El gobierno del ex presidente panameño Martín Torrijos Espino (2004-2009) firmó, a finales de su mandato, unos decretos ley mediante los cuales se daba inicio en nuestro país a la remilitarización y a la creación de Consejos de Seguridad, que funcionarían bajo el control del Presidente de la República. La aprobación de estos decretos por […]
El gobierno del ex presidente panameño Martín Torrijos Espino (2004-2009) firmó, a finales de su mandato, unos decretos ley mediante los cuales se daba inicio en nuestro país a la remilitarización y a la creación de Consejos de Seguridad, que funcionarían bajo el control del Presidente de la República. La aprobación de estos decretos por el partido gobernante de entonces, el Partido Revolucionario Democrático, PRD, fue parte del Plan Mérida, acuerdo aceptado por el Congreso de los Estados Unidos y activado por el ex presidente George Bush el 30 de junio de 2008. Mientras que el actual Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal, estaba en campaña política firmó un documento en el que se comprometía a derogar esos decretos una vez llegado al poder, dado el enorme rechazo ciudadano a los mismos. Pero, como ha sido su norma, incumplió con el acuerdo y nombró como Jefe de la Policía a un militar, Gustavo Perez, aunque la constitución se lo prohibiera. Así, desde finales de la administración Torrijos y durante la actual, en nuestro país se ha venido desarrollando, con verdadero ímpetu, el proceso de remilitarización. Esto lo hemos denunciado tanto interna, como internacionalmente.
La excusa que utilizó el Presidente Bush para la implementación del Plan Mérida fue la lucha contra el narcotráfico. Creo conveniente darle a este tema dos lecturas complementarias. Todos debemos recordar el caso Irán-Contra, auspiciado por la administración Reagan. La contra nicaragüense se nutrió de fondos del narcotráfico. La CIA unió a los cárteles de Medellín, dirigidos por Pablo Escobar Gaviria y los de Sinaloa, México, dirigido entonces, por Miguel Ángel Feliz Gallardo. Oliver North se encargó de esa operación que favoreció a todos. A los contra les llegó el dinero de la droga para comprar armas a Irán. Por su parte, los cárteles de la droga la introducían a los Estado Unidos, con protección de la CIA. Debemos recordar las conclusiones de la Comisión Kerry, dirigida por el senador demócrata, John Kerry, y entregada el 13 de abril de 1989 en la que concluía que el Departamento de Estado ayudó a los contras y estuvo implicado en el tráfico de drogas. También es de fácil memoria la participación de Manuel Antonio Noriega, agente de la CIA en el tráfico de drogas. Hay publicada abundante información sobre la participación de la CIA en estos negocios. La segunda lectura que le doy es que a nuestros debilitados Estado Nación les dictan sus políticas militares (y naturalmente las financieras) desde el exterior. Este Plan Mérida no es una propuesta de los EEUU: es una imposición. A pesar de ser inconstitucional, ya Panamá tiene un ejército, entrenado por el Pentágono. Parte de él está en la frontera con Colombia, el resto está diseminado por todo el país. De allí mi denuncia de que Panamá se ha convertido en una base militar de los Estados Unidos; vale decir, con efectivos panameños, pero dirigida y controlada por ellos. Concluimos que el tráfico de drogas no se da si no hay colaboración de los gobiernos, en algún eslabón. La perorata de la lucha contra el narcotráfico es eso: una perorata, con el agravamiento que el dinero para su sustentación salen de nuestros escuálidos presupuestos para engordar el Complejo Militar Industrial de USA.
Al escribir este artículo se están dando en nuestro país una serie de cambios de tipo cosméticos, que parece tratarse de uno de esos culebrones que nos ofrece la televisión. El Ministro de Seguridad, José Raúl Mulino «renunció» como consecuencia, según él, de la ilegalidad del Jefe de la Policía, Gustavo Perez, al oponerse a un reglamento disciplinario que había elaborado el Consejo de Gabinete. Perez había dicho que «Policía solo juzga policía». No creo que Mulino renunció, sino que lo obligaron a hacerlo. La conducta de Mulino ha sido la de «obediencia debida» a su subalterno, el militar Gustavo Perez. Los espectáculos que nos ha brindado este ministro han sido verdaderamente deplorables. Aceptó la inconstitucionalidad del nombramiento de un militar en la jefatura de policía; justificó la masacre de los grupos originarios en julio de 2010, calificándolos de «indios borrachos»; sustentó que los militares no utilizaron armas de fuego en la represión de 5 de febrero pasado, cuando la prensa difundió imágenes contrarias; se enteró a posteriori de la operación de seguridad a la llegada a Panamá del ex general Noriega; está involucrado en el escándalo de la compra de radares a compañías mixtas italianas, etc. Por su parte, el presidente Martinelli Berrocal no destituyó a Perez sino que lo nombró como Jefe del Consejo de Seguridad.
La presión ciudadana contra Gustavo Perez es muy grande. No nos causaría extrañeza que presente su renuncia. A estas alturas es irrelevante, ya que Martinelli Berrocal al no destituirlo está aceptando el enorme poder que tienen la revitalizadas Fuerzas de Defensa, que causaron grande estragos en al población durante los 21 años de dictadura. Por su parte, la aceptación del Presidente está muy baja. Ahora, para los EEUU los nombres tienen poca significación. A ellos les importa la lealtad de su gente y la capacidad para mantener estable el país. Las decisiones que se tomarán en relación a las altas esferas de nuestro debilitado Estado Nación dependerán del exterior. Lamentable, pero cierto.
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