Para los neoliberales y más aún para los libertarios anarcocapitalistas, los empresarios son verdaderos “héroes” y “benefactores sociales” (Javier Milei). Bajo esos supuestos concluyen que de ellos depende el desarrollo de América Latina. Es una tesis históricamente falsa.
Empecemos por dos autores que están en las antípodas de las concepciones sobre la economía. Para Karl Marx (1818-1883), la “burguesía” jugó un papel históricamente revolucionario al destruir las relaciones feudales y crear “fuerzas productivas más abundantes y colosales que todas las generaciones pasadas juntas”. Además, el capitalismo revoluciona permanentemente la producción y “la burguesía ha producido maravillas mucho mayores que las pirámides de Egipto, los acueductos romanos y las catedrales góticas”. Pero ese incesante progreso se basa en la explotación al proletariado, mientras la socialización de las fuerzas productivas crea las bases materiales para el fin del capitalismo. En el otro extremo se halla Joseph Schumpeter (1883-1950), quien sostuvo que el empresario es un sujeto innovador, cuya esencia es revolucionar la economía creando métodos nuevos y dejando atrás a los antiguos, en un proceso de “destrucción creativa”. Sin embargo, advirtió que ese espíritu de arranque se ha ido perdiendo y el capitalismo se desintegrará por su propio éxito.
Los dos autores observaron y se referían al empresariado europeo de la era capitalista. En América Latina la realidad siempre fue distinta. Durante el siglo XIX las economías de la región se asentaron en la propiedad de las tierras (haciendas, estancias, plantaciones), la explotación de la fuerza de trabajo mediante esclavitud (hasta mediados de ese siglo) y variadas formas de servidumbre y trabajo no salarial o semisalarial. Junto a la clase terrateniente se formaron comerciantes y banqueros dependientes de las rentas. El control de estas clases sobre el Estado les aseguró tanto las propiedades como la sujeción de los trabajadores, en mercados internos estrangulados y casi sin inversiones extranjeras.
Aunque las primeras “burguesías” aparecen en México, Argentina y Brasil a fines del siglo XIX, en el resto de Latinoamérica las relaciones capitalistas se afirmaron a distintos tiempos y ritmos solo en el siglo XX, como tempranamente ocurrió en Colombia, Chile, Perú. Pero la mayoría de los países centroamericanos y en el sur Ecuador, Bolivia o Paraguay, solo entraron a la era capitalista en la segunda mitad del siglo XX. Además, si bien en México, por ejemplo, hubo empresarios “schumpeterianos” como el Grupo Monterrey, en Brasil el imperio económico de Francesco Matarazzo y hasta en Colombia el empresariado antioqueño del café y las manufacturas, se trata de casos aislados, que innovaron métodos, incorporaron maquinarias, desarrollaron infraestructuras. En el conjunto de la región, los empresarios no pasaron de ser clases rentistas, basadas en la explotación a los trabajadores, expoliadoras de la naturaleza (minas, recursos del mar, agroexportación de cacao, café, bananos, azúcar, etc.) y conjugadas con el poder político. En los distintos países los empresarios crecieron bajo las alas protectoras del Estado y no por una innovación que permitiera desarrollar las industrias o las nuevas tecnologías capaces de revolucionar las fuerzas productivas.
El espacio entre rentismo y la “destrucción creativa” no se ha aliviado con el modelo de empresa privada y mercados libres inducido en América Latina por el neoliberalismo a partir de la década de 1980 (en Chile una década antes). Las consignas por achicar el Estado, privatizar recursos y servicios públicos, flexibilizar el trabajo y abrir mercados externos, se han constituido en los mecanismos más eficaces para reforzar el rentismo y “reprimarizar” las economías, pero sin innovación industrial y tecnológica en la matriz productiva de los países. Cabe revisar los estudios de la CEPAL sobre este atraso estructural. El caso ecuatoriano es paradigmático: los sectores empresariales del banano, camarón y productos del mar, flores y otros bienes primarios, si bien han demostrado capacidades de crecimiento y expansión en el mercado externo, no encajan en el perfil schumpeteriano. De acuerdo con los estudios existentes, crecieron amparados por el Estado, con subsidios directos e indirectos, condonación o refinanciación preferencial de deudas, salvavidas financieros (sucretización, dolarización) y “ventajas competitivas” a costa de precarizar las relaciones laborales, afectar el medio ambiente e incluso expulsar de sus tierras a distintas comunidades. Si bien en estos sectores se han incorporado tecnologías contemporáneas en la gestión empresarial, eso no significa que hayan revolucionado las fuerzas productivas. La industria es secundaria (20.25% del PIB), subordinada y hasta atrapada entre el sector primario y los servicios (comercio, banca). Las consignas neoliberales no han modificado los términos del subdesarrollo, ya que se reproducen en el tiempo el desempleo, subempleo, vida precaria, educación insuficiente, salud en crisis y desinstitucionalización generalizada.
Desde luego, la inexistencia de burguesías schumpeterianas en América Latina tiene repercusiones políticas. Está plenamente comprobado que se refuerzan y mantienen lazos monopólicos y oligopólicos en una élite rica, que logra tener acceso al poder o influye en los gobernantes, determinando que la conducción del Estado se vincule, en forma privilegiada, con sus intereses. En la región ha ido creciendo el número de presidentes que provienen del sector empresarial y que, además, son millonarios: Luis Abinader (Rep. Dominicana), Sebastián Piñera (Chile), Mauricio Macri (Argentina), Horacio Cartes (Paraguay), Vicente Fox (México), Guillermo Lasso y Daniel Noboa (Ecuador). Para la sociología política ha quedado en claro que bajo esas circunstancias la “democracia” es oligárquica, sobre un capitalismo rentista, con el dominio de burguesías dependientes y gobiernos de ultraderecha.
No hay duda de que en el capitalismo el empresariado es una clase económica “necesaria”. Pero incluso la construcción del “socialismo con características chinas” también la considera. La empresa privada existe en China. De acuerdo con informaciones oficiales, el 96% de las empresas chinas pertenecen al sector privado (https://t.ly/YUCXb). Hay una élite de multimillonarios. Pero los empresarios y los millonarios chinos (o empresas extranjeras) no tienen el camino abierto al poder. Pueden participar en la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, o también llegar al Congreso Nacional del Pueblo y en múltiples empresas hay células del Partido Comunista de China (PCCh). El conductor del gobierno nacional es este partido, que fija las políticas económicas y exige sujeción a sus planes. El poder político ha sido separado del poder empresarial privado, aunque ambos se necesitan, como postula el propio gobierno chino. De todos modos, los empresarios no pueden llegar al poder ni ocupar funciones de gobierno, pues su misión es impulsar el progreso económico bajo la conducción estatal del PCCh.
La experiencia de China podría servir en América Latina para evaluar un camino que frene la captura del Estado por grupos económicos y millonarios, que atienden exclusivamente a sus intereses relegando los de la población. Porque lo que interesa en el avance del siglo XXI es que la región logre el desarrollo con bienestar, con buen vivir, para dejar atrás el perverso modelo del mercado y la empresa privada “libre”, que ha dejado una experiencia histórica grave al perpetuar las condiciones sociales del subdesarrollo.
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