En medio de una tormenta política desatada en el Frente Amplio, el presidente no dará marcha atrás. Le importa «más el gesto que el resultado», y la iniciativa puede ser aprobada con votos blancos, colorados y del MPP, ante la oposición del resto del FA. Un mes después de haber lanzado su iniciativa a fin […]
En medio de una tormenta política desatada en el Frente Amplio, el presidente no dará marcha atrás. Le importa «más el gesto que el resultado», y la iniciativa puede ser aprobada con votos blancos, colorados y del MPP, ante la oposición del resto del FA.
Un mes después de haber lanzado su iniciativa a fin de que la justicia pueda liberar a presos mayores de 70 años aun cuando sean criminales de lesa humanidad, el presidente José Mujica -tal cual lo esperado-, quedó en una encrucijada. Y ayer decidió cuál será su próximo movimiento. Si decidía mover hacia atrás se hubiera expuesto a las críticas de la oposición por su forma de manejar propuestas públicamente: «Como te digo una cosa, te digo la otra», hubieran ironizado una vez más. Pero acaba de decidir mover hacia adelante. De esta manera deberá asumir el costo político de desencadenar difíciles enfrentamientos en la interna frenteamplista y cuestionamientos de buena parte de los votantes de izquierda, aunque quizá llegue a ganar aplausos de la oposición.» Lo voy a presentar igual, y que el Parlamento decida. En este tema me interesa más el gesto que el resultado», opinó ayer Mujica, según supo Brecha de una alta fuente del entorno presidencial.
La reacción del mandatario enfrenta un vendaval ya desatado. La primera piedra la arrojó el Partido Socialista, cuya resolución en rechazo del planteo del presidente, emitida el lunes 5, actuó como un disparador para los demás sectores que, oficialmente, o de acuerdo a las declaraciones de dirigentes importantes, también se oponen a la propuesta de Mujica.
Tormenta
«El Partido Socialista entiende -y así mandatará a su bancada parlamentaria a actuar- que las personas procesadas por delitos de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura a través de acciones enmarcadas en el terrorismo de Estado, no serán pasibles de beneficiarse de medidas alternativas a la prisión bajo ninguna circunstancia», reza el comunicado. De esta manera y como era previsible, pero ahora oficialmente, fracasa la idea inicial del presidente de buscar un consenso sobre el asunto en el Frente Amplio.
La declaración trasunta el enfrentamiento político existente entre el PS y el MPP, al menos desde la campaña electoral para las internas -cuando los socialistas no apoyaron la candidatura de Mujica-, agravado por el comportamiento que el sector del presidente asumió para las municipales al impedir el triunfo en la convención del candidato socialista Daniel Martínez. Pero también resulta una declaración acorde a la postura que varios de los principales dirigentes socialistas han asumido personalmente frente al tema. Y además se trata de la opinión que asumieron y seguramente asumirán la mayoría de los sectores del partido de gobierno.
A la ya conocida postura del Nuevo Espacio, del Partido Comunista y del Partido por la Victoria del Pueblo -estos dos últimos impulsores de la candidatura de Mujica- se suma además la del Partido Socialista, la Vertiente Artiguista, la Alianza Progresista, y muy factiblemente en los próximos días Asamblea Uruguay.
La Alianza Progresista sostuvo ayer jueves que «reafirma su compromiso con la defensa irrestricta de los derechos humanos». Y que «las graves violaciones cometidas en el período dictatorial tuvieron la digna respuesta del Poder Judicial, enjuiciando y encarcelando a los responsables de crímenes, violaciones y desapariciones».
«No compartimos el criterio de aliviar sus penas porque ello abriría nuevas heridas», concluyó el comunicado de este sector que no suele actuar a la vanguardia en asuntos vinculados con los temas de impunidad y derechos humanos.
Una posición más drástica asumió el senador de la Vertiente Artiguista Enrique Rubio: «No creo que el gobierno vaya a presentar un proyecto de ley que permita que los violadores de derechos humanos mayores de 70 años se vayan para sus casas. Yo no lo votaría nunca y me voy del Parlamento antes de votar eso», enfatizó.
Para el legislador, se trata de «una idea» de Mujica «como tantas ideas que tiene sobre lo que le parece deseable», pero no cree «que se vaya a concretar en un proyecto de ley que firme el Consejo de Ministros para enviar al Parlamento, que lo considere la bancada, la Mesa Política, el Plenario Nacional y no sé cuánto más. Eso no saldría nunca», afirmó (Primera voz, en am Libre, miércoles 7).
«Si yo, por disciplina, tuviera que votar un proyecto que vulnere principios que defendí durante mucho tiempo, sí prefiero renunciar a la banca. Para mí no resulta admisible, no esquivo el tema, e incluso me voy para mi casa», explicó Rubio (La República, jueves 8).
Algo personal
A partir de hoy Rubio tendrá que empezar a creer que efectivamente el proyecto se va a presentar, aunque la iniciativa no pasará previamente por la Mesa Política ni el Plenario Nacional frenteamplista. La Constitución prevé que «al presidente, actuando con el ministro o ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros, corresponde: proponer a las cámaras proyectos de ley o modificaciones a las leyes anteriormente dictadas». Con la firma, por ejemplo, del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y con la propia, a Mujica le alcanzará para enviar la iniciativa al Poder Legislativo.
Pero no será necesario que Rubio apronte sus valijas o embale las cajas con las pertenencias de su despacho, porque la idea del presidente no es «pelear» el proyecto de tal manera que «comprometa» al Frente Amplio en la iniciativa, dijo a Brecha otra calificada fuente del entorno del mandatario. No está en juego la disciplina partidaria, porque además no se lograría la mayoría para apoyar el proyecto en ningún espacio de decisión del partido de gobierno.
Antes de partir a Venezuela el mandatario comentó en una reunión en el Edificio Independencia que su idea era «no comprometer» al Frente Amplio en la decisión de presentar un proyecto de estas características, y que estaba manejando la posibilidad de enviarlo al Parlamento como «algo personal», para cumplir con un «compromiso asumido públicamente», según supo Brecha.
Fue durante su estadía en Caracas que se desató este vendaval político contra su propuesta, impulsado desde varios sectores frenteamplistas. Al volver ayer, jueves, el presidente no hizo declaraciones sobre este tema. Pero, según supo Brecha, comentó internamente su decisión de seguir adelante con el proyecto.
La ley
Hace tres semanas el mandatario fue consultado por Brecha sobre las particularidades de su iniciativa.
«Tengo la idea de que vale la pena plantear el problema genérico conceptualmente, y que el Parlamento lo discuta y decida. Pongo mucho énfasis en los enfermos, un problema que no se contabiliza. Y si bien hoy los presos de esa edad son pocos, cuando pasen los años no serán tan pocos», dijo el presidente hablando de los presos en general.
El proyecto de ley que decidió enviar no hará distingo entre presos sociales y criminales de lesa humanidad.
Mujica, como presidente, considera a presos sociales y de lesa humanidad como «lo mismo», aunque sabe que «otros en la sociedad» no comparten su posición. «Si no fuera presidente, tal vez pensaría como estos últimos, pero como presidente yo no me puedo colocar como calificador de delitos», dijo.
Mujica «visualiza» un proyecto de ley que otorgue «a los jueces la posibilidad de liberar, disponer la prisión domiciliaria, o la reclusión en condiciones más laxas» de los represores que ya cuentan con 70 años cumplidos y están presos por haber cometido asesinatos, desapariciones forzadas, entre otros crímenes de lesa humanidad.
El mandatario ha aclarado que no se trata de una amnistía ni de un indulto, sino de una iniciativa general que permita «no tener viejos presos».
La idea del presidente sólo se podría concretar si se modifica el artículo 9 de la ley de libertad provisional y anticipada que estableció un régimen excepcional para ciertos casos y delitos en el marco de la política de humanización carcelaria que implantó en 2005 el gobierno de Tabaré Vázquez.
Ese artículo señala que «el juez podrá disponer la prisión domiciliaria de personas procesadas o condenadas mayores de 70 años, cuando ello no involucre riesgos, considerando especialmente las circunstancias del delito cometido». Pero aclara que la disposición «no será aplicable a los procesados y condenados» que hayan cometido el delito de homicidio agravado o muy especialmente agravado, el de violación, o los previstos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, es decir crímenes de lesa humanidad.
Los militares no pueden acogerse al beneficio de la prisión domiciliaria porque cometieron homicidios muy especialmente agravados y desapariciones forzadas, ambos delitos considerados crímenes de lesa humanidad, de acuerdo al Estatuto de Roma.
Las condenas para los crímenes que se atribuyen a los represores van de 20 a 30 años de penitenciaría. Los primeros militares procesados fueron encarcelados hace tres años y medio, en setiembre de 2006. Están privados de libertad en una cárcel especial, con mayores comodidades que el resto de los presos del país. Ninguno de ellos reveló dato alguno que permitiera aclarar el destino de detenidos desaparecidos. Por el contrario, mantienen oculta la verdad, reafirman sus mentiras ante el sufrimiento de las familias de las víctimas.
Con quien sea
El presidente en principio se había mostrado dispuesto a buscar un «consenso» en la interna del partido, pero ya no es posible. Sin embargo, no ha cambiado de posición respecto de lo que hará si el Parlamento rechaza la iniciativa: «Yo no estoy dispuesto a vetar nada, éste para mí no es un tema político, sino filosófico, siempre pensé igual», dijo Mujica en una de las reuniones de Presidencia en las que se trató el asunto (véase Brecha, 12-III-10).
Y luego lo confirmó: «Yo no voy a vetar nada de lo que diga el Parlamento… Yo fui preso, la pasé muy mal, pero no puedo ser verdugo de mis verdugos. ¿Se entiende?», dijo Mujica a Brecha (edición del 19-III-10).
A pesar de la impronta filosófica del asunto y del peso del «gesto» que importa al presidente, es un hecho que el proyecto que envíe tiene grandes posibilidades de ser aprobado porque legisladores blancos y colorados seguramente votarán la iniciativa y podrían conformar, hipotéticamente, junto al mpp -o parte de ese sector-, la mayoría legalmente necesaria.
«Si tiene que salir, que salga con los votos del Frente Amplio, o con los de quien sea», opinó ayer el mandatario, según la calificada fuente oficial consultada por Brecha.
Entre esos «quien sea» se podrá contar a la mayoría de los nacionalistas y colorados -aunque no hay que descartar excepciones- y a integrantes del MPP.
Blancos y colorados suman 14 bancas en el Senado. El mpp tiene cinco (si se excluye al renunciante Jorge Saravia): una la ocupa Lucía Topolansky, que apoya la iniciativa. Otro de los senadores que puede votar a favor es Eleuterio Fernández Huidobro (CAP-l). El proyecto se aprueba con 16 votos.
En la Cámara de Diputados entre nacionalistas y colorados suman 45 votos, dos son del Partido Independiente y el MPP tiene 26 escaños. Para que la ley de apruebe se necesitan 50 votos.
Fuente: http://www.brecha.com.uy/index.php/politica/3035-con-el-frente-o-con-quien-sea