A Josefina Rodríguez casi le cuesta la vida proteger su terrreno en una población rural de Nicaragua. Su pareja por poco la mata a machetazos, cuando hace 12 años ella se opuso a la venta de la parcela de la que dependía la subsistencia de la familia. «Era lo único que teníamos de valor y […]
A Josefina Rodríguez casi le cuesta la vida proteger su terrreno en una población rural de Nicaragua. Su pareja por poco la mata a machetazos, cuando hace 12 años ella se opuso a la venta de la parcela de la que dependía la subsistencia de la familia.
«Era lo único que teníamos de valor y yo sabía que si vendíamos él se lo bebía todo en guaro (alcohol)», dijo a IPS esta campesina del municipio de Terrabona, a 116 kilómetros de Managua, en referencia al dinero de la frustrada venta.
Su pareja, un ex comando de los grupos armados antisandinistas financiados por Estados Unidos y conocidos como «contras», ya no está en su vida, pero sí el pedazo de tierra que el Estado entregó a los desmovilizados de la guerra civil de la década de los 80.
Ahora, a sus 41 años, Rodríguez sonríe incluso mientras recuerda que «escapé de morir macheteada porque me auxiliaron los vecinos», cuando conversa fuera de la humilde vivienda en que vive con sus tres hijas, dos hijos y un nuevo compañero.
Y cree que aquel gesto de coraje y de peligro valió la pena. La parcela está a su nombre y ha recibido ayuda del gobierno con el fin de producir los alimentos para el sustento familiar y vender el resto, con lo que «cuento con mis córdobas (moneda nicaragüense) para sacar adelante mis chavos (hijos)».
Tiene, enumera con orgullo, dos vacas, un ternero, unas docenas de gallinas, una cerda preñada y en sus tres hectáreas de tierra ha sembrado banano y tiene un huerto de hortalizas.
Rodríguez y otras 45 campesinas pobres de Terrabona, situada a casi 2.000 metros de altitud en el central departamento de Matagalpa, son parte de las 46.248 mujeres nicaragüenses que se han beneficiado del plan gubernamental Hambre Cero, según los datos del Ministerio Agropecuario y Forestal.
El programa cuatrienal lanzado en 2007 proyecta beneficiar a 80.000 familias rurales pobres, para promover la soberanía alimentaria en el campo, mediante el aporte gratuito hasta por 2.000 dólares en animales, implementos, semillas y asistencia.
El llamado bono productivo alimentario aporta esencialmente una vaca preñada, una cerda inseminada, aves de corral, insumos para acondicionar porquerizas, plantas frutales y forestales, hortalizas y asistencia técnica.
Representantes de la oficina en Nicaragua de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) dijeron a IPS que el programa, junto con otras acciones y políticas sociales del Estado a favor de la seguridad alimentaria, han fortalecido el papel de las mujeres rurales nicaragüense en la producción de alimentos.
Nicaragua aprobó en 2009 una ley de seguridad alimentaria e institucionalizó la creación de un fondo agropecuario.
Desde que el izquierdista Daniel Ortega llegó a la Presidencia en 2007, su gobierno instituyó otros programas de apoyo a la población más carenciada, como los huertos escolares, los bonos para patio (terreno de menos de una hectárea) y para alimentación integral y nutrición infantil, y los créditos preferenciales a jefas de familia.
Según la FAO, las campesinas abastecen entre 60 y 80 por ciento de la producción de alimentos en los países más pobres y alrededor de la mitad del total mundial.
Las mujeres rurales suman 1.600 millones a nivel mundial, son en su mayoría agricultoras y representan una cuarta parte de la población del planeta.
En Nicaragua no existen datos oficiales sobre el aporte de las mujeres a la alimentación, pero sí hay registros sobre inseguridad alimentaria.
Después de Haití, éste es el país americano con mayor índice de subalimentación. Más de 25 por ciento de la población está desnutrida.
En esta nación centroamericana habitan 5,7 millones de personas, de las que 2,9 millones son mujeres. De ellas, más de un millón vive en estado de pobreza extrema, indica el gubernamental Instituto Nacional de Información de Desarrollo.
Para Claudia García Rocha, investigadora social del no gubernamental Instituto de Estudios y Estrategias de Políticas Públicas, el esfuerzo estatal por impulsar la seguridad y soberanía alimentaria es altamente positivo para avanzar en la equidad de género.
«Probablemente éste sea uno de los aspectos más positivos del programa, ya que promueve el desarrollo socioeconómico con criterio de género, priorizando a las mujeres», dijo a IPS García Rocha, autora del estudio «Voces de Hambre Cero».
Pero según la investigadora, el sesgo político dado por el gobierno al programa, la falta de información sobre su desarrollo y la limitación de las mujeres al acceso a la tierra, restan efectividad a las políticas de asistencia alimentaria.
El sociólogo Cirilo Otero, director del no gubernamental Centro de Iniciativas de Políticas Ambientales, reafirma que la falta de acceso de las mujeres a la tierra es uno de los más graves problemas de equidad de género en Nicaragua.
Apenas tres por ciento de las mujeres tienen a su nombre el título de propiedad. «Eso les impide el acceso a los créditos y a recibir los beneficios de los programas sociales», que exigen como requisito que las beneficiarias posean de una a 10 hectáreas de tierra, observó Otero a IPS.
La Asamblea Nacional legislativa aprobó este mes una ley que crea un Fondo para la Compra de Tierra con Equidad de Género.
La promotora de esta iniciativa, la diputada Alba Palacios, aseguró que con ella se responde a una realidad: en Nicaragua, un millón 100.679 mujeres viven en áreas rurales y carecen de propiedades y bienes.
El fondo «va a otorgar apropiación jurídica y material de la tierra a favor de las mujeres rurales», dijo Palacios a IPS, para así mejorar su vida, en especial las que son cabeza de familias pobres.
«El acceso a la tierra de las mujeres está ligado directamente con la soberanía alimentaria y la independencia femenina, porque el principio de la libertad de las mujeres comienza con su autonomía económica», comentó la legisladora del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, la principal fuerza parlamentaria.
Organizaciones no gubernamentales locales, agencias de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la internacional Intermon Oxfam mantienen proyectos similares que en total benefician a más de 5.000 mujeres rurales.