La Procuraduría General de la República (PGR) anunció este miércoles (23/9) que estuvo investigando la venta ilegal de tierras comunitarias, que son partes de los territorios originarios de las comunidades de la Región Autónoma del Caribe Norte. Recientemente, estas transacciones ilícitas generaron fuertes enfrentamientos entre colonos y comunitarios miskitos, que han dejado un saldo de […]
La Procuraduría General de la República (PGR) anunció este miércoles (23/9) que estuvo investigando la venta ilegal de tierras comunitarias, que son partes de los territorios originarios de las comunidades de la Región Autónoma del Caribe Norte.
Recientemente, estas transacciones ilícitas generaron fuertes enfrentamientos entre colonos y comunitarios miskitos, que han dejado un saldo de varios fallecidos y heridos.
La población indígena denuncia la constante invasión de sus territorios de parte de colonos, así como el avance preocupante de la frontera agrícola. Asimismo, alega que dicha invasión estaría vinculada especialmente al tráfico y venta ilegal de propiedades.
El resultado de la investigación realizada por una Comisión especial de gobierno -que estuvo presidida por la PGR y que involucró a otras instancias gubernamentales- provocó también la desaforación del diputado y dirigente miskito Brooklyn Rivera Ryan.
El ahora ex legislador está siendo acusado de participar en la venta ilegal de unos 1.550 km² de tierras en el Caribe Norte de Nicaragua, y de estar vinculado a al menos 16 transacciones ílicitas, cuyos contenidos fueron ampliamente presentados en el hemiciclo parlamentario.
A raíz de los enfrentamientos en el Caribe Norte, el presidente Daniel Ortega ordenó la creación inmediata de una Comisión Especial, lo que llevó la PGR a reactivar la Comisión de atención interinstitucional en los territorios originarios afro-descendientes del Caribe y Alto Wangki-Bocay (Decreto 13-2015).
«La PGR procedió a ampliar las investigaciones, a efectos de restablecer la paz jurídica y la convivencia social, y hacer efectiva la judicialización de todas aquellas personas que resultaren implicadas en hechos delictivos vinculados al tráfico y ocupación de tierras comunales indígenas, y otros delitos conexos previstos y sancionados en el Código Penal que han sido dados a conocer», explica la PGR en un comunicado emitido ayer.
También trascendió que la Procuraduría fue notificada de la suspensión del ejercicio del notariado de 5 abogados partícipes en las ventas de áreas comunales en la Costa Caribe. También se deja causa abierta tanto en la vía civil como en la penal.
El procurador Hernán Estrada informó que serían no menos de 30 los notarios que pudieran estar involucrados en el tráfico de tierras indígenas.
Reconocimiento de los derechos ancestrales
En ese mismo comunicado, la PGR recuerda que, en menos de ocho años y por mandato del presidente Ortega, ha dado respuesta a una deuda histórica del Estado con las poblaciones de estas zonas de Nicaragua.
«Esta institución ha titulado y reconocido sus derechos ancestrales a 23 territorios originarios de las comunidades de las Regiones Autónomas del Caribe Norte y Sur, así como de los pueblos y comunidades étnicas de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz.
De esa manera -continúa la PGR- se restituyó y se garantizó el derecho de vivir y desarrollarse bajo las formas de organización social que corresponden a sus tradiciones históricas y culturales».
La titulación abarcó unos 37 mil kilómetros cuadrados de tierra, es decir una superficie superior a la de El Salvador.
Fuente: LINyM