Algunos pensaban que la crisis había pasado, que la Mafia había sido vencida y que, entonces, estaba allanado el camino para seguir adelante, combatiendo sin resistencia por objetivos más altos. La vida ha demostrado que eso, no es así. La Mafia está vivita, y coleando. Acaba de asestar un duro golpe a la administración de […]
Algunos pensaban que la crisis había pasado, que la Mafia había sido vencida y que, entonces, estaba allanado el camino para seguir adelante, combatiendo sin resistencia por objetivos más altos.
La vida ha demostrado que eso, no es así. La Mafia está vivita, y coleando. Acaba de asestar un duro golpe a la administración de justicia removiendo al Juez Richard Concepción Carhuancho del proceso penal que llevó a la cárcel a Keiko Fujimori. Y, por si eso no fuera suficiente, explotó una débil respuesta de Martín Vizcarra referida a contratos suscritos por una empresa de su hermano -hace catorce años- con un consorcio que también integraba Odebrecht, para lanzar contra el Mandatario improperios de grueso calibre.
El tema del Juez traerá cola, sin duda. No sólo porque la decisión fue adoptada por una Sala Penal ya cuestionada –la Sala Huayanay– sino también porque no se siguió en el caso los más elementales procedimientos legales. Ni siquiera se tomó la declaración de la Fiscalía, que tenía obligación de opinar en la materia.
La sanción contra el Juez -no puede hablarse en otros términos- resulta infundada y abusiva. Lo que hizo Richard Concepción fue repetir lo que había escrito en su sentencia, que ya era documento público. Carece, entonces, de sustento, y asoma justo cuando el Magistrado preparaba la acusación pertinente para ventilarla en un juicio acorde con la ley. Y además, interesada por cuanto fue dispuesta por un colegiado que integra, otro otros, Jesica León, acusada de tener vínculos con los «cuellos blancos», el Juez Hinostroza Pariachi, prófugo de la justicia; y, por esa vía, con la propia interesada, la hoy reo en cárcel, Keiko Fujimori.
Mover las piezas en la estructura jurídica que tiene en sus manos el caso y derribar al juez que tuvo el coraje de disponer medidas precautelatorias; constituye, por cierto, una abierta provocación a la justicia, y un claro desafío a la opinión pública. Aún está caliente la calle que hace poco albergó a cientos de miles de manifestantes que -con sus vigorosas manifestaciones- logaron dos altos objetivos: la reposición de los fiscales Vela Barba y Pérez Gómez, y la renuncia del Fiscal de la Nación -Pedro Gonzalo Chávarry– un pájaro de alto vuelo coludido en todos los extremos con la Mafia Keikista.
Como ayer, hoy corresponde responder a esta grosera maniobra con la movilización activa de la población. Una vez más, hay que hacer sentir la fuerza que tiene la voluntad de una ciudadanía que no acepta trampas. En definitiva, el juez que dispuso el apartamiento de Richard Concepción de esta causa, no es más poderoso que el Fiscal que tomó las medidas punitivas contra los fiscales destituidos el pasado 31 de diciembre. Si este último, fue derrotado, no le cabe otro futuro a todo el que busque burlarse de la opinión pública.
Se requiere en ese caso. -como en el anterior- una suma de voluntades. Hay que actuar en torno al tema en todos los niveles: sindicatos, partidos, instituciones de cultura, colegios profesionales, entidades sociales, sectores progresistas de la Iglesia, organizaciones agrarias, femeninas, colectivos, redes, personalidades públicas; todos deben pronunciarse, movilizarse, actuar. Y hacerlo en horas, para que éste engendro sea nuevamente derrotado.
Y, claro, también la opinión de las «alturas», es decisiva. Los congresistas, los ministros y el Jefe del Estado, están llamados a dar su opinión de un modo claro y transparente. Vizcarra fue tajante en el tema de Vela y Pérez, y ahora también debe serlo. En circunstancias como ésta, la abstención, o el silencio, juegan en beneficio del enemigo. No hay que olvidarlo.
Por eso es importante también reparar en el segundo elemento del caso: la campaña contra el Presidente Martin Vizcarra que ha tomado cierta fuerza en alguna «prensa grande» -el diario Expreso, por ejemplo-, y en las redes. Hay que diferenciar, no obstante, dos niveles.
Por un lado, el de la campaña aviesa contra el Mandatario, y que se expresa en epítetos, calumnias, infundios u ofensas de todo nivel que se lanzan con una piedra en la mano: «traidor», «vendido», «Miserable», «Vizcarrata»; y otras lindezas que conocidos internautas lanzan cotidianamente en las redes; o que «analistas políticos», o aún congresistas, deslizan con almidonado disimulo. Alan Garcia, lidera eso, y «da la línea», pero se suman allí Mauricio Mulder, Héctor Becerril, Martha Chávez, Rosa Bartra, Víctor Andrés García Belaunde, Fernando Rospigliosi, Aldo M. y algunos más.
En estos casos se recurre a «primicias», «documentos secretos», «pruebas por salir» y hasta «testimonios aun no publicados»; que «confirmarían» los nexos entre el Jefe del Estado, Odebrecht y otras mafias. Esta ofensiva está impulsada e implementada por el Fujimorismo y el APRA. Hay que rechazarla de plano.
Por otro, está la distancia legítima que muchos toman -y también nosotros- respecto a las orientaciones de la política oficial en distintos niveles. La población, en su mayoría, recusa el «Modelo» Neo liberal que Vizcarra sustenta. También se muestra interesada en dar al traste con la actual «Constitución del Estado» -la Carta del 93-, obra de la dictadura, construida a la mala, e impuesta contra la voluntad de los peruanos. La mayoría ciudadana, se muestra partidaria de restaurar el papel del Estado promotor y regulador de la economía, para neutralizar la voracidad de las grandes empresas; sustenta mecanismos democráticos en la adopción de políticas de Estado y una clara voluntad en materia de medios de comunicación. Está harta de la «Prensa Chicha», de la «Televisión basura» y de los medios a su alcance. Todo esto, se ha expresado de manera abierta y pública.
No acepta, tampoco, ni las concesiones que se hacen a empresas mafiosas -como Graña y Montero- ni el «paquete» anti laboral que la CONFIEP busca imponer a raja tabla, y en detrimento de los derechos de los trabajadores. Y menos, la represión brutal -e injustificada- que, que se dio contra los jóvenes el pasado 15 de enero, al final de la movilización sindical convocada por la CGTP.
Aun con sus matices, y sus variables en torno a temas específicos, la ciudadanía es partidaria de una política exterior independiente y soberana, del respeto a la libre determinación de los pueblos y a la no injerencia en los asuntos internos de los Estados. Suscribe la idea de la solidaridad activa con los pueblos y países que sufren los efectos de la agresión exterior; y rechaza que la Cancillería peruana sea digitada por Washington. Si tuviera que optar entre la Doctrina Porras y la «Doctrina» Popolizio, la primera se impondría al galope Y sólo Gonzales Posada -y la venezolana Paulina Fachín- optarían por la segunda.
Está planteado el tema, entonces, en términos concretos. El movimiento popular, no habrá de perder la brújula. Está muy por encima de las mentalidades mediocres y aplanadas que carecen de sustento porque están basadas en la mentira y en la odiosidad.
La causa de los pueblos es legítima, porque se afirma en los hechos, se vale de la verdad y refleja la voluntad de millones de abnegados combatientes. Es por eso, una causa imbatible.
Gustavo Espinoza M. Colectivo de dirección de Nuestra Bandera.
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