número de afiliados. Detrás de estas cifras de desafiliados hay empresas cerradas, familias en penurias y personas que engrosan las cifras del desempleo, o bien, han caído en la informalidad.

Es decir, entre diciembre 2017 a agosto 2020 se desafiliaron 220,327 personas producto de la profundización de la recesión económica que implicó el cierre del 54 por ciento de las empresas (según encuesta del Consejo Superior de la Empresa Privada – COSEP), en todos los sectores económicos, principalmente en la construcción, comercio, turismo, servicio, etcétera.

La informalidad mueve más de un tercio de la economía. Este incremento como proporción de la producción total del país. La informalidad da trabajo a más del 72.19 por ciento de la fuerza laboral en el país. Es decir, 72 de cada 100 personas ocupadas obtuvo su ingreso bajo esta modalidad, la que no cuentan con ningún tipo de prestación social. El comercio al por menor es donde se concentra la mayor parte de la economía informal

El problema de la informalidad (trabajo informal) en Nicaragua, es un lacerante problema socio laboral presente de tiempo atrás, pero acicateado durante el régimen Ortega-Murillo. Los trabajadores informales sobreviven en precaria situación. Sin prestaciones de ninguna naturaleza y con remuneraciones entre el 25 y 50 por ciento inferiores a las pagadas en el trabajo formal, donde el panorama tampoco es grato, porque los salarios ofrecidos resultan cada día menores en relación al costo de la canasta básica.

De acuerdo al Banco Mundial (BM) los nicaragüenses necesitan un ingreso superior a los US$ 3.20 dólares diarios (equivalente a C$ 112.0 córdobas diarios) para no ser considerado pobre, lo que implica tener un ingreso de US$ 96.0 dólares mensual por persona, equivalente, al cambio oficial, a C$ 3,072 córdobas mensual por persona (cambio de C$ 35.00 córdobas por dólar).

Tomando en cuenta que el promedio de personas por hogares es de 6 personas, significa que un hogar para no ser considerado pobre tiene que tener un ingreso total mensual de US$ 576 dólares mensuales o el equivalente de C$ 20,160 córdobas mensuales, mientras el salario promedio nominal del sector formal fue, en el 2019, de C$10,941.6 córdobas.

El documento de la CEPAL “América Latina ante la crisis del COVID-19. Vulnerabilidad socioeconómica y respuesta social 2020”, establece tres categorías: extrema pobreza, pobreza y estratos bajos no pobres. Señala que el 77.2 por ciento de la población de Nicaragua, en el 2019, se encontraba en una situación de muy alta vulnerabilidad.

Es decir, alrededor de 5.2 millones de nicaragüenses se encuentran en situación de vulnerabilidad, pobreza o extrema pobreza, debido a la caída del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores de ingresos bajos y medios y trabajadores por cuenta propia. Los ingresos de los trabajadores informales y de la mayoría de los pensionados se han traducido en una reducción del consumo e insuficiencia alimentaria (hambre).

De acuerdo con un informe publicado por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el número de personas que viven en extrema pobreza, es decir, con ingresos inferiores a US$ 1.90 dólares al día, en los países menos adelantados (PMA), entre ellos Nicaragua, se ha incrementado en el 2020, lo cual limitaría las posibilidades de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas para el 2030.

Según el “Anuario de Estadísticas Macroeconómicas 2019” del (BCN), el salario promedio nominal nacional del empleo formal alcanzó, en el 2019, la cifra de C$ 10.941.6 córdobas mensuales y el costo de la canasta básica era de C$ 13,904.5 córdobas mensuales, lo cual nos indica que el promedio de los trabajadores formales se encuentra en situación de pobreza al no tener la capacidad de comprar una canasta básica.

De acuerdo a la métrica sobre la pobreza del Banco Mundial, actualmente en el país más del 50 por ciento de los trabajadores formales y cerca del 80 por ciento de los que laboran en el sector informal están por debajo de la línea de pobreza. Es decir, trabajar no es suficiente para garantizar que una familia pueda adquirir los bienes básicos, incluso comer. Son trabajadores que se encuentran en situación de pobreza laboral.

El 77.2 por ciento de la población nicaragüense padece de pobreza multidimensional; es decir, que tiene carencia monetaria, limitado acceso a la educación, bajo nivel educativo de los adultos, viven en viviendas inadecuadas, habitan en hacinamiento, no cuentan con los servicios básicos y se encuentran en el desempleo o en la informalidad.

Es decir, los niños y adolescentes viviendo en condiciones tienen menos posibilidades de tener acceso a una educación y llegar a tener una formación laboral calificada. Por lo tanto, las posibilidades de salir de la pobreza son muy bajas, afectando un retardo en talla/crecimiento en los escolares.

La pobreza y la extrema pobreza priva a miles de niños y adolescentes de alcanzar, tanto a nivel físico como de desarrollo intelectual, con las consecuencias que ello acarrea para la vida adulta. Durante el régimen Ortega-Murillo se incrementó la brecha entre ricos y pobres.

La política laboral del régimen Ortega-Murillo es responsable del descenso salarial y aumento de la precariedad. Dentro de la población, hay un grupo de personas que tiene la menor probabilidad de salir de la pobreza. Ya que los sectores que viven en pobreza, extrema pobreza e ingresos bajos, presentan un déficit en la ingesta de proteínas similar al consumo de calorías o energético. Esto es lo que se denomina “pobreza crónica”.

Un análisis del balance alimentario de la población vulnerable, medido en términos del consumo aparente y su aporte proteico-calórico, indica que no se cubren las recomendaciones proteicas mínimas y en los últimos años se ha deteriorado la situación calórica, por la desigualdad económica para adquirir los alimentos.

En el 2018, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) resaltó que los países centroamericanos donde hay inseguridad alimentaria aguda por factores económicos y climáticos con mayor prevalencia de personas que sufren hambre fueron Guatemala (15.2 por ciento) y Nicaragua (17.0 por ciento).

Entre el 2018 y 2020, hemos visto, por desgracia, un aumento en las cifras del hambre, subalimentación, malnutrición y desnutrición moderada y severa. Millones de personas no pueden pagar una dieta saludable, no porque no haya comida, sino por la desigualdad económica. Miles de familias pasan dificultades para comprar comida y medicinas, mientras sus medios de vida se destruyen y el desempleo o la informalidad afecta a 5.2 millones de personas, una combinación fatal.

Según el “Plan Nacional de Desarrollo Humano” el país enfrentaba, en el 2009, un déficit habitacional de 956,981 viviendas, cada año este déficit aumenta en 20,000 viviendas por la conformación de nuevas familias y la caducidad de las viviendas existentes. Desde el 2007 al 2009, el gobierno logró construir 6,608 viviendas, a las que hay sumar 4,800 casas construidas por el sector privado, para un total de 11,408 viviendas y ese ha sido el promedio de construcción hasta el 2017. En el 2020, el déficit habitacional supera el millón de viviendas. La existencia de viviendas inadecuadas y hogares que viven en hacinamiento son dos indicadores más de la pobreza multidimensional.

Dado el retraso en el desarrollo del país y los índices de vulnerabilidad Naciones Unidas en su “Informe de seguimiento en el mundo” señala que, de seguir las tendencias actuales, Nicaragua logrará la universalización efectiva de la educación primaria hasta el año 2035, en el de nivel de secundaria en el año 2060 y en la educación media superior hasta el año 2100.

Al final del 2020 no hay un incremento importante del comercio exterior, tampoco una disminución en el rezago de la brecha tecnológica, ni un aumento de la productividad; por lo tanto, cerramos el año con un incremento de la desigualdad, la insuficiencia alimentaria, prevalencia de personas que sufren hambre, la pobreza, la extrema pobreza, estratos bajos no pobres sin ingresos e incremento de la población informal e inactiva a la fuerza de trabajo.

Al finalizar el 2020, el régimen Ortega-Murillo acelera su ritmo represivo contra la oposición a un nivel sin precedente desde la dictadura de los Somoza, reparte licencias a empresas mineras para explotar recursos en tierras públicas, repite su falsa declaración sobre el “golpe de estado” a la rebelión pacífica de los ciudadanos autoconvocados en abril 2018 y amenaza con la intención de impedir que la oposición presente candidatos a las elecciones de noviembre de 2021. A nivel internacional, para muchos sectores progresistas le cuesta creerlo, pero Daniel Ortega adoptó como guía al dictador Anastasio Somoza García.

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