El pasado 18 de octubre del presente año, según nos informa la prensa nacional, un grupo de 14 diputados pertenecientes al Partido Liberación Nacional, al partido Acción Ciudadana, al Movimiento Libertario y al Frente Amplio -vale reconocer eso sí, que esta última fracción nos aclaró que el Frente Amplio no firmó este proyecto-, acogieron y […]
El pasado 18 de octubre del presente año, según nos informa la prensa nacional, un grupo de 14 diputados pertenecientes al Partido Liberación Nacional, al partido Acción Ciudadana, al Movimiento Libertario y al Frente Amplio -vale reconocer eso sí, que esta última fracción nos aclaró que el Frente Amplio no firmó este proyecto-, acogieron y presentaron un proyecto de reforma constitucional impulsado por el colectivo «Poder Ciudadano Ya!», que tiene el propósito fundamental de aumentar de los actuales 57 a 84 diputados para conformar el Poder Legislativo. El grupo proponente, dicho sea de paso, está constituido en su cara pública, por siete profesionales tres de ellos con posgrados en universidades gringas, una calificada traductora de idiomas, un comerciante de altos vuelos, una docente de Artes Plásticas, una profesora de Derecho en la Universidad de Costa Rica que, en 2014 fue candidata a la segunda vicepresidencia por el partido de la extrema derecha Movimiento Libertario, en fin en su totalidad o mayoría, pertenecientes o estrechamente ligados a la élite de poder criolla y, como tales, defensores a ultranza de la «Democracia representativa«
Hemos sostenido siempre que la «Democracia representativa«, en particular en un país como el nuestro en el que impera el Capitalismo Neoliberal dominado por una pequeña élite plutócrata nacional y transnacional, no es más que una muy bien maquillada y edulcorada estafa con la que se le roba al Pueblo su derecho a gobernarse. Recordemos que el argumento fundamental de la estafa es el engaño mediante el cual, el estafador, se hace entregar de un bien perteneciente legítimamente a la víctima; pues bien, en el caso de la «Democracia Representativa«, la argolla en cuestión y sus secuaces politiqueros, con manipulaciones de todo tipo esgrimidas por los aparatos ideológicos -en especial medios de comunicación– a su servicio, logra que el Pueblo cándidamente le entregue su bien quizá más preciado: el derecho a autogobernarse –démos: pueblo, krátos: autoridad- haciéndolo con tal canallesca maestría que la víctima -ciudadanía nacional-, queda muy agradecida y feliz de que funcione esta forma de democracia siendo la verdad que, los intereses que en ella se representan, fortalecen y amplían los de la minoría dueña tradicionalmente del poder.
¿Cual es entonces la alternativa, la vía a la redención popular, la auténtica reparación con creces de esta estafa? Por una maravillosa ironía está vía gloriosa para nuestro Pueblo se encuentra ya establecida y apoyada por el artículo nueve de nuestra Constitución Política que, en lo que interesa dice: «Artículo 9: El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre si: Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial» (subrayado nuestro). Dicho sea de paso, la Democracia Participativa no estaba incluida en nuestra Carta Magna, emitida el siete de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve por una Asamblea Nacional Constituyente, dominada mayoritariamente por la oligarquía cafetalera aún hegemónica en la época, sino que fue convertida en Constitucional por una reforma hecha a este artículo nueve, por la ley No. 8364 del 15 de julio del 2003, aprobada por un Poder Legislativo en manos de una mayoría que, aunque de derecha, querían aparentar ser de centro izquierda. En lo personal creemos que no se dieron plana cuenta de lo que realmente estaban haciendo y, además, estaban convencidos de que se quedaría como simple «papel mojado» sin efecto alguno. Hasta ahora por desgracia así ha sido.
Pero ha llegado el momento de activar plenamente estos auténticos principios democratizantes, aprovechando la inquietud reformista constitucional que se ha expresado en la pretensión de elevar, irracionalmente, el número de diputados con la excusa de más representatividad para nuestro Pueblo. Nuestro Pueblo debe despertar y replicar que se debe ir mucho más a fondo en la verdadera Democracia que, obviamente, no es la representativa sino la participativa y que, si realmente quieren Democracia empecemos por activar, con la legislación correspondiente, ese artículo 9 constitucional para lo cual se deben dar, ojalá consecutivamente. los siguientes pasos: primero, descentralización política y desconcentración económica del país, mediante el establecimiento de polos regionales de desarrollo integral, cuya ubicación geográfica sea objetivamente definida; segundo, establecimiento del Referendo Revocatorio para todos los poderes del Estado; tercero, fortalecimiento de la Iniciativa Legislativa Popular para que el Pueblo pueda realmente legislar directamente; cuarto, democratización verdadera del Espectro Radioeléctrico Nacional; quinto, mediante el establecimiento de un verdadero proceso de cooperativización, socializar paulatina pero progresivamente los grandes medios de producción del país, y, sexto, liberar de toda atadura politiquera al movimiento del Desarrollo Comunal y, por ende, la conducta de las Asociaciones de Desarrollo Comunal. Rápidamente aclaremos en forma sucinta, cada una de estas propuestas.
La primer propuesta es de por sí clara, máxime que ya existe una regionalización que, eso sí, se debe revisar científicamente -nuestras universidades estatales deben colaborar para tal efecto- a fin de lograr, en la medida de lo posible, que cada zona reúna territorios con problemas y recursos comunes, para ubicar en ellos los aportes económicos, tecnológicos, etc, necesarios para su integral desarrollo estableciéndose, para cada zona o polo, un gobierno con máxima descentralización, constituido por representantes de las organizaciones municipales, comunales, agrícolas, culturales, comerciales, y demás entidades de base de cada Cantón incluido en el Polo respectivo.
Respecto al Referendo Revocatorio, que ya existe para los alcaldes, debe extenderse, repetimos, a los tres Poderes -Legislativo, Ejecutivo y Judicial integral, es decir a todos sus magistrados de sus respectivas Salas- y, a la vez, debe agilizarse simplificando su ejecusión y haciéndola posible cada vez que el Pueblo, por referendo, así lo decida.
La Iniciativa Legislativa Popular también existe -Ley de Iniciativa Popular No. 8491 del 09/03/ 2006- pero tal como está concebida, su artículo 5 traslada la iniciativa al Plenario Legislativo donde «…deberá tramitarse por los procedimientos legislativos ordinarios.» y, con esta triquiñuela simple, se le vuelve a arrebatar la iniciativa al Pueblo y la retoma el Legislativo que al final aprueba lo que le venga en gana o, simplemente, la archiva. Nuestra propuesta es para que se efectúen las reformas legales que hagan posible que, la ley propuesta por el Pueblo Soberano, simplemente sea revisada, en un proceso rápido pero eficaz, para evitar -con argumentación válida desde luego- que irrespete la Constitución y, aprobado este requisito, se constituya sin más dilación en Ley de la República.
El Espectro Radioeléctrico, medio por el cual se transmiten las frecuencias de ondas de radio electromagnéticas, que permiten las telecomunicaciones -radio, internet, televisión digital terrestre, etc.- es, según se desprende del artículo 6 de nuestra Constitución Política, un bien demanial, esto decir, que le pertenece al Estado, de titularidad pública y por ende, es de todas y todos los costarricenses- pero hoy lo tienen monopolizado grandes empresas nacionales y transnacionales que, además de reducir casi a cero la comunicación popular, le pagan al Estado una ridícula miseria de impuestos. Nuestra propuesta es que el Estado retome su legítima propiedad sobre este espacio y lo distribuya, por ejemplo, así: 40% para el Pueblo y sus organizaciones, 30% para el Estado y sus instituciones y el 30% restante para las empresas privadas.
La penúltima propuesta plantea convertir en propietarios a las y los trabajadores, mediante el establecimiento paulatino de verdaderas cooperativas que se vayan adueñando de los grandes medios de producción, en manos hoy de las empresas privadas de capital nacional y transnacional, empezando por las que se abandonan por «pérdidas», sufren de evidente mala administración o, sus dueños han infringido leyes laborales, fiscales, etc.
Y, la última propuesta, es fortalecer la legislación ya vigente para garantizarle a las Asociaciones de Desarrollo Comunal poder prescindir, por completo, de la intermediación de los partidos políticos, y en particular, de los diputados, para gestionar exitosamente sus peticiones y exigencias de todo tipo de recursos, para cumplir sus tareas en pro del bien común de sus zonas de influencia.
¿Quieren reformas para aumentar el número de «nuestros» representantes populares? Pues, no, ¡gracias! ¡Lo que exigimos es nuestro legítimo derecho como Pueblo a autogobernarnos!
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