En Nicaragua el gobierno está asesinando y desapareciendo a los manifestantes con métodos propios de dictaduras del Plan Cóndor: 108 muertos, cientos de heridos y numerosos desaparecidos. La población está atónita, todo nicaragüense era consciente del estado de corrupción absoluta y autoritarismo antidemocrático instaurado por un Frente Sandinista prostituido, degenerado, purgado y antipopular; pero el […]
En Nicaragua el gobierno está asesinando y desapareciendo a los manifestantes con métodos propios de dictaduras del Plan Cóndor: 108 muertos, cientos de heridos y numerosos desaparecidos. La población está atónita, todo nicaragüense era consciente del estado de corrupción absoluta y autoritarismo antidemocrático instaurado por un Frente Sandinista prostituido, degenerado, purgado y antipopular; pero el descaro e hipocresía con la que están ejecutando a los manifestantes, al mismo tiempo que en la televisión lo niegan con un discurso disociado y victimista, alegando una ridícula conspiración imperialista inexistente, ha provocado una unanimidad popular y no partidaria, que supera incluso a la de la que hubo contra Somoza.
Una hipocresía comparable con el encubrimiento y tergiversación que observamos en la izquierda internacional y su prensa, como Telesur, olvidando que su misión es a favor del pueblo y la equidad social, y no amparar a una familia de multimillonarios sátrapas, los Ortega-Murillo, que construyeron un imperio empresarial, a la vista de todos, sobre la sangre de 50,000 muertos de una revolución que fue para crear un país mejor.
Recientemente la cadena de manipulación de masas CNN contrató a James Clapper, exdirector de Inteligencia Nacional, a Michael Hayden, exdirector de la CIA y la NSA, y a James Marks, jefe de Inteligencia de la Armada. Hace unos años salió a la luz la «colaboración», en las propias oficinas de CNN, de efectivos del 4º Grupo de Operaciones Psicológicas del Ejército (con sede en Fort Bragg), para «diseñar» noticias relativas a conflictos como los de Yugoslavia. Con similar «armamento» intelectual las cadenas de prensa hegemónicas ligadas a corporaciones y bancos, mantienen un libreto propagandístico intenso y permanente en favor del neoliberalismo, la bondad de la globalización de las corporaciones y de las políticas neoimperiales. En todos sus espacios y entrevistas (a Edén Pastora, Sergio Ramírez, al cdte. Hugo Torres, y a cualquiera que se cruce), Fernando del Rincón, o Camilo Egaña, insisten una y otra vez en forzar la comparación de la insurrección popular de Nicaragua, con las manifestaciones de Venezuela, y denigrar repetidamente a esta última, a los otros gobiernos «disidentes», como Ecuador o Bolivia, y cualquier política encaminada a recuperar la gestión de los recursos naturales en beneficio del país, arrancándolos de las garras de la corporatocracia y del control de los EEUU… Es su agenda.
Pero las grandes mentiras y el encubrimiento de los crímenes de Ortega-Murillo, están siendo divulgados por la prensa «progresista», como Telesur, y por los grupos y partidos internacionales de izquierda (como Izquierda Unida de España), que replican el patrón de explicaciones que usaron en las crisis de otros países de América y del mundo: Imperialismo gringo y desestabilización externa, como si en Nicaragua bastara con repetir los clichés perezosamente memorizados correspondientes a realidades distintas, y como si tuvieran la obligación de defender a cualquier mafioso solo porque se ponga una camiseta del Che. Las diferencias son tan claras que es insultante semejante tergiversación, y ambas partes faltan escandalosamente a su obligación ética de valorar con rigor los hechos y características específicas de cada país. Esta negligencia es invaluable munición que se usará para el desprestigio de los movimientos de equidad social y desarrollo sostenible en el continente.
Los paralelismos puede ser establecidos entre Nicaragua, Venezuela y otros países, pero de forma contraria a como lo están haciendo dichos actores, y las similitudes aparentes deben ser analizadas a partir de las diferencias de contexto:
En Venezuela la oposición liderada por dinastías de magnates cuya apropiación del estado y sus recursos se remontan a la independencia de España (López), comenzó a dar golpes de estado y sabotaje continuo desde 2002, en coordinación con EEUU, así que el cuento de que las protestas son «producto del mal gobierno» es falso (y la calidad del gobierno sería un análisis aparte); por el contrario en Nicaragua ningún gobierno tuvo que enfrentarse a sabotajes o golpe de estado semejantes en todo el periodo democrático, nadie especula con la moneda ni con alimentos o medicinas más que los propios funcionarios corruptos instalados y amparados por el gobierno. La MUD llamó y organizó la violencia; en Nicaragua los actores llaman a la no violencia para que no sea usada como excusa por el gobierno, deseoso de deslegitimar las manifestaciones.
Entre los «estudiantes» instigadores de protestas en Venezuela hay grupos vinculados a Uribe, a partidos neonazis y a las dinastías de magnates ladrones dueños de la miseria del país durante 2 siglos hasta la victoria democrática de Chávez; reciben entrenamiento paramilitar e instrucciones terroristas (no hay más que ver la confesión y fotos de Lorent Saleh); asimismo reciben apoyo de fundaciones ligadas a gobiernos extranjeros; en Nicaragua está protestando EL PAIS ENTERO, todos los sectores, y los primeros que lo hacen son los que lucharon en la revolución contra Somoza, dolidos al ver que «no hay ni rastro de la revolución», y que el Frente Sandinista, fue depurado hasta convertirse en un nido de corrupción, autoritarismo y enriquecimiento privado embobando al pueblo con migajas. La crítica ante el estado de autoritarismo y corrupción, que culmina en la actual masacre es unánime: desde embajadores de la revolución, como los Mejía Godoy, hasta comandantes históricos como Baltodano, Téllez, Tinoco, Jaime Wheelock, Hugo Torres, Henry Ruiz, Carrión, o exministros sandinistas como Sergio Ramírez, y el propio hermano de Ortega, el general Humberto Ortega, exjefe del Ejército Popular Sandinista, le han censurado gravemente.
En Venezuela hay un dominio abrumador de la prensa privada hostil al gobierno hasta abusar de la mentira: la TV oficialista apenas tiene un 5% de porcentaje de audiencia, lo cual ha facilitado la difusión del embuste de que «el gobierno domina los medios»; semejante distribución de la propiedad anula la posibilidad de censura. Antes de 1989 la CIA conectó en Venezuela con Eladio Larez, presidente de Radio Caracas Televisión RCTV como canalizador de fondos hacia la oposición de Nicaragua para realizar acciones opuestas al gobierno sandinista, incluyendo financiación para el diario La Prensa y otros medios. En febrero de ese año RCTV encubrió la masacre cometida por el gobierno de Carlos Andrés Pérez en el «Caracazo» al no emitir imágenes del desastre. En 2002, cuando la oposición dio el golpe de estado contra Chávez, RCTV de nuevo encubrió la represión del autoproclamado gobierno golpista de Pedro Carmona, emitiendo dibujos animados y telenovelas mientras los golpistas reprimían y mataban a la gente en las calles. Exactamente el mismo encubrimiento de la represión sangrienta que están haciendo en Nicaragua la mayoría de los medios, que fueron acaparados a título privado por la familia Ortega-Murillo, a través de sus hijos Juan Carlos, Carlos Enrique y Camila: Canal 4, Canal 6, Canal 8, Canal 13; y el grupo de canales 2, 9, 10 y 11 del empresario Ángel González afín a Ortega. Para intentar encubrir mejor la ignominia, a varios medios independientes se les cortó la señal, por ejemplo el canal 100% Noticias, y se incendió Radio Darío en León, usando la censura en su forma más primitiva e inmoral.
En Venezuela hay un sistema electoral sofisticado y transparente, con un proceso de auditoria minuciosa en que participan todos los partidos, y una mesa de alto nivel como testigo, formada según el acuerdo de garantías electorales firmado este año por todos los partidos participantes en las elecciones; ya en 2012 el expresidente Carter alabó el sistema, en 2013 la propia cadena de la mafia gubernamental derechista española, RTVE, tituló que el sistema es «limpio», y en 2015 el periodista opositor Eugenio Martínez explico en un artículo la práctica imposibilidad de fraude basándose en un documento elaborado por técnicos de la MUD; de hecho en el último referéndum los que hicieron fraude fueron los magnates de la oposición, incluso quemando centros electorales para impedir el voto, y comprando votos en las legislativas, razón por la cual los diputados de Amazonas fueron inhabilitados.
Daniel Ortega tiene secuestrado el poder, su gobierno no es legitimo. El fraude electoral es perpetuo, no lo audita nadie ni hay observadores, y eso ha aglutinado al pueblo, de cualquier ideología: no solo comete fraude sistemático en las elecciones gracias a su sirviente Roberto Rivas, no solo pactó con el líder del partido opositor Arnoldo Alemán, y con su esposa Rosario Murillo, encubridora de la violación de su hijastra, sino que su reelección es anticonstitucional: la burló usando a su lacayo de la corte suprema de justicia, el magistrado Francisco Rosales, para que dictaminara que sí podía ser reelegido. En las elecciones últimas, la frustración de la gente hizo que apenas un 20-30% del censo fuera a votar, entre ellos los que deben ir obligados debido a los puestos de trabajo clientelista, que el gobierno les da a cambio de un porcentaje mensual de su salario, y de su sumisión y apoyo obligado en las marchas y manifestaciones, en las que se pasa lista hasta tres veces, y cuya asistencia es engordada mediante el pago, a cualquiera que se preste, por asistir a las mismas. Los centros de votación estaban vacíos como nunca. El artífice del fraude, Roberto Rivas, fue protegido por el gobierno ante la reciente aplicación por parte de los EEUU de la Ley Magnitsky dirigida a congelar cuentas y cancelar visas a funcionarios acusados de corrupción. Ya había sido acusado en 2002 por desvío de fondos, y hace ostentación de su opulencia corrupta: posee una flota de vehículos de lujo, jets, yates y mansiones en Nicaragua, España y Costa Rica (donde su hermano es embajador puesto por Ortega), cuyo valor supera en solo en este último país los 3 millones de dólares. Al menos en Venezuela hay posibilidad de retirar del poder a un presidente, mediante referéndum revocatorio, en Nicaragua no.
Así que cuando el diputado de Izquierda Unida (España), José Couso, habla en la Eurocámara (29-05-2018) de que los manifestantes atacan a un «gobierno legítimo» su mentira es insultante para las víctimas y para toda la izquierda. Repitiendo injustamente el libreto de Venezuela lo único que hace es denigrar a todos los movimientos progresistas legítimos de América, al ponerse del lado de una familia de potentados que roban y asesinan a su pueblo escudados en palabrería revolucionaria, y en contra un pueblo que reclama democracia.
En las protestas de Venezuela de 2014-2017 el gobierno dio orden expresa de no usar armas letales; abundan los videos que exponen los asesinatos: por un lado casos de guardias que infringieron la orden y fueron procesados; también hubo casos de «colectivos chavistas» similares a las «turbas» de la Juventud Sandinista (JS), y varios jóvenes murieron al explotarles los morteros o granadas que manipulaban; por otro lado los líderes de la oposición organizaron a grupos de «malandros» para incendiar, saquear y matar inocentes; y para ello les pagaron con droga, alcohol o dinero, y además dieron instrucciones públicas para que la gente corriente se animara a asesinar personas; tal es el caso del exgeneral opositor Ángel Vivas que oriento cómo instalar los alambres de púas para degollar motorizados, con éxito notable asesinando a varios inocentes que simplemente salían de su trabajo, o la instrucción de tirar desde edificios botellas con hielo resultando en el asesinato de una mujer que caminaba pacíficamente, o la quema de personas como el joven Orlando Figueroa al que rociaron combustible y prendieron fuego logrando su muerte días después, todo lo cual está grabado.
En Nicaragua el gobierno ordenó disparar a las personas y envió bandas con sicarios: civiles, policías vestidos de civil y reos liberados a tal fin; se les proporcionaron armas de fuego para atacar, matar y «desaparecer» a los manifestantes que inicialmente no tenían armas; ante estos ataques los estudiantes se hicieron con morteros caseros para repeler a las incursiones continuas y gratuitas de los sicarios; día y noche, desde el inicio, quebrantando continuamente el estado pacífico de las protestas en la calle y universidades, y vulnerando el derecho constitucional de manifestación. Pérfidamente el gobierno ordenó a los hospitales públicos que no atendieran a los heridos, que tuvieron que ser llevados de un hospital a otro en su agonía…. doble crimen. Y todo eso está grabado y fotografiado, incluyendo imágenes de la policía tolerando los saqueos que se hacen selectivamente, en empresas que no sean de la cúpula gubernamental, con el fin de deslegitimar las protestas y atemorizar a la gente. En un país tan pequeño, de 6 mill. de habitantes, es imposible encubrir eso, por lo que la negación por parte el gobierno es tan ignominiosa como ineficaz para todo el que viva en el país. Cualquiera conoce a alguien al que le han ofrecido dinero por participar en las bandas agresoras. El que quiera buscar semejanza con VENEZUELA, la encontrará con la de febrero de 1989 cuando Carlos Andrés Pérez ordenó disparar a los manifestantes resultando entre 300 y 3000 muertos (no se sabe porque destruyeron los archivos).
En Venezuela la Iglesia es sectaria, partidaria, clasista, racista y opuesta al desarrollo equitativo de la sociedad en grado sumo, hasta el punto de hacer proselitismo en púlpito y prensa; … en gobiernos anteriores incluso cobraron alquiler por albergar refugiados en un edificio suyo durante inundaciones…; en Nicaragua no se da semejante extremismo, aunque la jerarquía estaba enajenada por la obsesión anticomunista de Juan Pablo II, y luchaba contra la justicia social y el desarrollo equitativo, en la revolución participó un sector de sacerdotes que tuvo gran importancia social: 3 de ellos fueron ministros de la revolución, y posteriormente en la «democracia» un sector de la iglesia fungió como intermediaria de reconciliación nacional. Los jesuitas exigen al gobierno el cese de la represión y las mentiras, están del lado del pueblo exigiendo justicia y derechos humanos, como lo estaban en El Salvador monseñor Romero e Ignacio Ellacuría, asesinados en los 80.
En Venezuela el poder económico está en manos de dinastías de empresarios agrupados en Fedecamaras, Consecomercio o Venamcham, que son los que desestabilizan la economía para recuperar todo el control parasitario que tuvieron siempre y cuya demostración de «aptitud» fue terminar el siglo XX con 80% de pobreza; las grandes empresas son continuamente atrapadas acaparando, contrabandeado y especulando con los productos de consumo, desde hallazgos de bodegas llenas de medicamentos vencidos, hasta la destrucción de millones de huevos, o carne desviada para el mercado negro o contrabando a Colombia; todo eso está grabado al alcance de cualquiera; los empresarios aumentan un 30% el precio de los productos de un día para otro sin razón alguna, participando en la espiral de sabotaje económico, y se aprovechan de trucos para especular con el dólar barato suministrado por el gobierno; estas prácticas especulativas ya las cometían en los 80 como puede comprobarse en hemeroteca; las familias empresariales como los Mendoza, dueños del emporio alimentario Polar, creado gracias a sus cargos de ministros o presidentes en periodos anteriores, ya fueron catalogados como parásitos especuladores por el dictador Marcos Pérez Jiménez. El dueño de Banesco, el mayor banco privado del país, Juan Carlos Escotet, como tantos otros, participa en la desestabilización de la economía, hasta el punto de que su banco acaba de ser intervenido en la operación Manos de Papel, por albergar una inmensa red de especulación monetaria y de sabotaje financiero.
Mientras que en Nicaragua la familia Ortega-Murillo, usando un hipócrita discurso antimperialista, «solidario, cristiano y socialista», han adquirido un emporio empresarial al estilo de Obiang o Somoza, mediante el desvío masivo de fondos públicos, que además de la prensa antes mencionada incluye construcción, alimentos, generación de energía y hoteles (pej. Seminole), así como participación en megaproyectos a través de testaferros o coimas: su hijo Laureano Ortega se ocupa de sacar tajada de todo gran proyecto a través de su organización de «fomento de inversiones» ProNicaragua; fue el que trajo al empresario chino Wan Jing (ya quebrado y desaparecido) para financiar un canal interoceánico ficticio, que no fue más que una farsa para robar tierras y fondos en un proyecto que ni siquiera tenía apoyo del gobierno chino. Rafael Ortega, otro hijo, se ocupa de los negocios internos, como la distribución de petróleo, sangrando al pueblo con los precios de combustible y tarifas eléctricas más caros de la región, eso sí con la retórica revolucionaria siempre en la boca. Además el gobierno afianzó su posición mediante una alianza con la empresa privada, sin desestabilización de ningún tipo, ni interna ni externa. En el caso de Nicaragua la patraña de «conspiración imperial» por la amenaza el canal interoceánico es inverosímil por la propia naturaleza inexistente de dicho proyecto.
Su control es absoluto en todos los poderes del Estado, los jueces son nombrados a dedo incluso recién egresados de la carrera de derecho. El partido sandinista fue depurado de toda persona con espíritu revolucionario, solidario y decente. El gobierno ha desarrollado un sistema de control comunitario partidario y clientelista, que usa para impedir el acceso a puestos de trabajo o el desempeño profesional de todo el que se sospeche que no comulga con el gobierno. Este grado de control imposibilita que las maras vecinas o los carteles externos de la droga se establezcan en el país, por lo que es ridícula la pretensión de que las protestas puedan estar manipuladas por grupos «imperialistas» externos infiltrados para el sabotaje y la desestabilización.
En Venezuela hay 2,219 Km de frontera incontrolable con el mayor proveedor de droga de EEUU, Colombia, cuyos sucesivos presidentes y congresos se han señalado por estar vinculados al narco-paramilitarismo, y caracterizado por el asesinato continuo de sindicalistas, líderes sociales, y políticos opositores. Cuenta con asesores gringos en 7 bases militares de EEUU participando del sabotaje a Venezuela; además Colombia ha creado leyes específicas para aprovecharse del contrabando de extracción de Venezuela y de la especulación de la moneda desestabilizando continuamente al país vecino, incluso protegiendo las redes de especulación. En Nicaragua no hay una fuente de sabotaje permanente similar.
En Venezuela los partidos de oposición hacen y deshacen, sus líderes son una red de familias de magnates cuyas fortunas se hicieron gracias al expolio y corrupción desde cargos gubernamentales en los siglos XIX y XX, incluyendo la financiación del partido de Leopoldo López con fondos de PDVSA cuando su mami era directiva de la empresa: otra similitud con la MUD de Venezuela, ya que Rafael Ortega como se dijo antes, también usa el petróleo para saquear su patria. Tienen inmensa financiación y libertad para maniobrar hasta el exce so, incluso financiación ilegal de organizaciones paragubernamentales de EEUU con función de sabotaje de gobiernos discrepantes: USAID, OTI, NED, Freedom House, IRI…; por eso hay continuamente muertos electrocutados por sabotear torres eléctricas; las «guarimbas» violentas de 2014-2017 fueron organizadas por los líderes-magnates de la oposición como Leopoldo López o Antonio Ledezma; sin embargo en Nicaragua las protestas no son partidarias, y se expulsa a cualquiera que lleve algún símbolo partidario; ni siquiera hay partidos sólidos de oposición porque la familia Ortega-Murillo se dedicó a sabotear el desarrollo político democrático de los partidos, y llego a un pacto con el expresidente Arnoldo Alemán, sentenciado por corrupción, para sacarle de la cárcel a cambio de que hunda a su partido.
En el siglo XX, la hemeroteca y Transparencia Internacional situaron a Venezuela, entre los países más corruptos del mundo , con anécdotas como que en los 70-90s albergó cómodamente a la familia Cuntrera y Caruana, los banqueros de la Cosa Nostra, relacionados con la familia Gambino, y cuya conexión Miami-Caracas se convirtió en autopista de trasiego de heroína, cannabis y cocaína; la DEA tuvo que amenazar con una incursión militar para que el gobierno de Carlos Andrés Pérez los entregara en 1992, el mismo presidente condenado por corrupción; lamentablemente dicha lacra no cambio mucho en el siglo XXI, sin embargo el gobierno de Maduro continuamente está denunciando públicamente y desmantelando redes de corrupción interna y externa al gobierno: recientemente desmanteló la de la fiscalía general, y la de PDVSA, con extensas explicaciones públicas al respecto, y este mismo mes de abril desmanteló una red de funcionarios que desviaban medicamentos e insumos médicos al mercado negro. Contrariamente en Nicaragua la familia Ortega-Murillo no ha dedicado ni una frase de sus múltiples e infantiles discursos balbuceantes al tema de la corrupción general que ellos mismos han instalado a todos los niveles del Estado. Más bien se han especializado en burlarse del pueblo como cuando en 2017 la jueza de Tipitapa, famosa por su depravación fue grabada infraganti, y todo lo que hizo el gobierno fue moverla al juzgado de Ciudad Sandino, para que siguiera corrompiendo allí.
Perestroika, URSS. Desde 1989 el PCUS «aumentó el establecimiento de empresas tapadera, sociedades anónimas y empresas de economía mixta, y los oficiales de la KGB comenzaron a instalarse cómodamente en la dirección de estas compañías». Un año después de la expulsión de Gorbachov, en la era Yeltsin, surgieron unos 2,600 clanes mafiosos: la KGB se puso a la tarea de supervisarlos y coordinarlos, y se crearon más de 260 bancos como Bank Menatep, para el blanqueo de dinero. Algunos de sus hitos fueron el «atraco» de 500 toneladas de oro del Banco Central Soviético, o el desvío de 4,800 millones de US$ de préstamo del FMI, por la red de corrupción en que participó la hija menor de Yeltsin, Tatiana Dyachenko, y los magantes creados ad-hoc: Boris Berezovsky y Roman Abramovich, entre otros. Una trama parecida es la organizada en Nicaragua por la cúpula depurada del FSLN, encabezada por la familia Ortega-Murillo, que entre otras cosas, desvió 4.000 millones de dólares de la cooperación venezolana, mediante las corporaciones ALBANISA y CARUNA, manejadas como casino familiar y destinadas en parte a proyectos privados de sus allegados, sin rendir cuentas a nadie, y que tiene que ser devuelto ahora al Banco Central de Venezuela con cargo al pueblo.
El propio Ortega no está preso por violación de su hijastra, porque compró el silencio de su esposa a cambio de que ésta dirigiera el país; asimismo el hermano de una menor fue encarcelado y torturado por denunciar la relación de Ortega con la adolescente en 2005. De nuevo los incoherentes de la izquierda española, no deberían hacer paralelismos ni con Chávez, ni con Pepe Múgica, ni con Evo Morales, sino con el dictador paraguayo Alfredo Stroessner que «violaba unas 4 niñas por mes» (según las investigaciones de la Dirección de Memoria Histórica de Paraguay).
Pero el colmo de la falta de profesionalismo y ética de periodistas y partidos de izquierda es no exponer las diferencias en cuanto a la quiebra del Seguro Social, que ha sido el detonante en Nicaragua:
La familia Ortega-Murillo tiene al INSS en quiebra por malversación identicamente a como lo dejó la dinastía Somoza, que había usado tres cuartas partes de las reservas de INSS para fines espurios… y casualmente igual que en la Venezuela de Caldera y predecesores, que culminaron el expolio financiero de décadas anteriores, con una quiebra tal que en 1997 directamente legislaron para la liquidación y privatización del seguro social; como las elecciones estaban próximas y no daba tiempo al debido proceso, recurrieron al atajo de decretar una Ley Especial Habilitante en 1998… Este desastre lo evitó Chávez al ganar las elecciones, y a pesar de encontrar las arcas vacías logró pasar de 387,000 pensionados en 1999 hasta los 3.4 millones en abril de 2018:, logrando el hito en América Latina de un 100% de cobertura de la población de adultos mayores; incrementando además dicho estipendio desde el 75% del salario mínimo de la época anterior, al 100% de dicho salario más bonos especiales adicionales.
«Casualmente» los desinformadores se «olvidan» de las manifestaciones de marzo de 2013 ante la Gobernación de Miranda, porque el gobernador, un tal Capriles Radonski, adeudaba el pago de pensiones a 1,740 docentes jubilados…. desde 2010…. el mismo «luchador por la democracia» acusado de financiarse con sobornos de Odebrecht, y «héroe de CNN, PRISA y del mafioso Rajoy» (quizá el presidente del partido más corrupto de Europa).
Mientras tanto el mundo se queda pasmado ante Almagro, el lacayo del «Ministerio de Colonias Yanky» (OEA), cuando destilando las más vil hipocresía en la Voz de América, dedica a Ortega un discurso de ternura e indulgencia alucinantes, para venir a decir que su misión es contra las «dictaduras» de Venezuela y Cuba, y que lo que receta para ellos no aplica para Nicaragua.
Así que el oprobio de la prensa corporativa, cuya agenda única es el desprestigio de cualquier alternativa de gobierno que ponga coto a los desmanes de las corporaciones, y su centenario dominio bananero, es igualado por la actitud infame de la prensa «progresista» y ciertos políticos de izquierda inmoral que, con falsas comparaciones, equiparan a gobernantes legítimos y beneficiosos para su país, como Evo Morales, con los magnates saqueadores Ortega-Murillo, que tienen secuestrado el poder ilegítimamente a «sangre y robo».
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