La violencia como instrumento de hegemonía política y económica no es novedosa en la historia de Guatemala: por el contrario, aparece como constante estructural, tanto en sus procedimientos como en sus consecuencias de inmovilización social. Sin embargo, la violencia de estos días, venga de donde venga, la producción sistemática y constante de terror, su estructuración […]
La violencia como instrumento de hegemonía política y económica no es novedosa en la historia de Guatemala: por el contrario, aparece como constante estructural, tanto en sus procedimientos como en sus consecuencias de inmovilización social. Sin embargo, la violencia de estos días, venga de donde venga, la producción sistemática y constante de terror, su estructuración a partir de intereses múltiples interconectados y a veces contrapuestos (criminales, políticos, económicos, personales, de razón de Estado) su incorporación a la racionalidad política y electoral, supera escenarios anteriores y desconfigura los parámetros democráticos de la sociedad.
Violencia por disputa de territorios e institucional, por negocios, por cargamentos de droga, por contrabando, por desestabilización política, por control social (Polochic, asesinatos de jóvenes), por venganza, porque me cayó mal, por defensa de privilegios y expansión económica… Violencia como demostración de poder: cuerpos decapitados, leyendas escritas con sangre, mantas en los caminos, masacres planificadas, extraordinariamente violentas como la de la finca Los Cocos, en Petén, donde fueran asesinadas 27 personas.
Las distintas formas de violencia
La irradiación política de la violencia actúa como hilo conductor de hechos criminales aparentemente desconectados. El denominado clima de violencia prevaleciente, en realidad la irracionalidad imperante, es, en primer lugar, una forma privilegiada de resolver conflictos; en segundo lugar, un mecanismo para la hegemonía; en tercer lugar, un espacio de impunidad (la violencia acuerpa el olvido, que retroalimenta la violencia); en cuarto lugar, una cultura colectiva e individual (una manera de entender y estar en el mundo); en quinto lugar, un estado de (des)ánimo dominado por la insensibilidad, la resignación, el conformismo, la parálisis social, el terror; en sexto lugar, la antesala de gobiernos neodictatoriales (en el entendido cultural, a partir de nuestro estado de ánimo, de que la violencia se combate con más violencia). Por fin, es el decisor político fundamental, por encima de normas, procedimientos, voluntades e instancias de toma de decisión.
En este marco, las fronteras entre las distintas violencias tienden a desdibujarse o son prácticamente inexistentes: en los en los actores involucrados, en los medios empleados, en los efectos. No se trata de adivinar una mano invisible, ultrapoderosa, moviendo los hilos de todos los asesinatos, sino de comprender la violencia como una estructura: articulada y funcional a los procesos de acumulación y reproducción del poder.
Esta estructura queda patente en el caso de los asesinatos contra mujeres: pueden ser de carácter personal (asesinato de Mindy Rodas) o político (desaparición de Mayra Gutiérrez); para ejercer o encubrir un delito de violación y violencia sexual (María Isabel Franco) o para contrarrestar procesos de movilización comunitaria (María Margarita Che Chub) [1] , pero convergen en el efecto paralizante sobre la vida de las mujeres y sobre las mujeres como colectividad transformadora. Dialéctica moderna del terror que se origina en la misoginia social y, con su ejercicio, la refuerza. «La consecuencia más evidente es la desmovilización política porque el terror que crea en la población hace que las madres les impidan a sus hijas salir, hace que las mujeres se cuiden más en su conducta, en sus formas de vestir, les impide tomar acciones como ir a la Universidad, ir a vacilar simplemente, porque está el miedo como un desmotivador» (Asociación feminista La cuerda).
Violencia paraelectoral: la campaña del narco
La racionalidad política de la violencia obliga a analizar recientes hechos de sangre en función de la campaña electoral, con el objetivo de controlar el próximo Congreso, Gobierno y Municipalidades. La masacre de Petén (en lo inmediato, ajuste de cuentas entre grupos criminales) puede también interpretarse como demostración de fuerza política.
La crónica dice más o menos lo siguiente: el 15 de mayo, 27 campesinos, entre ellos menores de edad, fueron asesinados brutalmente (la mayoría decapitados) por un grupo de narcotraficantes del Cartel de los Zetas. Los narcotraficantes pintaron las paredes con sangre de las víctimas. En días posteriores colocaron mantas en varios puntos del país.
La historia puede interpretarse de esta otra forma: el 15 de mayo, apenas trece días después de la convocatoria a elecciones por parte del Tribunal Supremo Electoral, el Partido del Miedo inició su campaña en La Libertad, departamento de Petén, en el marco de una actividad que se prolongó al menos durante cinco horas y que tuvo gran impacto, en la localidad y a nivel nacional. Acto seguido, activistas del partido procedieron a difundir mensajes en paredes de varias localidades del país, anunciando su programa de acción.
El crimen organizado delimita espacios de negocios y territorio físico, acota y coopta o interviene poderes institucionales, y lanza mensajes con el objetivo de negociar o influir el nuevo mapa político. Aquí, la violencia proveniente del crimen organizado no se diferencia del terror de Estado, de la represión ejercida para controlar o sofocar movilizaciones sociales.
Una nueva transición
La violencia se fortalece como causa, efecto y estado natural de este sistema donde los consensos mínimos logrados en 1996 se desvanecen: el consenso de la necesidad de un Estado redistribuidor; el consenso sobre la democracia como forma de gobierno; el consenso -o el imaginario- de una comunidad internacional comprometida con los cambios sociales; el consenso de que la seguridad es un factor imprescindible para la acumulación (y por tanto un sector importante de la oligarquía se compromete con el proceso democrático). Hoy, generan beneficios la inseguridad, la ausencia de normas, la carencia de leyes, el rompimiento uno por uno, escrupulosamente, de todos los códigos de convivencia social.
Se restringen los espacios de actuación, colectivos y personales, se debilitan las capacidades de reacción y acción social. Nuestro tiempo político se reconfigura. Lo vivimos, lo presentimos y también lo empezamos a nombrar: estado de guerra latente, neodictadura, el nuevo genocidio.
Las variables de este nuevo tiempo son previas a la firma de los Acuerdos de Paz (1996) y a la transición de gobiernos dictatoriales a civiles (1985): poder militar de nuevo preponderante, restricción de libertades (estados de excepción y sitio), sociedad silenciada e inmovilizada. Oficial y legalmente, este nuevo momento político se sancionará con un golpe de estado, o con las reformas constitucionales prometidas o asumidas por la mayoría de partidos, operadas por el próximo gobierno.
La alternativa pasa por la generalización de la Paz, no como Acuerdos sino como forma privilegiada de organización social; la recuperación de territorios dominados por la violencia en sus diferentes expresiones (también los territorios simbólicos, culturales e ideológicos); la expansión social (en calles, espacios públicos, tiempos) frente al repliegue y los estados de excepción; la participación y expresión democráticas en vez del terror; la ilusión del cambio y la voluntad de lucha frente al conformismo y la resignación. Todo ello en un marco de luchas simbólicas, culturales, educativas e ideológicas, además de políticas y económicas, que no sólo conquisten el poder sino modifiquen su naturaleza excluyente y radicalmente violenta.
Memorial de Guatemala, No. 133, 10 julio 2011. www.memorialguatemala.blogspot.com
Nota:
[1] Información complementaria sobre estos asesinatos en internet (buscador google) o [email protected]
Fuente: http://alainet.org/active/47910