Que la justicia guatemalteca se prepare a juzgar al ex jefe de estado Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes de lesa humanidad, es un avance significativo en la lucha contra la impunidad en este país. Hay que recordar que Ríos Montt fue jefe de estado en los años 82-83 y que dirigió al ejército […]
Que la justicia guatemalteca se prepare a juzgar al ex jefe de estado Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes de lesa humanidad, es un avance significativo en la lucha contra la impunidad en este país. Hay que recordar que Ríos Montt fue jefe de estado en los años 82-83 y que dirigió al ejército en los años en que esta institución realizó la represión más extensa y sistemática registrada en el conflicto armado guatemalteco, quizás el ejemplo más brutal de las dictaduras latinoamericanas del período.
Para que se llegue a esta apertura a juicio se ha recorrido un extenso camino. Especialmente, las víctimas, familiares de las víctimas y acompañantes han hecho un trabajo permanente de denuncia y exigencia de justicia. Que se haya llegado a desarrollar este proceso contra Ríos Montt y otros acusados es señal de que, pese a las dificultades actuales y retrocesos importantes en distintas áreas, algo está cambiando en el país.
Además, se debe valorar que este juicio, que ya genera cierta confrontación entre diversos sectores de la sociedad guatemalteca, representa también una oportunidad para reabrir los expedientes de la memoria y reconocer las heridas profundas que no terminan de sanar en una sociedad fragmentada, con niveles significativos de pobreza, desnutrición, desigualdad e injusticia, aspectos que fueron parte de lo que desencadenó el conflicto. Conflicto que, entre otras cosas, dejó como funesta herencia una carga pesada de impunidad y dolor que no se han resuelto y que diversos actores quisieran mantener.
Sectores conservadores, agrupaciones de militares e incluso una llamada «Fundación contra el terrorismo» adversan que la justicia guatemalteca lleve a cabo este proceso. Los argumentos que emplean es que esto sólo contribuye a mantener el odio y el rencor, que los hechos sucedieron ya hace mucho tiempo para tomarse la molestia de reabrirlos, que se debe juzgar no sólo a militares sino también a guerrilleros y que llevar a los ahora procesados no contribuye en nada para que se produzca una verdadera reconciliación.1 La defensa de los acusados recurre al argumento particular de una amnistía para hechos sucedidos en ese período, alegato que está fuera de toda consideración legal o ética.
Es fácil advertir que todos los argumentos son frágiles y niegan aspectos esenciales de lo que realmente está en juego. Ante todo, la necesidad de hacer justicia a crímenes atroces que dejaron una cauda enorme de víctimas (200,000 muertos y desaparecidos según la Comisión de Esclarecimiento Histórico).
Los familiares de dichas víctimas no están pidiendo venganza. Están pidiendo sobre todo, que se reconozcan las atrocidades sucedidas y que se sepa quiénes fueron y cuál fue la medida de la participación de los ejecutores de la violencia. Que la «mentira institucionalizada» por el silencio y el olvido dejen de ser parte de la vida cotidiana del país. Que no se repitan hechos tan atroces y que caigan en la impunidad.
Contrario a lo que argumentan los sectores señalados, este juicio es una nueva oportunidad para reencontrarnos con un pasado doloroso (que nunca ha sido clausurado y que sigue teniendo diversos efectos en el tejido social del país), para asumirlo y, a partir de ello, considerar las oportunidades de una transformación significativa del país. Sanar heridas y afrontar la verdad de donde venimos.
Reabre expedientes que nunca se han cerrado y, esta es la mayor esperanza, puede contribuir a que por fin se produzca un proceso de reconciliación efectivo a partir de la verdad y la justicia, no de la mentira ni el olvido.
Nota:
1 Hay que matizar un punto particular. Es necesario conocer y juzgar los crímenes cometidos por todos los actores durante el conflicto armado interno. Esto significa también reconocer la responsabilidad de los distintos grupos guerrilleros, considerando, no obstante, que fue el Estado guatemalteco (principalmente los militares y el ejército) el principal causante de las atroces violaciones a derechos humanos del período.
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