Un país que decide por voto popular no juzgar a quienes les asesinaron hijos e hijas, hermanos y hermanas, padres, madres, familiares, amigos, delata una sociedad con problemas muy serios. Y esto en Uruguay se repite por dos, ya que la del domingo 25 ha sido una nueva oportunidad fallida para anular la maldita ley […]
Un país que decide por voto popular no juzgar a quienes les asesinaron hijos e hijas, hermanos y hermanas, padres, madres, familiares, amigos, delata una sociedad con problemas muy serios. Y esto en Uruguay se repite por dos, ya que la del domingo 25 ha sido una nueva oportunidad fallida para anular la maldita ley de impunidad (o caducidad, para utilizar la nomenclatura impuesta oficialmente) que se había aprobado en anterior elección. En aquella ocasión se puso como excusa (y había razones para ello) de que los años de terror golpearon fuerte en la población y entonces el miedo no dejaba que se abriera una puerta a la verdadera justicia. ¿Pero ahora qué es lo que ha ocurrido?
Han pasado varios años de gobierno frenteamplista, donde poco y nada se hizo para perseguir y condenar a los asesinos, debido a que se cumplió a rajatabla con un acuerdo parecido al que los españoles (de derecha y de izquierda), denominaron «de la Moncloa» y en el paisito rioplatense lleva el pomposo nombre de Pacto del Club Naval. Por el mismo, en su momento se aseguró «una transición ordenada» y vergonzosa, que evitara no perturbar la tranquilidad de quienes ejecutaron con ferocidad y desprecio -vía el Plan Cóndor- la política represiva que impuso el imperialismo.
Ahora se pagan las cuentas de aquellos tiempos de contubernio, y el resultado es una nueva derrota para la salud pública y cívica de uruguayos y uruguayas. No juzgar a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, afectará, sin duda, comportamientos presentes y futuros, y generará un peligroso tumor social que puede ser letal.
Las razones de que en esta ocasión el voto popular no haya alcanzado para anular esa ley nefasta, a pesar del esfuerzo que hicieron organizaciones de Derechos Humanos, agrupaciones juveniles, sindicales e intelectuales, hay que buscarlas por un lado en la persistencia de una mentalidad conservadora de buena parte de la población uruguaya que no quiere que ninguna pesadilla del pasado perturbe su actual status quo. Por otra parte, es evidente que la sumatoria de la derecha partidaria (blancos y colorados), junto a la vergonzosa actitud de buena parte de la dirigencia del Frente Amplio (que en los pasillos aseguraban estar con la derogación de la ley y en sus actos partidarios dijeron poco y nada de votar al «SI»), provocó que el resultado fuera la derrota. Si a esto le sumamos que el propio candidato a presidente del Frente, un hombre que sufrió cárcel y torturas (como estos días se han encargado de recordar cientos de notas periodísticas) expresó sin inmutarse que buena parte de los genocidas «son unos viejitos» y por lo tanto no vale la pena agitar tanto el parche por juzgarles, o si recordamos que el Frente Amplio tuvo y tiene los votos necesarios en el Parlamento para poder anular dicha ley, tendremos nuevos elementos para entender este fracaso que tanto duele y ofende a la memoria de las víctimas y sus familiares.
No, no hay disculpa alguna por lo que ha pasado. No valen las excusas, y es casi una provocación que el tandem Mujica-Astori sostenga en la conferencia de prensa en que se anunció la victoria y se reconoció el balotage, que el negativo voto por el SI es «lo que quiere la gente» y hay que respetarlo. La famosa «gente» de la que habla Astori (el hombre que firmó tratados de libre comercio con los yanquis y coqueteó hasta la saciedad con los planes fondomonetaristas en la región), no tuvo acceso a más información sobre lo que se jugaba en esta votación, que la que le brindaron de manera artesanal quienes motorizaron esta campaña contra la impunidad. No hubo ni podía haberlos, medios de comunicación a su servicio, ni siquiera los oficiales como hubiera correspondido, tampoco se habló -repetimos- del voto rosado en la campaña electoral frenteamplista, debido a que dentro de esa coalición socialdemócrata hay sectores bien definidos (el del ex guerrillero Fernández Huidobro es uno de ellos, y los otros son quienes abrevan en la corriente de Astori) que no están de acuerdo con que se juzgue a los militares, bajo la excusa de una imposible reconciliación nacional. De hecho, muchas de las boletas de estas tendencias, aparecieron en el recuento de sufragios, sin el voto rosado anti-impunidad.
Finalmente, ahora la lucha de los familiares de desaparecidos. de los ex presos politicos y de todos los uruguayos y uruguayas dignas, deberá redoblarse para lograr que de una u otra manera los milicos asesinos no sigan paseándose con impunidad por las calles del país. Una opción inmediata debería ser exigir a esos parlamentarios que se llenan la boca con discursos «progresistas», que de una buena vez anulen la ley y abran el camino para que los jueces -al igual que ocurre en Argentina- puedan condenar a los genocidas. De hecho, la inconstitucionalidad de la ley ya ha sido puesta sobre la mesa por un fallo judicial reciente. Lo que resta entonces es poner en práctica la voluntad política necesaria que ayude a terminar con la vergüenza y de una buena vez se pueda homenajear, en la práctica, a quienes dieron su vida por un Uruguay libre de explotadores y explotados. No hacerlo, significará dejar un lastre insoportable a las futuras generaciones.
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.