Del 31 de agosto al 11 de septiembre se está celebrando en diversos lugares de Guatemala la Cumbre de Autoridades Indígenas Guatemala-Colombia. La cumbre busca intercambiar las experiencias de gobiernos indígenas, las legislaciones nacionales y la aplicación del Convenio 169 de la OIT sobre los derechos y territorios indígenas en tres regiones mayas de Guatemala […]
Del 31 de agosto al 11 de septiembre se está celebrando en diversos lugares de Guatemala la Cumbre de Autoridades Indígenas Guatemala-Colombia. La cumbre busca intercambiar las experiencias de gobiernos indígenas, las legislaciones nacionales y la aplicación del Convenio 169 de la OIT sobre los derechos y territorios indígenas en tres regiones mayas de Guatemala y la Región del Pueblo de Los Pastos de Colombia.
Desde hace varios años, los pueblos mayas de Guatemala están enfrentando la amenaza de una nueva invasión de sus territorios ancestrales por parte de las empresas multinacionales mineras e hidroeléctricas. El gobierno del ex-general del ejército Otto Pérez Molina ha manifestado su apoyo para la inversión extranjera en la zona rural del país. En su recién publicado «Marco General de Política para la Promoción de la Inversión Privada en Territorios Rurales» el gobierno afirma que «se reconoce la necesidad de la inversión privada, nacional y extranjera, para el desarrollo rural integral.»
Las comunidades indígenas de Colombia, a pesar de representar solo un 2% de la población del país (en contraste con el 60% de Guatemala) han logrado unos importantes avances en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas dentro del marco jurídico y constitucional de Colombia. Estos avances han hecho posible una resistencia más fuerte mejorando las capacidades de los 104 diferentes pueblos a defender la autonomía jurisdiccional de sus territorios y proteger sus recursos naturales ante la avaricia de empresas multinacionales.
Según Myriam Jimena Santoyo en su artículo, Los Indígenas Colombianos, Hoy, «Desde 1980 hasta hoy se puede observar una consolidación progresiva, dentro de la política estatal indigenista, de una ideología de aceptación de derechos especiales para los pueblos indígenas, en particular en materia de dotación de tierras, educación y programas de atención en salud. Lo importante ha sido ganar terreno en dos elementos políticos fundamentales: por una parte, en legitimar la posibilidad de la existencia de la diversidad cultural dentro del Estado nacional y, por otra, el reconocimiento, si bien aún demasiado general, de territorios indígenas.»
Con la participación de un senador de Colombia, varios gobernadores de los resguardos indígenas de la zona Pasto de Colombia, y varios exalcaldes de diferentes municipios colombianos, se espera generar una interesante debate sobre como los pueblos indígenas de Guatemala puede coaccionar para mejorar el respeto de los derechos de los pueblos mayas en el país.
Arquímedes Yampuezan, gobernador del Resguardo Indígena de Nariño, describe el fundamento de los derechos de los pueblos indígenas de Colombia: «Sabemos que tenemos un derecho mayor porque somos originarios de la tierra y hemos estado en nuestras tierras mucho antes de la llegada de los estados occidentales. Por esta razón sentimos que podemos hablar «autoridad a autoridad» con el gobierno (colombiano) porque somos autoridades con un derecho mayor.»
Dr. Omar Salcedo, indígena Nariño del sur de Colombia y ex alcalde de Santa Cruz Nariño añade que «El derecho mayor es la esencia de la autoridad y autonomía de los pueblos indígenas de Colombia que se basa en sus usos y costumbres y el derecho natural que poseen los pueblos indígenas por ser los originarios de un determinado territorio.»
En Guatemala poco se escucha del término «derecho mayor» en la polémica nacional sobre los derechos de los pueblos mayas. Sin embargo, dado la coyuntura socio-política actual, tal vez sea urgente integrar este concepto en el debate.
Con la llegada de los «nuevos invasores» en forma de las empresas transnacionales y ante la clara intención del gobierno guatemalteco de abrir los territorios indígenas a la inversión extranjera como estrategia de desarrollo nacional (lee empresas mineras, petroleras, monocultivos e hidroelectricas), es notorio un «choque de derechos» que ha generado tanta controversia y altercados alrededor del país.
El Ministro de Energía y Minas de Guatemala, Erick Archila escribió hace poco un artículo para la prensa local titulado «Derechos y Libertades.» En su artículo Archila reconoce el derecho de los pueblos indígenas de Guatemala ser consultados sobre la llegada de empresas a sus territorios. Sin embargo, afirma que «la forma de la práctica de ese derecho permite mucha especulación» y que el gobierno debe «garantizar el derecho de consulta a los pueblos indígenas pero también garantizar la libertad de industria y comercio.»
Al parecer, el gobierno de Guatemala está titubeando entre dos derechos: el derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales y el derecho de la libertad de comercio de las grandes capitales nacionales y extranjeras. Los derechos de los pueblos indígenas están reconocidos por la Constitución de Guatemala y diversos convenios internacionales como el OIT 169. El derecho a la libertad de comercio, además de ser el estandarte que guía el mundo globalizado, está garantizado por el Tratado de Libre Comercio que Guatemala firmó con los Estados Unidos (que jurídicamente tiene rango constitucional) y está respaldado por la constante amenaza de demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Además, existe un conflicto entre el derecho de los pueblos indígenas sobre su territorio y el derecho del Estado sobre los recursos del subsuelo del territorio nacional.
Ante este conflicto de derechos, la pregunta clave es: ¿Cuál derecho prevalece y en que circunstancias?
Parece que el gobierno de Guatemala respeta los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios hasta que estos derechos amenazan los derechos «mayores» de las empresas, inversores, etc. Debido a que los reclamos de los pueblos mayas sobre sus territorios cada vez se hace más manifiesto, el presidente Pérez Molina, en su propuesta de reformar la Constitución del país, sigilosamente metió un cambio al Articulo 66 sobre «Protección a Grupos Étnicos.»
En el propuesto cambio, el gobierno pretende quitar la parte del artículo que lee, «El Estado reconoce, respeta y protege… las formas de organización social (de los pueblos indígenas).» Al presentir que las formas de organización indígena del país son una amenaza para los planes gubernamentales de abrir la zona rural a la inversión extranjera sin ninguna forma de consulta, el gobierno pretende relegar los pueblos indígenas al ambiente folklórico, permitiéndoles su idioma, vestimento, etc. (que además es bueno para generar divisas para el Estado a través del turismo) pero negándoles sus derechos fundamentales en sus formas tradicionales de organización.
Según Dr. Salcedo, la lucha para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia y alrededor del mundo debe de ser enfocado en esfuerzos para hacer prevalecer los derechos mayores de los pueblos indígenas por encima de los derechos del capital, que en un mundo globalizado es cada vez más difícil. Según Salcedo, «El Convenio 169 de la OIT tiene rango constitucional en la mayoría de países firmantes y así debe de prevalecer porque son derechos fundamentales e irrevocables.»
Otro pueblo indígena Colombiano, el pueblo Guambiano, en un manifiesto sobre su territorio expresa que, «Esto es nuestro Derecho Mayor, por encima de todos nuestros enemigos, por encima de sus escrituras, por encima de sus leyes, por encima de sus armas, por encima de su poder. Por Derecho Mayor; por derecho de ser primeros, por derecho de ser auténticos americanos.»
Se espera que la Cumbre de Autoridades Indígenas Guatemala-Colombia abra los espacios necesarios para reivindicar el «derecho mayor» de los pueblos mayas de Guatemala.
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