“Las personas de derechas consideran (así lo afirman al menos) que la intervención del Estado para reducir la desigualdad y el riesgo es inmoral. Gravar a los ricos para ayudar a los pobres es, en su opinión, un tipo de robo, por muy loable que sea el fin”. Paul Krugman
El diputado por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Vicepresidente del Congreso Nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto, Hugo Noé Pino, anunció que la Comisión de Dictamen concluyó el proceso de socialización de la Ley de Justicia Tributaria con diversos actores privados y sociales, unos 20 sectores distintos, por lo que se trabajaráen la elaboración de dicho dictamen para someter el proyecto final a discusión en la cámara legislativa.
Ha sido un dialogo amplio y franco, donde se evidenció el interés de los diputados miembros de la Comisión por generan una propuesta que recogiera observaciones y comentarios realizados por los actores convocados. Con esta socialización no se trata- como muchos piensan- de cumplir un requisito para hacer ver que el proyecto es de consenso pero sin cambios al final, o sea tal como lo envió la presidenta Xiomara Castro. Tampoco se trata desvirtuar el espíritu de la ley que busca la vigencia de un principio fundamental en las políticas tributarias, o sea el principio de la progresividad, en tanto el que más gana paga más.
Las reformas tributarias deben hacerse hacia abajo, ya que es la mejor manera de redistribuir riqueza en tanto los que menos tienen gastan una mayor proporción de sus ingresos, para parafrasear al destacado economista neo keynesiano coreano Ha-Joon-Chang. Y este es quizá el espíritu de la nueva Ley de Justicia Tributaria, en tanto hay evidencia que los gastos tributarios del Estado afavor del capital, sobre todo a las grandes empresas (unas 200 empresas), no han tenido el retorno esperado en términos de generación de empleos de buena calidad (no espurios), producción, exportaciones, generación de divisas y compras locales, además de la reinversión no solo de utilidades como sucede con la maquila, sino de nueva inversión productiva.
A ello se agrega el principio de “paridad de pago”, o sea cuantos impuestos (montos) se pagan efectivamente en función del ingreso que recibes. Hay evidencia de empresas pequeñas formales y contribuyentes individuales que pagan más impuestos que las empresas grandes. No hay duda que los costos de producción son altos en Honduras si se comparan con países como Guatemala, ejemplo la energía, por lo que las empresas grandes que exportan tratan de compensar dichos costos con un cumplimiento efectivo por el Estado de las exoneraciones y exenciones tributarias autorizadas; incluso, tal como sucedió con la maquila en el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), se aprobó una ampliación del régimen especial y autorización para la venta de los productos en el mercado local, lo cual es una competencia “desleal” en contra de empresa de menor tamaño y mala política pública que perjudica mayormente a los (as) emprendedores.
El mayor opositor al proyecto de Ley de Justicia Tributaria enviado por Xiomara Castro al Congreso, ha sido el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP). Ha mantenido el argumento que si la ley se aprueba las empresas se irán del país (Guatemala por ejemplo) y perderán unos 5,000 empleos directos y 200,000 empleos indirectos; un diputado, exministro de finanzas en el gobierno del JOH, habla de perder 500,000 empleos, denotando una falta de seriedad y análisis en sus conjeturas. El Exministro de Economía, Pedro Barquero, es del criterio que Honduras con la aprobación de la Ley, puede sumarse a países como Venezuela y Cuba en cifras de miseria; o sea, una país que pasa de la prosperidad a la miseria,desconociendo el bloqueo enfrentado y congelamiento de recursos financieros contra estos países. Además, la supuesta “prosperidad” que ha brindado el modelo económico actual a la población hondureña ha aumentado la pobreza, miseria, desempleo, inseguridad alimentaria y migración.
Otro argumento es el impacto negativo de la Ley de Justicia Tributaria en las pequeñas y medianas empresas al generar inestabilidad, lo cual afectará la producción y los empleos, sumado a la caída de los empleos indirectos generados por las empresas grandes que trabajan con pequeñas y microempresas locales comprando insumos y contratando servicios. Para miembros del COHEP, la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria afectará a las Mi pymes ya que trabajan con costos altos (energía, salarios), y si los incentivos se eliminan o paralizan tendrán que desaparecer; aun cuando, el gobierno ha reiterado que estos incentivos no se eliminan.
La Cámara Hondureña de Turismo propone que los incentivos al turismo se amplíen, descartando la pretensión del gobierno de una eliminación con la aprobación de la Ley. Se sabe que este sector recibió amplios incentivos y beneficios de los gobiernos anteriores, incluyendo la autorización para ejecutar proyectos en zonas de reserva forestal, patrimonial y áreas protegidas, aislando a las comunidades y afectando los recursos naturales.
La preocupación de la industria maquiladora es la duda sobre las garantías que ofrece la nueva ley en cuanto a respetar los beneficios adquiridos y no perderlos por una mala interpretación de funcionarios públicos que consideren que los mismos ya caducaron, sumado a reformas anunciadas a la Constitución de la Republica con lo cual no hay retroceso en beneficios adquiridos. Recomiendan dar plena vigencia al principio de irretroactividad y el equiparamiento de beneficios otorgados por el régimen de zonas francas a los del RD-CAFTA que son mayores, y cuidar la competitividad del país, dándose a entender que los beneficios tributarios compensan los altos costos de la energía y mano de obra, e incluso la inseguridad jurídica.
Tal como lo apuntamos en un artículo anterior[1], el sector privado y ciertas organizaciones sociales recomiendanal gobierno que se incorpore en el proyecto de ley una baja del impuestos sobre ventas de 15% a 12%, para beneficio de la población, lo cual es poco probable que sea aceptado por la Comisión de Dictamen, sirviendo más que todo como mecanismo de presión para flexibilizar la posición del gobierno en los ajustes finales de la Ley. También, como noticia de última hora, pueden pedir un detalle del gasto (corriente y de inversión) que será cubierto con los recursos liberados, una vez que la Ley se reglamente.
Y es aquí donde hay debilidades, ya que el gobierno no cuentacon un Plan de Inversiones Integral de Mediano Plazo, mucho menos un sistema de análisis multicriterio de productividad del gasto público (el presupuesto base “O” no es eso), más allá de los planes institucionales, el programa de inversiones con proyectos de arrastre desde 2017 que maneja la Secretaria de Finanzas (SEFIN) y sistema de evaluación de resultados ministeriales.
Un problema poco analizado es la alta proporción de impuestos indirectos, contra los impuestos directos. No hay impuestos que gravan la tierra ociosa y mal utilizada, en un país donde más del 70% de las mujeres campesinas demandan un pedazo de tierra para producir alimentos y vivir; la riqueza inmobiliaria e incluso la compra de acciones por empresas grandes. “El sistema tributario de Honduras está sustentado principalmente en el Impuesto sobre Ventas, el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto a los Combustibles (Aporte a Programas Sociales y Conservación del Patrimonio Vial-ACPV), los cuales representan el 83% de la recaudación tributaria de la Administración Central”[2]. Esta evidencia, abre la posibilidad de una legislación especial que de vida a políticas tributarias integrales.
Se ha introducido además un sesgo político-ideológico al debate, donde técnicos del COHEP consideran las declaraciones del Ministro del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, como político-partidistas en cuanto afirma que las 10 familias más ricas del país pagan apenas el 0.03% de sus ingresos en impuestos, lo que puede “prender” las alarmas sobre una posible declaratoria de Honduras como paraíso fiscal, más aun cuando el SAR no tiene acceso a información para fines tributarios y control de la evasión fiscal.
El gobierno busca “cambiar el principio de renta de territorial a mundial para evitar el desvío de utilidades y ganancias de grandes empresas a paraísos fiscales. Entre 2017 y 2023 se dejaron de percibir 57 mil millones de lempiras en impuestos por esta reforma introducida a través del Nuevo Código Tributario. Al aprobarse el cambio de principio de renta, 503 empresas y personas naturales iniciarán a pagar impuestos por los ingresos percibidos del exterior”[3].
No existe un consenso sobre ello, ya que hay varios empresarios que se han beneficiado del principio de renta territorial aprobado en el gobierno de JOH, y los técnicos del COHEP justifican que los beneficios para el país con el principio de renta territorial son mayores que aquellos generados por la aplicación del principio de renta mundial, pero la evidencia en poder del gobierno dice lo contrario. Igual sucede con el llamado secreto bancario, donde técnicos del COHEP consideran que la información servirá para otros propósitos, siendo un asalto a la privacidad en Honduras, adelantándose a la reglamentación de la Ley.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) es un aliado del gobierno en el proceso de aprobación de la Ley de Justicia Tributaria. Se podría decir que es un compromiso condicional para el gobierno de Xiomara Castro que deberá cumplir para avanzar en la negociación y aprobación de un convenio de préstamo con dicho organismo. EL FMI necesita que el gobierno garantice no solo el pago del servicio de la deuda externa sin afectar más las reservas monetarias, sino también la posibilidad de contratar nuevos créditos multilaterales y de la banca privada para la inversión, acompañado de acciones orientadas a mejorar la productividad del gasto, gobernanza y la eficiencia del sector público.
De acuerdo a la Ministra de Finanzas, Ricci Moncada, el país está al día con los pagos de deuda externa e interna, honrando compromisos en este año por el orden de los 20,000 millones de dólares, incluyendo la deuda que se tiene con el Banco Central de Honduras.[4]
El apoyo del FMI al proyecto de Ley de Justicia Tributaria ha sido más que evidente en las visitas de funcionarios de dicho organismo a Honduras, sumado a los estudios realizados, pero recién el Subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brain A. Nichols, vertió su opinión sobre la manifestación de empleados de empresas camaroneras, meloneras y vegetales en la zona sur de Honduras en contra de dicha Ley, ya que se perderán un gran número de empleos si se quitan los incentivos tributarios. Se da a entender por el funcionario de la administración Biden, que no debe coartarse el derecho a la protesta y participación ciudadana cuando las personas sienten que sus derechos pueden ser violados por una ley que afectará sus fuentes de trabajo y comida.
La preocupación es que la presidenta convocó al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) y pidió deducir responsabilidades contra los promotores y organizadores de dichas marchas, uno de los cuales es el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, pre/candidato a la presidencia de la Republica por el Partido Liberal en las próximas elecciones.
Con cancha marcada por el gobierno de Biden, el FMI deberá guardar silencio y no presionar tanto al gobierno, a la espera de una amplia socialización y consulta donde lo más seguro es que la ley sufra cambios que, en su mayoría, han sido sugeridos por el sector privado y organizaciones sociales. Desde la perceptiva del gobierno, esta consulta ya terminó, pero en el Congreso Nacional las bancadas de los partidos de oposición, esperan una nueva ronda al no lograrse el consenso requerido y la mayoría simple por el partido LIBRE.
La Comisión de Dictamen de la Ley de Justicia Tributaria y la discusión por el pleno del proyecto final, escapa a la responsabilidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ya que, en temas económicos y administrativos, no están obligados a pronunciarse. De acuerdo a un sondeo de prensa, todavía no hay los votos suficientes para que la Ley sea aprobada, ya que es poco probable que se utilice el voto de diputados suplentes para completarlos, siendo necesario mayores grados de consenso.
Hay una clara manifestación de empresarios, académicos y miembros de organizaciones de sociedad civil para avanzar más allá de la Ley, con la creación de un Pacto Fiscal por Honduras y eficiencia en el gasto público, tal como se planteó en años anteriores. Se busca la vigencia de una política fiscal integral no condicionada a metas de reducción de déficit fiscal e inflación, tal como exige el FMI, sino la asignación de recursos a programas y proyectos de inversión prioritarios, con un sistema tributario equitativo y transparente, y una gestión del gasto público efectiva en el cumplimiento de objetivos y metas de desarrollo, muy ligadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Todo ello en el marco de un nuevo Sistema Nacional de Planificación Social y Económica a todos los niveles de gobierno, donde la Secretaria de Planificación Estratégica (SPE) ya cuenta con una propuesta de consenso.
En Honduras, las leyes tributarias se han aprobado con el visto bueno del COHEP y, las últimas, por una decisión favorable de JOH de común acuerdo con los empresarios y el FMI. Curiosamente, la regulación y eliminación de las exoneraciones como medida de política recomendada por el FMI no se aprobó en los gobiernos anteriores (2010-2021), esperando que el nuevo gobierno pudiera negociar con el sector privado. EL SAR ha hecho un gran esfuerzo, pero la socialización y el debate se trasladaron al Congreso Nacional, donde el partido LIBRE no tiene mayoría simple. Es recomendable un mayor apoyo técnico-político no solo a los miembros de la Comisión, sino a los diputados, lo que hará más visible el trabajo de los legisladores y debería mostrar el liderazgo observado hasta la fecha, en especial del presidente de la Comisión, Hugo Noé Pino.
Honduras ha visto aumentados sus niveles de pobreza y pobreza extrema, igual el número de población en riesgo de inseguridad alimentaria y hambre (1.5 millón de hondureños padecen hambre), sumado al desempleo, subempleo, migración, y destrucción de los recursos naturales. Son evidentes los rezagos en salud, educación, vivienda, protección social y deterioro de la infraestructura social y productiva; sumado al mayor endeudamiento externo.
Urge de nuevos recursos para enfrentar estos problemas, mejorando la eficiencia e impacto del gasto público de forma transparente. Un nuevo retroceso en materia tributaria, donde se hagan más evidentes, a futuro, los pagos de impuestos de aquellos que menos ganan, haría de Honduras, tal como lo expresó un ex precandidato presidencial por el partido LIBRE, un país de pobres, migrantes y corruptos en forma permanente, sin espacios visibles para el desarrollo.
Notas:
[1] Justicia Tributaria, clamor nacional con “rezago”. En Rebelión, 22-03-2023.
[2]Ver Gasto Tributario 2018 y Perspectivas 2019-2020. SEFIN, 2019, Tegucigalpa, Honduras, pág. 4.
[3] Los diez puntos de la Ley de Justicia Tributaria. SAR, Nota de Prensa RRPP006-2023, de 9 de marzo de 2023. Tegucigalpa. DC.
[4] Ver declaraciones vertidas en hondudiario.com, 23 de mayo de 2023.
Javier Suazo. Economista hondureño especializado en políticas económicas y relaciones internacionales, con estudios doctorales en ciencias economías.
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