Un cuarto de siglo ha pasado desde que se inició la actual reforma del Estado, reforma que nació de un golpe propiciado por Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y Nicolás de Bari Hermosa y que se propuso reducir el tamaño del Estado para hacerlo más «eficiente» y «moderno», según sus impulsores. Tras la caída del fujimorato, […]
Un cuarto de siglo ha pasado desde que se inició la actual reforma del Estado, reforma que nació de un golpe propiciado por Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y Nicolás de Bari Hermosa y que se propuso reducir el tamaño del Estado para hacerlo más «eficiente» y «moderno», según sus impulsores.
Tras la caída del fujimorato, la reforma del Estado ha seguido siendo profundizada por los gobiernos subsiguientes sobre las bases sentadas por el fujimorismo en los ’90. Por eso, hay un fujimorismo político que está representado por el partido que hoy lidera Keiko Fujimori y un fujimorismo económico que no pertenece o no se siente representado por Fuerza Popular, pero que defiende el modelo económico primario exportador, sin ninguna duda.
Esta reforma del Estado se resume básicamente en: la privatización de las empresas estatales, la subsidiariedad del Estado en su rol empresarial, desaparición de una de las cámaras del Poder Legislativo, reforma electoral con el voto preferencial como su más emblemático «legado» y la provisionalidad de los jueces. Provisionalidad que también ha cumplido ya un cuarto de siglo, configurando un Estado con débiles capacidades administrativas y jurisdiccionales para cerrar el camino a la corrupción.
El caso Odebrecht, que atraviesa hasta cuatro gobiernos incluyendo el del reo Fujimori, el caso de la cocaína en el avión presidencial en los ’90 y la cocaína en los almacenes de la empresa del menor de los Fujimori en años recientes, la impunidad de que gozan los «capos» de la política y últimamente un Contralor que no declara sus ingresos y por tanto no paga sus impuestos y un largo etcétera, dan cuenta de un Estado que ha sido copado por la corrupción. El Estado ya no es siquiera el Estado gendarme, aunque quisiera, ya no puede.
Necesitamos un Estado moderno, honesto, eficiente en la persecución y castigo del delito; para ello, es necesario que el Estado constitucional y democrático prevalezca, es preciso dar un golpe de timón a las reformas y colocar al Estado al servicio del ciudadano y el desarrollo del país, donde la inversión privada sea, sin duda, factor fundamental, pero que no signifique la abdicación del ejercicio del poder por parte del Estado.
Es la oportunidad para atrevernos a vencer prejuicios y dogmas y darle cuerpo a la indignación y el hartazgo, hora de atreverse a confiar en el otro y construir un gran frente que reinvente la patria.
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