Los fuertes ataques lanzados fundamentalmente contra los países progresistas de América Latina, todos ellos pertenecientes al ALBA como Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, en el marco de la 65 Asamblea de la entidad y basados en mentiras y difamaciones de periodistas opositores al servicio de las oligarquías nacionales y a los dueños de los […]
Los fuertes ataques lanzados fundamentalmente contra los países progresistas de América Latina, todos ellos pertenecientes al ALBA como Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, en el marco de la 65 Asamblea de la entidad y basados en mentiras y difamaciones de periodistas opositores al servicio de las oligarquías nacionales y a los dueños de los poderosos medios de comunicación, han concentrado la mayor parte de la atención de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Aunque en el marco de este evento se han analizado temas relacionados con otras naciones como Argentina, Honduras, Colombia y México, la intención de este escenario mediático es sumarse a la campaña ideológica iniciada hace unos días por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aupadas por las nuevas estrategias de Estados Unidos para la región, contra las naciones del ALBA.
Era de esperar todo este andamiaje de ataques difamadores contra las naciones progresistas de América Latina, por el hecho de que la SIP responde a los intereses de los grandes monopolios de la información, interesados en desvirtuar las profundas reformas sociales que se llevan a cabo en los mismos y, sobre todo, sus dirigentes, dueños a su vez de la prensa opositora en dichas naciones, son los propios cabecillas dentro de la SIP.
De dudoso historial que la asocia a la defensa a ultranza de dictaduras como las de Anastasio Somoza, en Nicaragua; a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en República Dominicana; a la dictadura cívica militar de Uruguay y a la criminal dictadura pinochetista de Chile, la SIP pretende erigirse hoy como juez de la libertad de expresión en el continente. Su callada complicidad con la desaparición de cientos de miles de personas en la época de la represión militar en Latinoamérica le resta moralidad y respeto. Mucho se ha escrito sobre el sucio papel de la SIP en América Latina, destacándose la pluma de José Steinsleger, avezado periodista, y por parte del chileno Ernesto Carmona, quien en el Seminario Internacional «Periodismo, Ética y Democracia» de CIESPAL, celebrado en de octubre de 2009, en Ecuador, así como la periodista Natalia Brite, pusieron al desnudo la esencia injerencista de la SIP y sus estrechos vínculos con los grandes monopolios de la información de Estados Unidos y Europa.
Su complicidad en la guerra sucia desatada contra gobiernos progresistas como el de Jacobo Árbenz Guzmán, en Guatemala y de Salvador Allende, en Chile, a instancias de la CIA estadounidense, ponen en duda también su honestidad e imparcialidad al juzgar el comportamiento de la libertad de expresión en el continente.
Al cobijar y proteger a los medios de comunicación que participan de manera descarada en labores de desestabilización en muchas de las naciones progresistas, la SIP no hace otra cosa que proteger los intereses de los ricos medios de comunicación en cada país, alineados a la oposición contrarrevolucionaria y antiprogresista.
Prueba de su total parcialidad a entarimado mediático de la desinformación globalizada es que, con respecto al golpe inconstitucional en Honduras, solo se ha limitado a tímidos lamentos sobre la libertad de prensa por parte de los golpistas, creando una falsa imagen de supuesta crítica a los mismos, sin denunciar las masacres sufridas por el pueblo, las persecuciones y la propia inconstitucionalidad del golpe. Como señala uno de los periodistas a los que me referí con anterioridad, la causa de esta posición ambivalente obedece a que el golpe de estado en Honduras fue apoyado por los propios dueños de medios de comunicación, socios de la SIP, como Carlos Roberto Flores Facussé, ex presidente de Honduras y dueño del periódico La Tribuna, y Jorge Canahuati Larach, el multimillonario dueño de los diarios La Prensa y El Heraldo, así como por José Rafael Ferrari y el contrarrevolucionario de origen cubano, Ralph Nodarse, prácticamente dueños de la televisión en ese país.
Vocero de las maniobras de la SIP, su presidente saliente y dueño del diario El Tiempo, el colombiano Enrique Santos, se atrevió a proclamar que «la SIP está activa y está siempre estará donde se le necesita», lanzando fuertes diatribas contra Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. No es extraño que Enrique Santos sea primo del actual Ministro de Defensa de Colombia, frecuentemente vinculado al paramilitarismo, al Mossad y a los planes agresivos contra Venezuela.
La SIP, los conglomerados mediáticos y el terrorismo ideológico
De acuerdo con el historial de los líderes de la SIP, no escapa al ojo avizor que la misma está comprometida hasta el tuétano con los grandes monopolios de la información. La propia página web de la SIP en Internet ofrece datos más que suficientes al respecto.
El presidente honorario de la SIP, impuesto de forma vitalicia, es Scott C. Schurz, dueño de 13 importantes periódicos de Estados Unidos, 9 canales de televisión, 13 emisoras de radio, un directorio telefónico y una empresa de impresión, diseminadas en los estados norteamericanos de Indiana, Kentucky, Maryland, Pennsylvania, California, Florida, Missouri, Michigan, Georgia, Dakota del Sur, Kansas y Virginia.
Quien ha sido presidente de la SIP, Earl Maucker, es también el director del periódico del Sun-Sentinel de Fort Lauderdale, Florida, dependiente del gigantesco monopolio informativo denominado Sentinel y dueño de varios grandes periódicos como el Chicago Tribune, Los Angeles Times, el Baltimore, el Daily Press de Virginia, el Hartford Courant de Connecticut, The Virginia Gazette y Newsday, el Orlando Sentinel, The Morning Call de Pennsylvania y AM New York. Es dueño igualmente de News in Education Review, City & Shore Magazine, el Forum Publishing Group, la Radio TV Digital WXEL, TCPalm.com y WPTV Nuevo Canal 5.
Otro alto jefe de la SIP es William E. Casey. Casey, vinculado a la editorial Down Jones & Co., de New York, y dueña de The Wall Street Journal. El actual dueño de Down Jones & Co es el multimillonario Rupert Murdoch quien es a su vez dueño de 175 periódicos dispersos en todo el mundo, así como de los estudios cinematográficos 20th Century Fox, del el sitio de internet MySpace y de la Cadena de TV Fox, enfrascada actualmente en una guerra mediática contra el presidente Obama.
Aunque la SIP cuenta con varios órganos directivos como el Comité Ejecutivo, el Consejo Consultivo y la Junta de Directores, el poder real se concentra en los representantes de los monopolios informativos norteamericanos, quienes condicionan la proyección ideológica de la misma..
Por su parte, Natalia Brite desnuda la labor de la SIP en la guerra desinformativa y desestabilizadora contra los países del ALBA en el momento actual, al expresar en su artículo «Una voz al servicio de las dictaduras», lo siguiente con respecto a la SIP: «En efecto, la concentración casi infinita de los conglomerados mediáticos en las últimas dos décadas ha generado dentro de los sistemas de representación democrática un nuevo fenómeno que ha sido denominado ‘terrorismo mediático’, cuyo objetivo es la conquista del campo simbólico, para imponer la ideología dominante y cuya táctica es la desestabilización permanente; agresiva e impiadosa de los gobiernos que se interpongan a sus dictados.»
La SIP ataca a Cuba
Uno de los primeros países que sufrió los más álgidos y venenosos ataques de la SIP fue Cuba. Una retahíla de mentiras que incluyen la fabricada persecución y encarcelamiento de fingidos periodistas, el aumento de la represión contra las supuestas manifestaciones independientes y el control gubernamental para impedir el acceso libre de la población a internet, son los argumentos insustanciales empleados por la SIP en sus ataques anticubanos.
La confusión principal del veneno ideológico del informe anticubano es referirse a un grupo de contrarrevolucionarios quintacolumnistas como supuestos periodistas independientes, cuando ha quedado ampliamente demostrado que estas personas tienen como misión exclusiva lanzar mentiras sobre la realidad cubana a cambio de unos pocos dólares entregados por sus financistas de la CIA, la USAID y la NED.
Las falacias arguyen la existencia de 102 acciones represivas contra los más de 70 fingidos periodistas independientes, cuando en realidad son legítimas medidas adoptadas por el estado cubano contra quienes desean subvertir el orden institucional, desvirtúan la realidad económico social del país, inventan supuestos actos represivos y persecuciones, difaman y calumnian, para complacer a sus jefes de la Sección de Intereses de los Estados Unidos en la Habana (SINA), donde se les orienta qué decir y qué calumnias fabricar.
Las apócrifas conclusiones a las que arribarán los personeros de la SIP, que se emitirán esta semana como una denuncia contra Cuba y otros países progresistas, serán rechazadas oportunamente y no tendrán vigencia ni el más mínimo indicativo moral, pues se basan en la mentira, en la sucia componenda mediática, en la detracción ideológica y, sobre todo, se enmarcan en la más execrable guerra desinformativa.
La SIP, de dudosa moralidad por su sucio maridaje con la ultraderecha norteamericana, las oligarquías nacionales y por su deshonesto historial a favor de pasadas dictaduras y de ataques a gobiernos democráticos y progresistas, carece de fuerza moral para enjuiciar a Cuba y a los países del ALBA.
Una prueba de las mentiras fabricadas contra Cuba y divulgadas por los medios de la SIP, lo representa la difusión de una noticia en la que el grupúsculo extremista Cuba Democracia Ya pidió que se «eviten más linchamientos y secuestros» en la Isla.
Por el contrario, ni la SIP ni los grandes monopolios mediáticos que representa alzaron su voz para denunciar el permanente terrorismo padecido por el pueblo cubano y actos barbáricos como el criminal atentado de Barbados contra un avión cubano en pleno vuelo. Tampoco estos monopolios de la prensa norteamericana ha dado cobertura al caso de los Cinco Héroes Cubanos Prisioneros en Estados Unidos. Su silencio cómplice, así como su agresividad parcializada, son parte de su guerra ideológica mantenida durante casi cinco décadas para satanizar a la Revolución Cubana.
Ataques a Venezuela dentro de la SIP
Ayer, presidente de la República, Hugo Chávez, denunció las diversas estrategias contra la estabilidad de la Revolución Bolivariana y la continuidad de su mandato, dentro de las que se encuentran las acusaciones de la SIP por supuestas persecuciones a la libre expresión en Venezuela. La búsqueda primero de un referéndum revocatorio en el 2010, la aspiración a dominar la Asamblea Nacional en el 2011 para boicotear al gobierno bolivariano, aspirar a vencer mediante diversas vías en las elecciones presidenciales del 2012 y, por último, derrumbar los logros alcanzados por la Revolución Bolivariana, son los planes estratégicos de la contrarrevolución escuálida.
No está alejado de la realidad el presidente Chávez, pues los medios de comunicación en manos de la burguesía venezolana, miembros activos de la SIP, son parte del vasto plan desestabilizador contra su gobierno y los principales promotores del terrorismo mediático contra el mismo. Las falsas acusaciones sobre el amordazamiento de la prensa privada y el reforzamiento del aparato estatal de la información, son argumentos de la SIP para cuestionar la libertad de expresión en Venezuela. Sin embargo, es en el trasfondo la respuesta oficial por desarticular las campañas mediáticas y venenosas de la oposición y la búsqueda de genuinos y legítimos medios para hacer prevalecer la verdad de lo que sucede en Venezuela.
Históricamente, los grandes medios de comunicación en Venezuela han estado en manos de grandes grupos oligárquicos, vinculados estrechamente con los poderosos monopolios de la información de Estados Unidos. Las principales cadenas televisivas como Venevisión, Globovisión y Televen, así como importantes periódicos como El Nacional, El Universal, Últimas Noticias y Panorama de Maracaibo, están manos privadas, aunque estos dos últimos diarios se destacan por su imparcialidad, mientras que los otros medios mencionados son abiertamente detractores de la Revolución Bolivariana.
Como respuesta al manejo mediático y desestabilizador de los medios de comunicación, la Revolución Bolivariana se ha dedicado a fortalecer los medios públicos de comunicación, logrando en los últimos años abrir Venezolana de Televisión, Telesur, ViVe, TVes, ANTV y varias estaciones locales de televisión. De la misma manera, el estado emplea para fines de la información objetiva dos emisoras radiales: Radio Nacional y YVKE Mundial. Por su parte, en la prensa escrita se destacan los diarios Diario Vea y el Correo del Orinoco.
Los ataques de la SIP a favor de los medios privados y opositores están encaminados a acusar al gobierno de Chávez de un supuesto intento por hegemonizar las comunicaciones en Venezuela. Para ello, argumentan que el gobierno secuestra espacios de emisión a todos los medios televisivos y radiales del país, ha realizado 107 ataques contra periodistas, escondiendo que realmente muchos de estos periodistas han participado en campañas desestabilizadoras, intentos de golpe de estado, asesinatos y otras conjuras gubernamentales, como es el caso de Rafael y Patricia Poleo.
Otro de los ataques del informe contra Venezuela está dirigido a acusar al gobierno de cerrar 34 emisoras radiales y de anunciarse el cierre de otras 201. La verdad es que la aplicación por el gobierno de una política justa de convertir a los medios de comunicación en un instrumento de la verdad, como se contempla en el Proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que presupone la fiscalización de los medios de comunicación por parte de un Consejo Nacional de Vigilancia de los Medios de Comunicación Social, en representación de las masas populares, asusta a los oligarcas vinculados a la oposición mediática.
La aprobación por la Asamblea Nacional de Venezuela en el año 2004 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, conocida como Ley Resorte, luego de un democrático proceso de discusión popular, ha sido otro de los factores que ha generado acusaciones infundadas contra Chávez. La ley Resorte exige a los medios de comunicación opositores un verdadero alineamiento con la justicia social, apego a la verdad y someterse al consenso y control social. Esto, obviamente afectó a los grandes medios de la burguesía.
La SIP no ha parado en apoyar las detracciones contra el gobierno venezolano, pero jamás se declaró, ni tan siquiera ruborizada, contra el frustrado golpe de estado de abril de 2002, ni contra el sabotaje petrolero, ni contra las amenazas hacia la soberanía venezolana por parte de Colombia, Israel y Estados Unidos. No podía esperarse otra cosa de ella.
La SIP y sus ataques a Ecuador
En el marco de la 65 Asamblea de la SIP en Buenos Aires también se lanzaron álgidas acusaciones contra el gobierno de Rafael Correa, acusándolo de que la Ley de Medios, en proceso de elaboración por su administración, lesionará la libertad de expresión en el país. Tal acusación provino de César Pérez, perteneciente al Diario El Universo.
De acuerdo con la prensa opositora al proyecto de Correa, y la propia SIP, el nuevo proyecto de medios es «restrictivo, generará censura gubernamental, incentivará la autocensura y limitará el periodismo investigativo». El proyecto en sí, estipula que el registro de medios debe ser renovado anualmente y el estado creará una institución rectora para examinar el comportamiento de la prensa.
Los ataques insidiosos y desestabilizadores del canal televisivo Teleamazonas, condujo a que el gobierno de Correa le sancionara en dos oportunidades.
Asimismo, las perfidias sostenidas por los representantes de la prensa mediática en Ecuador ante la SIP, acusaron al gobierno de perseguir y agredir físicamente a varios periodistas.
El 20 de octubre pasado el Secretario de Comunicaciones del Ecuador refutó la labor insidiosa dentro de la SIP sobre su país, defendiendo la Ley de medios que se votará en febrero próximo, al destacar que «es necesaria una ley de Comunicación que regule los abusos de la prensa».
Luego, puntualizó: «La ley debe garantizar primero el derecho de los ciudadanos a que no sea afectada su honra, a mantenerse bien informados, a tener acceso a información de calidad y también debe garantizar que los medios puedan realizar su ejercicio de periodismo, que no tengan censura previa pero sí que tengan responsabilidad ulterior».
En esencia, la Ley de Medios del Ecuador no hace otra cosa que proponer la división equilibrada del espectro electromagnético, por donde pasan las ondas de radio y de televisión, otorgando proporcionalmente el 33% de dicho espectro para los sectores: público, privado y comunitario. Tal medida atenta contra la hegemonía de los poderosos intereses privados en los medios de comunicación.
La SIP contra Bolivia
Bolivia tampoco escapó a los ataques de la SIP, cuya prensa está asociada y depende de los poderosos monopolios de la comunicación, particularmente del Grupo español PRISA, propietario del diario reaccionario ibérico El País, y que posee la propiedad de diversos medios de comunicación en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, México, Panamá, así como en Bolivia.
En Bolivia, el grupo PRISA es propietario de varios periódicos como El Nuevo Día, Extra y La Razón. Así como la cadena televisiva ATB Bolivia.
Los infundios esgrimidos por la prensa opositora, al servicio de los intereses desestabilizadores y separatistas, acusan al presidente Evo Morales de atacar frecuentemente a los medios de comunicación, de agresiones físicas y verbales a 111 periodistas en los últimos seis meses, así como 36 ataques contra los órganos de prensa del país.
El insidioso informe ante la SIP sobre Bolivia imputa falsamente al gobierno de querer emplear los medios de comunicación en su propio beneficio político en función de las venideras elecciones generales de diciembre próximo.
La SIP se ha visto involucrada en diversas campañas tendenciosas contra Bolivia, tal como ocurrió en el 2003 cuando apoyó abiertamente al presidente Gonzalo Sánchez de Losada ante el estallido social que exigía su renuncia. No hizo lo mismo en el 2006 cuando Evo Morales, ya presidente, quiso apoyar el desarrollo de medios de prensa vinculados a los movimientos sociales.
Los principales delitos del presidente Evo Morales son aquellos que lo han llevado a cuestionar el papel mediático de los grandes medios de comunicación y su interés por abrir paso a una prensa en función de los pobres. Reservar espacios en los medios para los trabajadores fue un pecado inaceptable para la SIP.
La SIP contra Nicaragua
Otro informe presentado ante la 65 Asamblea de la SIP sataniza igualmente al gobierno nicaragüense de Daniel Ortega.
Para los detractores del gobierno sandinista, como el director de El Nuevo Diario, Francisco Chamorro, el gobierno de Nicaragua pretende silenciar a la prensa independiente entiéndase a los dueños de los poderosos medios opositores, mediante un supuesto acoso, persecuciones y atropellos contra periodistas.
Los medios al servicio de la oposición (El Nuevo Diario, La Prensa, Trinchera y Nicaragüita) tratan de ilegalizar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, de allanar el camino de Daniel Ortega a un nuevo mandato presidencial en las elecciones del 2011. Para ello, defienden a ultranza las posiciones desestabilizadoras de los partidos de oposición dentro de la Asamblea Nacional como el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) y la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN).
Otro engendro antisandinista y mediático radicado en Miami, la Sociedad Nicaragüense Americana de Periodistas (NAJS), ha tratado de realizar labores de lobby con congresistas de la ultraderecha norteamericana, buscando el aislamiento y las presiones foráneas sobre el gobierno de Daniel Ortega.
Para terminar, recuerdo que en estos precisos momentos la SIP prepara su nuevo informe sobre la libertad de expresión en el continente para hacerlo público en las próximas horas. Extensas páginas cargadas de diatribas se darán a conocer al mundo con el fin de demonizar a las naciones progresistas de América Latina, cuyo único delito es zafarse del yugo colonial impuesto por Estados Unidos, dominio santificado por la SIP y sus burdos lacayos y detractores mediáticos a sueldo, dispersos por nuestras naciones y cargados de temor y odio hacia la verdad, a lo que se debe decir y a lo que se abrirá a la luz a pesar de todo.
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.