El Canal de Panamá es una obra admirable que, con el tercer juego de esclusas, se engrandece más. La ampliación no sólo es espectacular por sus dimensiones, sino que es producto del trabajo de miles de obreros panameños cuya capacidad demostrada se suma a los que ya hacen funcionar el canal «viejo». En este momento debemos un recuerdo a los Mártires del 9 de Enero de 1964 que dieron su vida por la soberanía.
Lamentablemente esa magnífica obra ha sido impuesta recurriendo a mentiras, que le han escamoteado recursos para la solución de las necesidades sociales más urgentes al pueblo panameño. Además, el consorcio constructor y los bancos ya se han embolsado más de lo presupuestado y esperan saquear mucho más con diversas demandas. Todo esto gracias a que el canal está dirigido por una camarilla de empresarios «lagartos» y que en su Junta Directiva no está representado el verdadero pueblo panameño.
Al pueblo panameño se le ha escamoteado «el uso más colectivo posible» del canal y sus áreas adyacentes. El título constitucional, aprobado en 1994, creó una Autoridad del Canal (ACP), en manos de un administrador y una Junta Directiva con poderes omnímodos que escapan a cualquier forma de supervisión y control nacional. Basta observar la composición de la actual Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para ver cómo está puesta al servicio de la oligarquía panameña
Esos grupos oligárquicos que controlan el canal, idearon la propuesta de dar carácter de urgencia a un proyecto de tercer juego de esclusas que Estados Unidos había congelado. Para justificarlo se adujeron toda clase de falsedades como que la vía se quedaba obsoleta. Esas mentiras infundadas tenían como objetivo hipotecar los ingresos presentes y futuros del canal para una obra que no era urgente. De manera que los recursos del canal, que recién habían revertido al país cayeran en manos de los banqueros que financiarían la obra y de los consorcios inmobiliarios que la construirían.
De nada valió que la mayoría de las organizaciones populares y sindicales propusieran la postergación para que los recursos que empezaban a revertir sirvieran para pagar la enorme deuda social con la población: desempleo juvenil, pobreza, sistemas de salud, educación, alcantarillado, transporte y recolección de basura en pésimas condiciones.
Ahora que está a punto de inaugurarse la ampliación la ACP anuncia una reducción de sus ingresos por la vía de una reducción de los fletes de los barcos que transitan el canal (La Prensa, 27/3/2016). Además anuncia que los aportes del canal al Estado panameño serán 45,3% inferiores a lo proyectado para el período 2014 a 2021, es decir, B/. 9.419 millones menos! (La Estrella, 3/5/2016).
El costo original de la ampliación fue estimado en 5.250 millones de dólares, 3.118 millones por la construcción de la esclusas a GUPC y 2.132 millones de dólares para dragado y excavaciones. SACYR indica que sobre los 3.118 millones, ha logrado que la ACP le haya reconocido 460 millones adicionales y anuncia que tiene en disputa otros 3.525 millones de dólares (La Prensa, 30/5/2016).
Si SACYR lograra que se le paguen la totalidad de esos reclamos terminaría cobrando: 3.578 (que ya se le pagaron) más 3.525 (en reclamos), 7.103 millones de dólares, o sea, MÁS DEL DOBLE DE LO CONTRATADO!
Para que el canal y sus áreas revertidas dejen de ser objeto de lucro para una minoría y en verdad sirva para mejorar la vida de los hijos del pueblo que luchó por la soberanía se requiere una nueva constitución que democratice su administración sacándola del control de la oligarquía.
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