Las cosas pueden hacerse bien, regular o mal. En el caso del presupuesto para Defensa no se podían hacer peor, a pesar de que las decisiones del gobierno de José Mujica parecen ir en el sentido de corregir algunos de los errores del pasado. Suena mal, en efecto, la falta de debate abierto sobre el […]
Las cosas pueden hacerse bien, regular o mal. En el caso del presupuesto para Defensa no se podían hacer peor, a pesar de que las decisiones del gobierno de José Mujica parecen ir en el sentido de corregir algunos de los errores del pasado. Suena mal, en efecto, la falta de debate abierto sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la sociedad, lo que debería ir de la mano de la definición, como mínimo, de alguna hipótesis de conflicto y del modo como se piensa encarar. Aspirar a que en Uruguay se defina una estrategia nacional de defensa como la que implementó el gobierno de Lula en Brasil parece hasta absurdo, ya que nadie sabe con certeza qué hay que defender y ante quiénes.
Prueba de que este debate no existe ni siquiera en la fuerza de gobierno es que el diputado frenteamplista Jorge Orrico manifestó que a los diputados «nadie les dijo nada» sobre la propuesta de convertir 1.500 soldados en policías, recientemente formulada por el presidente. También los mandos militares se enteraron de los cambios que promueve el presupuesto cuando éste ya había ingresado a Cámara. Para corregir el entuerto, Mujica abrió un período de negociación de 15 días con las Fuerzas Armadas, lo que revela que hubo alguna dosis de desprolijidad.
La segunda cuestión se relaciona con lo que verdaderamente se está discutiendo y que dio lugar a malestar entre los militares y a las respuestas de Mujica en su audición radial. Migajas. El eje del reclamo militar es, aparentemente, salarial. Los 70 coroneles que desoyeron al comandante del Ejército, Jorge Rosales, y se reunieron en el Círculo Militar para ejercer presión («se va haciendo acumulación de fuerza», dijo el coronel retirado Gonzalo Pérez, según el diario El País) no lo hicieron para equipar al arma correspondiente para combatir el narcotráfico, por ejemplo, sino que rompieron la cadena de mando para arrebañar pesitos.
El nudo del conflicto es si los 190 millones de pesos ahorrados al trasladar 1.500 soldados al Ministerio del Interior se reparten entre el personal subalterno, que gana sueldos de miseria (6.900 pesos un soldado de primera) o entre todo el personal. Además, claro, el cierre de algunas agregadurías militares en el exterior, el descuento de un punto porcentual en los aportes sociales de coroneles y generales, y la reducción de las dietas por cursos impartidos, que en algunos casos puede llegar a 20 por ciento del salario. En lo fundamental los uniformados, con su pequeña presión, consiguieron lo que querían. Migajas.
El tercer punto, el más importante en relación al presupuesto, no está en debate. La pretensión del Ejecutivo de crear nuevos cargos en el Ministerio del Interior, entre policías, técnicos, bomberos, asistentes sociales, psicólogos y otros, para abordar la cuestión de la seguridad pública. Una parte de esos cargos, en concreto los destinados a policías, se espera puedan ser cubiertos por soldados que dejarían las fuerzas armadas «tentados» por los mayores salarios que se perciben en la Policía. Los incrementos previstos llevarían el salario de un agente de segunda a 20 mil pesos al final del período de gobierno. A su vez, los militares asignados a la custodia de cárceles recibirán una partida equivalente a la mitad del salario de un policía.
«Debo hacer lo que la gente pide a gritos en la calle, que es la seguridad pública», dijo el presidente Mujica en su audición radial. Agregó que el problema de la seguridad es una «verdadera desgracia» y lo atribuyó al escaso gasto en «justicia social» en las décadas de 1980 y 1990. Ahí radica el eje del presupuesto en las áreas de Defensa e Interior. Pero ese punto está fuera de agenda. Puede acordarse, o no, que el problema de la seguridad se relacione con la justicia social, y a partir de ahí debatir cómo puede revertirse este proceso, o sea la desigualdad instalada por un modelo económico del que no parece sencillo salir.
Puede discreparse, o no, con la propuesta de incrementar los efectivos policiales en la calle y que una parte de ellos provenga, previo paso por las instancias de formación policial, de las Fuerzas Armadas. Es dudoso, por cierto, que la seguridad aumente con más policías. Pero lo que está fuera de duda es que la escala salarial refleja una realidad que tarde o temprano habrá que reconocer: la Policía tiene un papel a cumplir, los militares no. El presupuesto tiene la virtud de reconocer este hecho, lo que no es poco. Seguramente, hubiera sido más adecuado abrir un debate sobre el tema, pero la cultura política de este país, más proclive a los discursos y a disimular las grandes decisiones bajo la alfombra de los presupuestos, aún no lo permite.
Raúl Zibechi es analista del semanario BRECHA.
Fuente: http://alainet.org/active/40811