Son muchos los partidarios que se inclinan por el fin del llamado «ciclo progresista» en América Latina. Pero a veces se refieren propiamente a los gobiernos post-neoliberales en dificultades; en otras ocasiones, a las diversas formaciones políticas de la izquierda y, en no más de las veces, a los movimientos populares también denominados sociales. El […]
Son muchos los partidarios que se inclinan por el fin del llamado «ciclo progresista» en América Latina. Pero a veces se refieren propiamente a los gobiernos post-neoliberales en dificultades; en otras ocasiones, a las diversas formaciones políticas de la izquierda y, en no más de las veces, a los movimientos populares también denominados sociales. El hecho es que cuando uno termina de leer los artículos, proclamas, manifiestos y consignas referidos a estas temáticas queda esa duda que en la gran mayoría de los casos desafortunadamente no termina de despejarse.
Es a lo que alude un articulista cuando advierte que:
«…el debate, en muchos de los casos, parte de al menos dos matrices desacertadas que desorientan el diagnóstico y reducen la compleja óptica de los procesos.El primer traspié analítico consiste en poner el foco casi exclusivamente en lo que emana desde las esferas gubernamentales, en explicar los ciclos políticos sólo a partir de las administraciones públicas o, en el mejor de los casos, de las pugnas entre bloques de la clase dominante. Esta visión sólo entiende la política ‘desde arriba’. Ningunea así, y menosprecia, los procesos sociales que atraviesan al campo popular, los avances y retrocesos en niveles de conciencia y organización que protagonizan los pueblos. El segundo enfoque errático es la tendencia a uniformar todos los procesos post-neoliberales. Ya sea por pragmatismo, superficialidad o conveniencia política, se esconden bajo la alfombra sus notorias diferencias metiendo en la misma bolsa a proyectos con raíces, improntas y horizontes estratégicos muy disímiles». [1]
Hay que aclarar que un gobierno post-neoliberal no necesariamente es de izquierda, por más que a su interior existan e interactúen fuerzas, agrupamientos e individuos de izquierda como son los casos de Argentina y Brasil que practican políticas desarrollistas con cierta orientación progresista, si entendemos por ello la redistribución de ciertas porciones del producto social anual a través de la política pública entre las clases sociales proletarias y populares, pero sin dejar de lado las prácticas pro-capitalistas de corte neoliberal.
En el caso de gobiernos de (centro) izquierda, ejemplarmente Venezuela, que se pronuncian abiertamente y sin tapujos partidarios del socialismo e implementan políticas públicas populares orientadas a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera en ámbitos como salud, bienestar social, educación, salarios, prestaciones (como jubilaciones y pensiones), alimentarias, etcétera, y todo ello a pesar del constante boicot de la derecha política y empresarial en contubernio con las fuerzas más obscuras y reaccionarias del imperialismo norteamericano, así como con los medios de comunicación locales e internacionales. [2] Tenemos aquí también confluencia de poderosos movimientos organizados de los sindicatos y de la clase obrera, de la juventud rebelde, de las organizaciones populares de los barrios y de entidades como partidos políticos y fuerzas de izquierda que se movilizan en defensa de la revolución bolivariana encabezada por el PSUV y el presidente Maduro en esa nación sudamericano-caribeña.
Otra variante se encuentra en Bolivia donde la orientación del gobierno del MAS impulsa un presunto «capitalismo andino-amazónico» cimentado en las políticas del Estado plurinacional y en fuertes movimientos indígenas y obreros, particularmente la COB. En este sentido el vicepresidente boliviano escribe:
«Los desafíos de la izquierda en la gestión de los asuntos públicos serán muchos y complejos pero, como hemos señalado a lo largo de la campaña electoral, nuestras fuerzas se encaminarán fundamentalmente a la puesta en marcha de un nuevo modelo económico que he denominado, provisoriamente, ‘capitalismo andino-amazónico’. Es decir, la construcción de un Estado fuerte, que regule la expansión de la economía industrial, extraiga sus excedentes y los transfiera al ámbito comunitario para potenciar formas de autoorganización y de desarrollo mercantil propiamente andino y amazónico». [3]
El autor da dos razones por las que, en el corto plazo, supuestamente, no se puede impulsar el socialismo en ese país. En primer lugar debido a que, según él, el proletariado es minoritario y políticamente inexistente y en segundo lugar, porque el «potencial comunitario» está muy debilitado y fraccionado en infinidad de «estructuras familiares». El hecho es que aquí se observa una fuerte conducción del proceso por el gobierno en el sentido señalado bajo un régimen de subordinación corporativa de las masas populares indígenas y obreras hacia el Estado, el cual tendría como misión superar aquélla condición para afianzar la transición, en el largo plazo, al socialismo.
La característica común de los cuatro casos aquí señalados es que se trata de formaciones sociales capitalistas dependientes post-neoliberales cimentadas estructuralmente en patrones de acumulación y de reproducción de capital de carácter primario-exportador extractivistas, que los hace extremadamente vulnerables a las coyunturas desfavorables por las que atraviesa frecuentemente la economía capitalista mundial, como ocurre hoy en día en que la crisis ha provocado una inusitada caída de los precios de las materias primas que constituyen la base de la mayor parte de los ingresos de esos países.
El actual ciclo progresista latinoamericano en curso surgió del agotamiento y crisis tanto del dictatorial – al que antecedió el oligárquico-terrateniente y el populista – como del democrático neoliberal que en su despliegue dibujó tres etapas desde mediados de la década de los ochenta del siglo pasado.
La primera etapa – transición de las dictaduras a los gobiernos civiles – incluye gobiernos tan heterogéneos como el de Alan García, en Perú; el de Raúl Alfonsín, en Argentina; de Miguel De la Madrid, en México; de Julio María Sanguinetti, en Uruguay y José Sarney Costa, en Brasil.
La segunda etapa – finales de los ochenta y mitad de los noventa- incluye al presidente Carlos Andrés Pérez, de Venezuela; Carlos Saúl Menem, de Argentina; Paz Zamora, de Bolivia; Luis Alberto Lacalle, de Uruguay; Carlos Salinas de Gortari, de México y Collor de Mello, de Brasil.
Una última etapa – segunda mitad de la década de los noventa – incluye los gobiernos de Alberto Fujimori, en Perú; de Carlos Saúl Menem, en Argentina; de Ernesto Zedillo, en México; de Rafael Caldera, en Venezuela; de Gonzalo Sánchez de Lozada, en Bolivia y de Fernando Henrique Cardoso, en Brasil. [4]
El ciclo rupturista post-neoliberal y los gobiernos progresistas
Una cuarta etapa , que denominamos rupturista post-neoliberal, – que en realidad debería ser la primera de la era progresista en América Latina – se origina con el gobierno de Hugo Chávez, en Venezuela (2 de febrero de 1999) y, más tarde, con el de Evo Morales y el MAS en Bolivia (diciembre de 2005); de Rafael Correa ( 15 de enero de 2007 ) en Ecuador, particularmente, por el énfasis puesto en su carácter «centro-izquierdista» en el espectro político, pero que preferimos caracterizar simplemente como gobiernos progresistas, aunque en se desempeñen dentro del paradigma del capitalismo dependiente y subdesarrollado, con un despliegue de políticas desarrollistas de marcado carácter nacional y popular que los diferencia de los neoliberales y de la derecha ortodoxa y heterodoxa a la luz de su estrecha ligazón con movimientos indígenas, de campesinos, de trabajadores, estudiantiles e incluso de las clases medias. Sin embargo, no descartan hacer alianzas con las oligarquías y el capital privado nacional y extranjero y, aún, con las empresas trasnacionales, pero quizás con un mayor control del que resulta del dominio espacio temporal del paradigma neoliberal que deja completamente el proceso económico al «libre» juego de las fuerzas del mercado reduciendo al Estado a desempeñarse como un simple garante y custodio de esas políticas antipopulares y pro-imperialistas tan caras a nuestros pueblos y a las clases trabajadoras. En esta lógica obviamente se desempeñan gobiernos francamente neoliberales como el de México, de Perú, de Colombia y poco más matizados como el de Chile y de Paraguay.
En el contexto de la crisis capitalista mundial reciente (a partir de 2008-2009) y de los intentos de redespliegue de la hegemonía norteamericana en América Latina con Bush hijo y Obama, en la actualidad compiten encarnizadamente las últimas dos fuerzas políticas, ideológicas y gubernamentales – como fiel expresión de la lucha de clases y de la conflictividad social en la región – a través de los canales preferenciales de la vía electoral, la cual se caracteriza por ser el «eje» privilegiado de la democracia burguesa por parte de los ideólogos oficiales, de la socialdemocracia, los partidos políticos y de la derecha. Pero esta no descarta, como está ocurriendo en Venezuela, Bolivia y Ecuador, la utilización de la violencia, el boicot y el uso masivo de los medios de comunicación con el objetivo expreso de desprestigiar a los gobiernos en turno legítimamente electos por la ciudadanía. Fuera de esta vía, se dice, cualquier otra movilización o alternativa es «inviable» y está condenada de antemano al «fracaso» o, finalmente, es víctima de la represión por parte del Estado que ejerce, así, una de sus funciones consubstanciales en tanto órgano representativo de los intereses generales de las clases dominantes como ha ocurrido recientemente en múltiples ocasiones en Brasil.
En un interesante libro originalmente publicado en México inscrito en la teoría marxista de la dependencia y reeditado por la Universidad de Santa Catarina en Brasil [5] en su Prefacio a la edición brasileña, Vania Bambirra afirma que:
«Muchos pensaron que el desmantelamiento del gobierno de Salvador Allende conduciría al ocaso de la teoría [de la dependencia]que había influenciado su programa, sin embargo, no ocurrió así. La misma continúo floreciendo como un marco teórico para la comprensión de la realidad de las sociedades latinoamericanas, no sólo en las obras de sus elaboradores, sus discípulos, como en las tesis y obras académicas, sino también en la influencia que ella ejerció sobre los liderazgos de los movimientos revolucionarios, y continúa ejerciendo sobre los gobiernos progresistas y socialistas que fueron electos y que están gobernando en varios países del continente». [6]
Y en seguida formula la siguiente pregunta: ¿por qué la ruptura de la dependencia estructural no es parte de la orden del día de los gobiernos progresistas latinoamericanos?
Obviamente que está pensando en los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador pero también en el de Brasil. Y nos invita a reflexionar profundamente sobre ese tema esencial para el cambio social y el futuro de los pueblos de América Latina. Aclara que el camino al socialismo por la vía pacífica prácticamente en todo el mundo es una posibilidad muy remota y casi excepcional. Sin embargo, y sin dar un veredicto final al respecto, nos comenta en ese prefacio que el fenómeno de la emergencia de los gobiernos progresistas en América Latina ocurrió en un contexto de crisis que ella considera como una crisis terminal del sistema que puede conducir a una transición más o menos pacífica, aclara, sin guerra civil o insurrección general. Obviamente que la autora tiene en mente principalmente a Bolivia y Venezuela que intentan interferir en la política para acelerar el gran motor de la historia de la transformación y del cambio social rumbo al socialismo, aunque este último concepto tiene que ser ampliamente discutido para definir su contenido y significado, para lo que se puede recurrir, a nuestro juicio, a la teoría marxista de la dependencia (TMD) que es capaz de aprehender y aportar elementos teórico metodológicos novedosos para explicar la esencialidad de los fenómenos estructurales y político-sociales de la actualidad latinoamericana que, obviamente, no existían en la época en que la autora publicó originalmente ese espléndido libro que, al igual como ocurrió con otros autores, como Marini, fue doblemente silenciado tanto por el régimen militar como por los posteriores encabezados por los gobiernos civiles después de la democratización que ocurrió en el continente luego de 1985. [7]
Ciertamente que la teoría de la dependencia, en la vertiente de Marini, ponderó la lucha social y el cambio mediante procesos revolucionarios conducidos por sus respectivas vanguardias revolucionarias [8] , entendiendo, sin embargo, que no todo proceso revolucionario conlleva indefectiblemente una salida militar, por más que en algún momento pueda pasar por lo militar, como pueden ser hoy los de Colombia, inmersa hoy en un proceso de negociaciones con el gobierno tendientes a firmar la paz con las FARC-EP; o de Venezuela que, si bien conquistó el poder político pacíficamente mediante elecciones por las fuerzas bolivarianas conducidas por el comandante Hugo Chávez Frías, no ha estado exenta, como ocurre en la actualidad, de la violencia por parte de la derecha organizada como muestran dos fallidos intentos de golpe de Estado (11 de abril de 2002 y 12 de febrero de 2015) que fueron efectivamente conjurados por el gobierno bolivariano encabezado por el presidente Nicolás Maduro en contra de la derecha doméstica e internacional articulada con los gobiernos de Estados Unidos, de España y con los paramilitares colombianos comandados por el expresidente Uribe.
En Venezuela no está dada, de ninguna manera, la salida al Socialismo del Siglo XXI. [9] Estamos viendo las enormes dificultades por las que atraviesa actualmente el proyecto bolivariano – ¿socialista? – y su gobierno que, en un contexto de intensa lucha de clases, la derecha maltrecha, como la llama el presidente Maduro, y las clases dominantes opuestas a dicho proyecto no vacilan, en ningún momento, en utilizar la violencia – por ejemplo a través de las famosas guarimbas (disturbios callejeros, vandalismo y bloqueos de calles y avenidas) – y la fuerza en todos los sentido echando mano de todos los medios a su alcance para derrotar al gobierno constitucional de Venezuela para reestablecer y defender sus intereses con el apoyo norteamericano. Y lo mismo está ocurriendo en Ecuador donde la embestida de la derecha se empeña en desprestigiar para derrocar al gobierno de la Revolución Ciudadana a través de lo que Rafael Correa denomina «golpe suave» con el pretexto de la propuesta oficial de la ley de herencias y plusvalías que afecta los intereses de la poderosa oligarquía enriquecida del país que representa menos de 2% de la población.
No hay que perder de vista que está en pleno desarrollo una embestida brutal, articulada, de la derecha y la ultraderecha latinoamericana contra todos los gobiernos que son identificados por esas fuerzas como progresistas, de contenido y vocación social comprometidos con proyectos económico-sociales y políticos, por lo pronto, alternativos al neoliberalismo. Así, la solución pacífica o violenta no es un asunto resuelto ni por el gobierno ni por el pueblo venezolano o por los otros gobiernos: va a depender de la correlación de fuerzas y del desarrollo futuro de los acontecimientos en esos países, a nivel de la región y – cada vez más intrincado – en el internacional.
A mi parecer el ciclo de los gobiernos progresistas en América Latina no está agotado, ni mucho menos, sino que permanece en una suerte de encrucijada que se tuene que resolver. En primer lugar debido al hecho de mantener el statu quo caracterizado por la crisis económica, los embates inflacionarios y de las monedas locales, los constantes asedios de la derecha contra el gobierno y la sociedad civil, la insuficiencia de alimentos por diversas causas, los problemas fronterizos como el que existe actualmente entre Colombia y Venezuela y la disputa territorial de ésta con el gobierno de Guayana por la posesión del territorio del Esequibo c uya soberanía reclama el gobierno bolivariano con base al Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. [10]
En segundo lugar, considero que al no radicalizar los procesos revolucionarios en curso tal vez en la dirección del llamado socialismo del siglo XXI – o de cualquier otra fórmula que esencialmente supere dicho estado de cosas – y no se auspicie un salto cualitativo para construir una nueva economía y sociedad cimentadas en la socialización de la propiedad privada de los medios de producción, en la abolición de las relaciones de explotación entre el trabajo y el capital y en el establecimiento de auténticas relaciones cooperativas y solidarias entre las personas, se mantiene y reproduce un permanente estado de tensión que pone en jaque la vigencia de los llamados gobiernos progresistas latinoamericanos que al mismo tiempo reanima y reproduce constantemente los procesos contrarrevolucionarios comandados por las derechas de esos países y del continente articuladas con el imperialismo internacional interesado en reimponer su dominación en el conjunto de la región.
En suma a nuestro juicio, la cuarta fase del proceso de democratización que hemos identificado como rupturista post-neoliberal – o primera del ciclo de los gobiernos progresistas respecto de las democracias restringidas y gobernables del pasado impulsadas por Washington – dependerá del curso de los acontecimientos latinoamericanos e internacionales en el futuro mediato e inmediato, de las luchas internas de clases en esos países y del fortalecimiento de los movimientos populares para estimular a sus gobiernos a radicalizar el cambio económico-social. Pero también podría constituir el preludio de una transición hacia un nuevo ciclo histórico que marque un avance sustancial de esos países y sociedades hacia la implementación de verdaderos procesos alternativos de construcción del socialismo latinoamericano del siglo XXI.
Venezuela: reforma o revolución
Como indicamos, el proceso venezolano configura la experiencia y el arranque del primer ciclo de los gobiernos progresistas en América Latina por la vía electoral con el triunfo de Hugo Chávez el 2 de febrero de 1999 como presidente de la república. Continúan en el torrente los gobiernos de Lula, en 01 de enero de 2003, Néstor Carlos Kirchner, 25 de mayo de 2003, de Tabaré Vázquez el 01 de marzo de 2005; de Evo Morales y el MAS el 22 de enero de 2006; de Daniel Ortega el 10 de enero de 2007; de Rafael Correa el 15 de enero de 2007; de Mauricio Funes el 01 de junio de 2009. Gobiernos como los de México, Colombia, Chile, Perú, Panamá o los centroamericanos – con excepción del salvadoreño y nicaragüense – los ubicamos fuera de este ciclo y en el tercero del democrático-neoliberal que gira completamente en la esfera de los intereses geopolíticos y estratégicos de Estados Unidos. Sin embargo, debemos subrayar que el ingrediente común de todos es mantener el sistema capitalista dependiente y asentarse en patrones primario-exportadores o manufactureros de producción.
De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) e n las últimas elecciones presidenciales verificadas el 14 de abril de 2013 los resultados fueron los siguientes : Nicolás Maduro obtuvo 7.563.747 votos (50,75%) y el opositor derechista Henrique Capriles, alcanzó 7.298.491(48,97 %) del total, lo que arroja una diferencia de 265, 256 votos o 1.78% que contrasta con los más de 10 puntos que en octubre de 2012 obtuvo Hugo Chávez sobre su contrincante. Estos resultados se pueden interpretar como la expresión de un relativo fortalecimiento de la derecha en ese momento, un cierto debilitamiento del bloque gubernamental y el aumento inusitado de la polarización social y política en el país que ya se manifestaba en acontecimientos de violencia, manifestaciones callejeras de descontento y en el intento de deslegitimar por todos los medios el proceso por parte de la derecha con el contubernio de Estados Unidos a través de la exigencia del recuento de los votos ante la estrechez de los resultados obtenidos. Incluso Estados Unidos condicionó su reconocimiento del nuevo gobierno al cumplimiento y verificación de esta exigencia. Lo anterior es un hecho revelador de que ya no opera el chavismo tal y como éste surgió históricamente hace 14 años; sino, más bien, un post-chavismo encarnado en Maduro, el Presidente de Venezuela que gobernará hasta las próximas elecciones presidenciales que se verificarán en el año 2019.
En el plano internacional, en el que se desarrolla el gobierno del presidente Maduro y sus políticas públicas, el capitalismo global acusa tendencias muy pronunciadas al (cuasi) estancamiento económico, como se observa en Europa y, en particular, en los países de la eurozona con énfasis en España, Portugal, Italia, Irlanda y Francia, para lo que ya alerta el FMI de la necesidad de concluir las reformas («saneamiento bancario» le llama) para contrarrestar un inevitable tsunami económico que se producirá si no se adoptan para «salvar» el sistema financiero internacional y, a partir de aquí, retroalimentar con inversiones el sistema productivo capitalista. Se hizo recientemente en Grecia bajo el gobierno de Syriza pero ni se resolvió la crisis en ese país, ni mucho menos en el sistema internacional, siendo que solamente los grandes monopolios y empresas privadas del sector bancario-financiero como los alemanes salieron beneficiados.
El problema de fondo, a nuestro juicio, radica en el hecho de que durante todo el periodo en que ha gobernado el chavismo no se han realizado reformas de carácter estructural que, por un lado, rompan con la tradicional dependencia del país del mercado mundial y superen, al mismo tiempo, la correspondiente a la renta petrolera sobre la cual gira el ciclo del capital de la economía dependiente venezolana. En segundo lugar, no se estructuró un auténtico programa de transición al socialismo que verdaderamente revolucionara las relaciones sociales de producción, de propiedad y de explotación del trabajo por el capital. Es decir, instaurar un sistema de producción y planificación socialistas capaz de contrarrestar y superar la dinámica y la lógica estructural del capitalismo dependiente tal y como funciona en el país y en América Latina en el contexto global. Ciertamente que el programa inspirador de transición intitulado: Propuesta del Candidato de la Patria Comandante Hugo Chávez Para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019 ( http://blog.chavez.org.ve/Programa-Patria-2013-2019.pdf ) establece los siguientes lineamientos relativos al Segundo Plan Socialista para el período 2013-2019:
a) Defender, expandir y consolidar la reconquistada Independencia Nacional después de 200 años
b) Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la ‘mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad’ para el pueblo.
c) Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe que garantice la conformación de una zona de paz en Nuestra América.
d) Contribuir al desarrollo de una nueva Geopolítica Internacional en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del Universo y garantizar la Paz planetaria.
e) Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana.
El programa detalla – y desglosa el segundo punto relativo a la transición socialista y el socialismo bolivariano del siglo XXI – los objetivos, mecanismos y resultados esperados que conforman una estrategia integral para alcanzar sus metas finales tendientes, teóricamente, a superar el capitalismo, sus contenidos y formas de funcionamiento e injusticias en que se asienta materialmente.
La realidad histórica, es decir el proceso transcurrido durante el chavismo, es que éstos objetivos y mecanismos político-económicos han sido, o poco implementados por el gobierno en virtud de circunstancias políticas como el boicot que ejerce la burguesía y la derecha contra el gobierno o, bien, simplemente se han subordinado a la lógica y mecanismos de la dinámica capitalista que, bajo la forma de economía monoexportadora y dependiente, prevalece aún en el país bajo la hegemonía del petróleo.
Este punto es crucial para entender la problemática de la transición de una economía capitalista a otra socialista como propone el gobierno bolivariano, entre otras razones, porque históricamente los países que dependen de uno o dos productos estratégicos que los vinculan al mercado mundial o regional, como es el caso concreto del petróleo, son mucho más vulnerables al acontecer de la dinámica global que aquéllos que, sin dejar de pertenecer a la periferia capitalista, como Brasil, están más diversificados tanto en la producción como en los mercados y en sus cadenas distributivas y de consumo.
La prescripción de Petras respecto a que:
«Los tratados teóricos marxistas y los postulados de las ‘transiciones al socialismo’ que no tomen en cuenta el carácter profundamente clientelista del capitalismo venezolano no tienen relevancia alguna. La transformación de un capitalismo rentista en una economía productiva moderna con una administración pública capaz de ofrecer servicios sociales es crucial para la transición al socialismo venezolano del siglo XXI». [11]
Por supuesto que aquí habría que discutir si realmente es requisito previo lograr dicha transición para, después, realizar su consiguiente modernización y diversificación, implantar el socialismo. No parece ser este el proceso de experiencias previas ocurridas en América Latina, por ejemplo, en Cuba, en Nicaragua o, aún, en el Chile de la Unidad Popular donde transcurrió el proceso por la vía predominantemente electoral posteriormente frustrada por el golpe de Estado militar perpetrado por las fuerzas armadas bajo el mando del general Pinochet.
En estos casos, la transición operó sobre la misma base de la economía exportadora, aunque bajo una correlación de fuerzas (partidos, organizaciones sociales, populares y de trabajadores) proclive al socialismo que, en el caso de Nicaragua, fue frustrada al influjo de la guerra de baja intensidad y del carácter inconcluso de la revolución sandinista; elementos que, por cierto, fueron muy bien dosificados y aprovechados tanto por las fuerzas internas de la derecha, como por la política contrainsurgente de Estados Unidos en plena expansión en escala mundial.
Sin embargo, si en función de las peculiares circunstancias histórico-estructurales de cada país ocurren procesos de superación de la condición de dependencia de un solo producto (petróleo, cobre, café, hierro), es plausible pensar que pueden mejorar y facilitarse las condiciones de la transición en un país como Venezuela que ya cuenta con un gobierno de corte popular y progresista y que no es el caso, por ejemplo, de México o Perú, para mencionar a dos que se mueven incondicionalmente en el redil de la geopolítica imperialista de Estados Unidos.
Lo esencial, por tanto, es que no puede procesarse una transición al socialismo si no se transforman, destruyen y superan simultáneamente las relaciones sociales de producción, de explotación y de dominio, así como las correspondientes a la propiedad privada – que son consustanciales al sistema capitalista y a sus ciclos de funcionamiento – y se sustituyan por nuevas relaciones, modos de producción, de vida y de trabajo en comunidad.
Las reformas emprendidas hasta ahora por el chavismo han dado pasos firmes en esta dirección, particularmente en lo concerniente a las nacionalizaciones y la política social de las Misiones; pero hay que reconocer que han sido insuficientes para construir un (nuevo) modo de producción socialista que realmente se constituya en soporte material, social, político e ideológico de la transición, la cual necesariamente afectaría el sistema de propiedad y de privilegios de la burguesía (sus negocios, sus tasas de plusvalía y de ganancia), encabezada por la derecha de Capriles y la Mesa de la Unidad Popular (MUD) con el apoyo de Estados Unidos. La reacción sería inminente en la defensa de sus privilegios de clase y corporativos.
Se pueden destacar varios factores que han bloqueado y postergado, hasta ahora, la transición desde la sociedad venezolana de las misses y del rentismo petro-dependiente y consumista al socialismo bolivariano del Siglo XXI: la reanimada lucha de clases, incluyendo la ideológica; la polarización social incrementada con los recientes resultados electorales, el constante boicot de la burguesía a los productos de primera necesidad con el fin de generar escasez y desabasto entre la población y causar descontento social; las tendencias recesivas e inflacionarias presentes en la economía venezolana, la dependencia de los presupuestos públicos de los ingresos petroleros, los problemas de violencia e inseguridad social estimulados por las élites dominantes y agrupaciones de derecha de las clases medias.
Todos estos fenómenos evidentemente contribuyen a crear un clima adverso, hostil y problemático para desarrollar la Gestión Bolivariana Socialista en una economía de renta petrolera fuertemente dependiente de la dinámica de los precios que establece el mercado mundial capitalista, en gran parte, controlado por el capital extranjero y las empresas trasnacionales de los países avanzados. En este terreno el desafío del nuevo gobierno consiste en cambiar esta estructura económica para, al mismo tiempo que aprovechar la renta petrolera, diversificar los sectores productivos y sociales bajo una gestión profundamente popular que evite su burocratización y la haga menos vulnerable a los vaivenes de la economía internacional.
De cualquier forma, la coyuntura actual no es ya la del ascenso del chavismo del periodo anterior; sino la de su consolidación y realización (potencial y tendencial) en cuanto proyecto socialista. Y si bien en todo momento las reformas son necesarias para avanzar en esta dirección, sin embargo, cada vez más, ante la coyuntura nacional e internacional, se hace impostergable profundizar el proceso revolucionario si es que no se quiere experimentar una reversión del camino andado hasta ahora de impredecibles consecuencias no solo para el país sino, incluso, para América Latina
En suma, el gobierno de Nicolás Maduro y la constelación de fuerzas políticas, sociales, culturales e ideológicas que lo respaldan como en el plano latinoamericano e internacional, tienen ante sí la enorme responsabilidad y un duro dilema: inclinarse por esta última alternativa – que necesariamente caldeará aún más los ánimos de la burguesía y de sus huestes de derecha y ultraderecha- o bien, en las inmediaciones de la crisis nacional e internacional, moderar sus acciones y demandas, limitar las reformas y moverse hacia el centro del espectro político venezolano, lo que necesariamente supondría hacer serias y trascendentes concesiones de impredecibles consecuencias a la burguesía y al imperialismo, mientras éstos lógicamente intentan manipular el proceso en beneficio propio manteniendo la tentativa de fraguar el golpe de Estado o utilizar cualquier otra medida, incluyendo la violencia, en el caso de que dicho proceso escape a sus intereses y a su control.
* Sociólogo, profesor-investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la FCPyS de la UNAM, México.
[1] Gerardo Szalkowicz «, A 10 años del NO al ALCA: ¿fin de ciclo, continuidad o retroceso?», 05 de noviembre de 2015, disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=205329.
[2] Un buen análisis al respecto se encuentra en: Maurice Lemoine, «La desestabilización en Venezuela sigue el patrón de Chile en 1972» , 04 de noviembre de 2015, disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=205249.
[3] Álvaro García Linera, El «capitalismo andino-amazónico», Le monde diplomatique, s/f, disponible en internet: http://www.lemondediplomatique.cl/El-capitalismo-andino-amazonico.html.
[4] Cf. James Petras y Morley Morris, «Los ciclos políticos neoliberales», en James Petras, La izquierda contraataca. Conflicto de clases en América Latina y en la era del neoliberalismo, Ediciones AKAL, Madrid, 2000, pp. 162-187.
[5] Vania Bambirra, O capitalismo dependente latino-americano , IELA-Editora Insular, 2013 para su difusión en portugués para el público brasileño.
[6] Vania Bambirra, O capitalismo dependente …, op. cit., p. 26. Traducción del autor.
[7] Para este tema véase: Severo Salles, Lucha de clases en Brasil (1960-2010), Peña Lillo-Ediciones Continente, Buenos Aires, 2013.
[8] Véase: Ruy Mauro Marini, Subdesarrollo y revolución, Siglo XXI, México, 1985, 12ª ed. y El reformismo y revolución. Estudios sobre Chile, Ediciones ERA, México, 1976.
[9] Para el tema del Socialismo del Siglo XXI, véase: Hugo Chávez Frías, El socialismo del siglo XXI, Cuadernos para el Debate, enero de 2011, disponible en: https://www.google.com.mx/#q=ch%C3%A1vez+y+el+socialismo+del+sigglo+XXI .
[10] Véase: Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966 , Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, en: http://esequibo.mppre.gob.ve/index.php/capitulo-v/15-articulos/35-el-acuerdo-de-ginebra-del-17-de-febrero-de-1966.
[11] James Petras, «El socialismo en un país rentista», http://www.rebelion.org/noticia.php?id=158616 , 03 de noviembre de 2012.
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